Las negociaciones en torno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cobran intensidad estos días. Por los pasillos del Congreso se suceden conversaciones, entre parlamentarios de unos y otros partidos, sobre el fondo de compensación para las victimas del amianto. El bloque que componen Bildu, PSOE, PNV y UNIDAS PODEMOS ha mostrado su apoyo a las víctimas, como reconoce Juan Carlos Paul, presidente de la Asociación Víctimas del Amianto.
«En principio la información de que se vaya a aprobar nos ha llegado por ciertos grupo políticos. De momento estamos esperando a que definitivamente se aprueben los presupuestos y podamos decir que es así. Como ha habido muchos cambios, sobre todo a raíz de las concentraciones que hicimos en diversos puntos de España. Ha habido mucho movimiento entre los propios partidos políticos por ver quienes apoyaban y quienes no. Finalmente, se va a transacionar la propuesta de Bildu y, tanto PSOE, como PNV y UNIDAS PODEMOS, trabajan para concretar una propuesta. Son datos que nos han llegado a través de algunos parlamentarios, pero estamos a la espera de que se confirme», explica.
Mensaje para Pedro Sánchez y el PSOE
Juan Carlos Paul continúa diciendo que «es un paso que va a facilitar que, una vez que tengamos la ley de indemnizaciones por el amianto, se pueda implementar, pero simplemente entendemos que es una declaración de intenciones. Hasta que no se desploquee la tramitación de la ley, que el Partido Socialista está bloqueando en el periodo de presentación de enmiendas, retardándolo semana tras semana, pues no avanzaremos nada. Entendemos que es una buena señal porque, inmediatamente después de que se apruebe la ley, podrá estar en funcionamiento porque ya habrá asignación presupuestaría para ello, pero por sí sólo no es nada».
CCOO, UGT y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto
La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto, CCOO y UGT han saludado la inclusión de la enmienda en los PGE de 2022. Sin embargo, las asociaciones de víctimas y los sindicatos creen que es un paso insuficiente, tanto por la cuantía como por la vigencia limitada al ejercicio 2022, por lo que reiteran la exigencia de lograr una solución satisfactoria y permanente, «que no es otra que la aprobación de la proposición de Ley para la creación de un fondo de compensación de las víctimas del amianto presentada por el Parlamento Vasco y actualmente en estudio en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso».
La proposición fue admitida a trámite el 13 de abril por el Pleno del Congreso, pero ha venido sufriendo ampliaciones del periodo de presentación de enmiendas en la Comisión, la última esta misma semana, que han retrasado el inicio de su tramitación definitiva. Este hecho ya se produjo en la XII legislatura, en la que se presentó esta misma proposición de ley y cuyo retraso en su tramitación ya tuvo consecuencias negativas, ya que el adelanto de elecciones generales al principio de 2019 impidió su aprobación, a pesar de haberse alcanzado un consenso entre los grupos parlamentarios sobre su texto definitivo.
Por esta razón, desde FEDAVICA, CCOO y UGT, «exigimos a los grupos parlamentarios y la mesa de la Comisión que no se aprueben más ampliaciones del periodo de enmiendas y que no se demore más su discusión. Además, consideramos que el debate no debería empezar de cero sino retomando los consensos alcanzados por los grupos parlamentarios en el anterior intento de tramitación de esta proposición de Ley y teniendo en cuenta la posición de víctimas y representantes de las personas trabajadoras durante su discusión.
La creación de este fondo de indemnización es una reclamación histórica y serviría para que las víctimas del amianto y sus familias no tengan que luchar en los juzgados para reclamar sus derechos, con el elevado coste económico y personal que esto implica y el riesgo de obtener sentencias con resultados dispares. Además nos equipararía a países de nuestro entorno, como Francia, Holanda o Bélgica, que ya cuentan con fondos de indemnización de estas características.
El registro de las enfermedades de origen laboral es una de las asignaturas pendientes del sistema preventivo español, sobre todo las de aquellas que tienen un largo periodo de la latencia entre la exposición y la materialización de la enfermedad, lo que dificulta el establecimiento del hecho causal y su reconocimiento como contingencia profesional. Es un problema que afecta a numerosas patologías, pero que al menos en el caso del amianto podría paliarse en gran medida con la creación del fondo de indemnización.
Y por último, no podemos dejar de recordar la necesidad de que el fondo amplíe su cobertura a las exposiciones ambientales en vecindarios afectados por instalaciones en las que se procesaban materiales con amianto, y a las exposiciones familiares, fundamentalmente de mujeres que estaban en contacto con la ropa de trabajo contaminada con amianto que sus esposos llevaban a sus domicilios.
