Los costos adicionales para la calefacción de los edificios públicos también están poniendo en riesgo el camino hacia la neutralidad climática.

El precio de la electricidad ha subido un 35% en el último añoEurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, estima que alrededor de 35 millones de ciudadanos de la UE no pudieron mantener sus hogares adecuadamente calientes en 2020. Las autoridades locales y regionales, como propietarios de edificios y servicios públicos, incluidas escuelas, hospitales, viviendas sociales y, a menudo, empresas de energía, se ven gravemente afectadas por la crisis. El aumento de los precios de la energía está poniendo en peligro lentamente su capacidad para proporcionar servicios adecuados a sus ciudadanos, con el riesgo de aumentar las desigualdades sociales.

Los miembros del Comité Europeo de las Regiones (CDR) han compartido recientemente con la Comisión Europea las experiencias de sus comunidades y han destacado brechas crecientes y sin precedentes en los presupuestos de las regiones y ciudades. Muchos de ellos luchan por mantener la calefacción de los edificios públicos, en particular las escuelas y los hospitales, hacen que el transporte público sea asequible y apoyan a los ciudadanos que no pueden pagar sus facturas de energía. Los costos adicionales para la calefacción de los edificios públicos también están poniendo en riesgo el camino hacia la neutralidad climática, lo que hace que las nuevas inversiones sean más importantes que nunca para garantizar una transición ecológica y justa. En ausencia de un apoyo adecuado, algunas de las medidas de ahorro de energía actualmente en vigor corren el riesgo de volverse inasequibles a largo plazo.

La responsabilidad de Rusia

El alcalde de Cluj Napoca, Emil Boc y presidente de la comisión señala que «necesitamos un invierno de solidaridad para tener una primavera europea exitosa. La solidaridad es el arma más grande que tenemos a nuestra disposición contra el criminal de Rusia y la agresión ilegal de Ucrania».

Las ciudades y regiones de toda Europa están experimentando el impacto del aumento de los precios de la energía en sus facturas. Sin embargo, «no estamos pidiendo a la UE que desvíe dinero de las inversiones en política de cohesión. Pedimos dinero nuevo que se pueda gastar en el terreno para ayudar a nuestros ciudadanos».

La Comisión Europea ha definido el “margen de maniobra limitado” que otorgan los recursos de la política de cohesión que podrían gastarse para ayudar a los ciudadanos y las pymes a pagar sus facturas energéticas. El impacto de utilizar dinero de cohesión en esta materia, que deberá aprobar el Parlamento Europeo y los Estados miembros, se estima entre 40 y 300-400 euros per cápita en función del nivel de desarrollo regional, aclara la Comisión Europea, refiriéndose a los recursos de Programas 2014-2020 que no se han gastado.

Proyecto de dictamen

En este sentido, los representantes locales y regionales han aprobado por unanimidad un proyecto de dictamen sobre el crecimiento sostenible e integrador de las regiones ultraperiféricas de la UE, que acoge con satisfacción que la Comisión Europea haya seguido la recomendación del Comité Europeo de las Regiones de adaptar la estrategia de la UE para las regiones ultraperiféricas ante las graves consecuencias de la pandemia. Sin embargo, los miembros del Comité enfatizan que la guerra en Ucrania está ejerciendo una presión adicional sobre estas regiones vulnerables y está socavando la recuperación posterior a la crisis de salud. Por lo tanto, han instado a los Estados miembros interesados ​​a que apoyen a sus regiones ultraperiféricas en la creación de capacidad administrativa y en el impulso del desarrollo de habilidades para beneficiarse plenamente de los programas de la UE. Los miembros del CDR subrayaron que una economía azul sostenible es uno de los principales sectores para fomentar el crecimiento económico de las regiones ultraperiféricas y fomentar el espíritu empresarial. Cinco millones de ciudadanos europeos viven actualmente en estos territorios. La adopción del dictamen está prevista para el Pleno del CDR en febrero de 2023.

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