Amigos de La Tierra, CECU, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Mighty Earth, SEO/BirdLife y WWF han calificado de «decepcionante» la posición del Gobierno de España en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea respecto a las negociaciones sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización en la Unión, así como a la exportación desde la Unión, de determinadas mercancías y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal.
Critican que la delegación española, encabezada por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no haya apoyado una mayor protección de otros ecosistemas no forestales, como el Cerrado en Brasil y demás sabanas y humedales, desde la entrada en vigor del Reglamento; la ampliación del ámbito de aplicación de la ley para que abarque todos los productos y materias primas pertinentes relacionadas con la deforestación, en particular mediante la inclusión del caucho, maíz y todas las preparaciones de carne bovina como las recogidas en el código HS 1602; el refuerzo de la dimensión de derechos humanos de la ley exigiendo el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos al respecto y no sólo de las leyes estatales sobre derechos de la tierra, y el establecimiento para las instituciones financieras radicadas en Europa de los mismos requerimientos de diligencia debida obligatoria que los aplicados a las empresas comercializadoras, con el fin de garantizar cadenas de valor libres de deforestación, degradación de los bosques, conversión o degradación de los ecosistemas o violaciones de los derechos humanos.
Según las organizaciones , la introducción de estas mejoras «era clave para solucionar los principales puntos débiles de la Propuesta de Reglamento para combatir la deforestación importada que presentó la Comisión Europea el pasado 17 de noviembre»
El Gobierno «en entredicho»
“Pese al discurso oficial del Ministerio Transición Ecológica y el Reto Demográfico de que el Gobierno de España era partidario de dar al Reglamento la máxima ambición, vista la posición mantenida por el Gobierno en el Consejo, tal compromiso ha quedado enteramente en entredicho”, afirman.
Consideran que es «especialmente doloroso» que el Gobierno español «ni siquiera haya planteado que las empresas que comercializan materias primas y productos cumplan con las leyes internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, ya que las normativas nacionales dejan en muchos casos a éstos expuestos a abusos y violaciones de sus derechos”.
Las entidades esperan que en los próximos pasos de la negociación, especialmente por parte del Parlamento Europeo y en los triálogos posteriores, se afronten estas debilidades y se apruebe finalmente una norma válida para las personas y los ecosistemas que permita que la Unión Europea deje de ser, después de China, el mayor responsable mundial de la deforestación tropical.