El coste estimado total de implantar un abono de 365 euros al año, sería de alrededor de 2.000 millones de euros al año. Foto: Greenpeace

En pleno arranque de la Semana Europea de la Movilidad Greenpeace ha lanzado el informe “Viabilidad técnica y económica de un abono único de transporte en todo el Estado español”, un análisis sobre la posibilidad de implementar este tipo de tarjeta para que sea válida en todo el país, sin restricciones geográficas, horarias o de tipo de transporte público.

Este abono único permanente, que permitiría el uso de cualquier medio de transporte público en todo el territorio español, conseguiría un acceso más asequible al transporte público en un esfuerzo por reducir la congestión del tráfico, disminuir las emisiones de CO2 y mejorar y facilitar la movilidad sostenible en el país, lo que generaría evidentes beneficios ambientales y sociales. 

El análisis que han realizado desde Greenpeace refleja que «la reducción de la tarifa a través de un abono medio permite aumentar la demanda, a la vez que se generan beneficios en cuanto a términos económicos en rebajas para las familias usuarias de este abono, acompañado de una reducción de la contaminación por emisión de CO2«.

Por 1 euro al día

La propuesta concreta de abono que ha hecho la ONG y al que ha llamado “T-lleva”, sería viable por 1 euro al díay permitiría a los usuarios y usuarias «utilizar todos los servicios disponibles, incluyendo autobuses, trenes, tranvías y otros medios de transporte público, fomentando así un cambio hacia medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente».

Actuales descuentos

Un año después de la implantación de los descuentos y abonos introducidos por el Gobierno de España desde septiembre de 2022 en el transporte público, el informe resalta los efectos positivos de los mismos, que han llevado a un «incremento medio de viajeros entre los meses de septiembre de 2022 y mayo de 2023 de un 23,53%». 

Esto supone, según la organización, un total de «56,1 millones de viajeros adicionales desde el inicio de las bonificaciones y un ahorro estimado de unas 300 toneladas de CO2 al día». Además, el informe realiza un análisis comparativo con casos europeos, como Alemania y Austria, donde los abonos únicos de transporte han tenido una acogida favorable y han demostrado su capacidad para estimular la demanda y atraer a nuevos usuarios gracias a su simplicidad y tarifa plana universal.

«Los actuales descuentos han sido una buena experiencia piloto, han funcionado y han incentivado el uso del transporte público. Ahora es necesario tomar iniciativas para que esto sea permanente. En el inicio de la nueva legislatura y de cara a 2024 es necesario que se tomen decisiones sobre la continuidad de estos descuentos», ha declarado Cristina Arjona, responsable de movilidad de Greenpeace. «La estrategia de fomento del transporte asequible conseguida con los descuentos y abonos de transporte en este último año debe consolidarse y continuar. Han demostrado que un transporte público asequible es atractivo para la ciudadanía a nivel social y medioambiental», ha añadido.

Financiación

Como apuntan desde la organización, existen fórmulas para que este abono único de transporte no tenga que suponer una carga para los presupuestos del Estado. El coste estimado total de implantar un abono de 365 euros al año, sería de alrededor de 2.000 millones de euros al año, lo que corresponde, tal y como se estima en el informe, a una fracción de los subsidios perjudiciales para el clima que se conceden anualmente. 

En el informe, se proponen diversas vías de financiación para respaldar la implementación del abono único de transporte en España, con el objetivo de hacerlo sostenible y accesible para la ciudadanía. «Por ejemplo, el tipo de IVA reducido se podría aplicar únicamente sobre los servicios de transporte terrestre de viajeros, eliminando las exenciones de los modos más contaminantes, la tributación de los combustibles de la aviación que permitiría recaudar casi 5.000 millones de euros o el aumento general de la fiscalidad de los hidrocarburos».

Esta fiscalidad verde supondría una reducción de entre 5,3% y un 12,9% de las emisiones de CO2, a la vez que se aumentaría la recaudación. «El dinero para un abono único de transporte está ahí, pero hasta ahora se ha gastado en subsidios que dañan el clima», ha afirmado Arjona.

Además, expertos en movilidad consultados para el informe opinan que «debería articularse esta medida en base a una ley de financiación estatal o en paralelo al desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible a nivel nacional» que establezca medidas y directrices que ayuden a incidir en el cambio del reparto modal hacia nuevas formas de movilidad más sostenibles.

Un transporte que facilite la vida

La organización hace hincapié en la necesidad de acompañar estos abonos con mejoras en la oferta y servicios de transporte, garantizando así un servicio de calidad y con capacidad de absorber la demanda. Esto implicaría posibles inversiones como la adquisición de nuevos vehículos, la ampliación de las rutas y frecuencias, la mejora de las infraestructuras de transporte y la implementación de tecnologías avanzadas de gestión y billetaje.

En la misma línea, otro estudio encargado por Greenpeace muestra que el sistema ferroviario europeo (líneas y estaciones), que sería el gran aliado para conseguir una movilidad sostenible, ha estado «sistemáticamente infrafinanciado y se ha reducido de manera importante en las últimas tres décadas. Mientras tanto, las infraestructuras más contaminantes, como las autopistas y los aeropuertos, se han expandido y han recibido una financiación masiva». 

Entre 1995 y 2018, los 30 países europeos analizados han gastado un 66% más en carreteras que en ferrocarril, dejando 13.717 km de líneas ferroviarias y más de 2.500 estaciones de ferrocarril cerradas para el transporte de pasajeros o desmanteladas. Durante este periodo, la longitud de las autopistas se ha ampliado un 60%, aumentando la demanda de transporte privado motorizado.

Tras el verano vivido de temperaturas y eventos extremos en Europa, estos dos informes insisten en que «se debe dar prioridad a la inversión en transporte público frente a otros modos más contaminantes». 

El sistema de transporte es responsable de casi un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea y del 29,7% en España que alteran el clima. En la Semana de la Movilidad Greenpeace pide a los responsables políticos que cambien las prioridades de financiación hacia el transporte público para garantizar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y las necesidades de movilidad de las personas.

Además Greenpeace ha puesto en marcha una recogida de firmas a favor del abono único de transporte que comenzó el pasado mes de mayo.

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