Un trabajador de Acción contra el Hambre atiende a una mujer y su hijo en Senegal. Foto: Lys Arango / Acción contra el Hambre

En la actualidad, 339 millones de personas en el mundo necesitan asistencia humanitaria. El personal humanitario, clave para proporcionar la asistencia a estas personas, continúa siendo objetivo de ataques, secuestros, criminalización, lesiones y, a veces, incluso homicidios. Con motivo del Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, que se celebra el 19 de agosto, el informe que acaba de ver la luz ofrece una visión general de los desafíos y las principales demandas de las organizaciones humanitarias para proteger mejor a los trabajadores humanitarios y de salud.

«La violencia ejercida contra el personal humanitario y de la salud, al igual que contra las poblaciones civiles, requiere una conciencia urgente. Dada la extensión de las necesidades, especialmente en términos de seguridad alimentaria y nutrición, los Estados, así como los diferentes grupos armados, deben cumplir con sus compromisos y el Derecho Internacional, que podríamos resumir en tres puntos: 1) cesar toda violencia contra los actores humanitarios, ya sean nacionales o internacionales; 2) dejar de politizar nuestras acciones; y 3) garantizar el acceso humanitario. Por otra parte, los financiadores deben asumir mejor los costos relacionados con la seguridad de nuestros empleados», alega Olivier Longué, director general de Acción contra el Hambre. 

El informe destaca tres focos prioritarios. El primero de ellos, los conflictos y las violaciones del Derecho Internacional Humanitario entre las principales amenazas. El segundo, la necesidad de proteger al personal humanitario y de salud local, que se encuentran entre los más expuestos y, el tercero, la falta de financiación para garantizar la seguridad del personal humanitario. 

Conflictos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario

Sólo en 2022, se registraron al menos 439 ataques contra personal humanitario en la Base de Datos de Seguridad para Trabajadores Humanitarios. Fue el año más violento para el personal de la salud en 10 años. Se contabilizaron 1.989 incidentes violentos contra instalaciones y personal de la salud, lo que desencadenó 232 muertes entre profesionales de este ámbito.

Alrededor de veinte países, incluidos Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Myanmar y Ucrania, son particularmente peligrosos para el personal humanitario y de la salud. Aunque deben garantizar el acceso seguro de las poblaciones a la ayuda según el Derecho Internacional Humanitario y los principios humanitarios, los Estados y los grupos armados continúan poniendo en peligro a los trabajadores. Perpetran ataques contra ellos o implementan medidas que politizan y criminalizan la acción humanitaria y las misiones médicas. Al hacerlo, aumentan los riesgos de violencia y evitan que estos profesionales cumplan con su misión fundamental: proporcionar asistencia vital y atención médica basada únicamente en las necesidades de las poblaciones afectadas.

Los más expuestos y menos protegidos

El 90% de los trabajadores humanitarios y de la salud que han sido víctimas de ataques son actores locales. Están en primera línea, donde las necesidades son más altas, y brindan asistencia y atención médica en áreas a menudo inaccesibles para los actores internacionales. Están más expuestos a la violencia y, a menudo, sus recursos son limitados. Los financiadores y socios internacionales deben apoyarlos y garantizar el intercambio de recursos para permitirles garantizar su propia seguridad.

Falta de financiación para garantizar la seguridad

El informe también indica que las organizaciones humanitarias deben implementar estrategias para prevenir y responder a los riesgos a los que se enfrentan. «Necesitan estar equipadas con material, capacitar a su personal y contar con trabajadores que gestionen la seguridad de los equipos, brindar evacuaciones de áreas arriesgadas, así como ofrecer apoyo psicológico, financiero o legal al personal que es víctima de ataques y a sus familias». Sin embargo, las organizaciones enfrentan dificultades para asegurar financiación para estos costos y a veces se ven obstaculizadas para garantizar el más alto nivel de protección de seguridad para su personal.

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