La Comisión Europea anunció la semana pasada su propuesta de rebajar el estatus de protección del lobo de estrictamente protegido a protegido. Todo indica que la propuesta es fruto de un análisis de los datos recibidos tras la convocatoria que finalizó en septiembre de 2023 y en la que la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos contribuyó presentando «una radiografía completa de la evolución de las poblaciones de lobos, los daños provocados al ganado, las medidas puestas en marcha, así como las deficiencias en el sistema de gestión en España con una insuficiencia y un mal planteamiento de las ayudas, junto a unas propuestas de mejora».
De los datos recabados, la Comisión Europea ha estimado que, en 2023, hay unos 20.300 lobos en la UE, lo que supone un incremento respecto a 2022, así como su presencia en 24 Estados miembro, «lo que ha supuesto un auténtico logro en materia de recuperación de la especie, si bien ha traído como contrapartida un aumento en los ataques al ganado extensivo, esencial para el mantenimiento de ecosistemas agrarios de alta diversidad y el mantenimiento de la economía de zonas rurales montañosas y marginales», explica la organización agraria.
«Ahora, la propuesta está en el tejado del Consejo de la Unión Europea, donde los Estados miembro tendrían que aprobarla para presentarla posteriormente al Comité Permanente del Convenio de Berna y, en caso de superar estos dos pasos, la Unión Europea podría entonces decidir una posible modificación específica de la Directiva sobre hábitats de la UE a través de una propuesta jurídica de la Comisión; es decir, este sería el primer paso de un largo proceso que al cabo de unos años podría fructificar en una reducción del estatus de protección de lobo».
Para Unión de Uniones, este es un paso «fundamental», fruto de un análisis de la situación actual de la especie, «necesario para poder mantener la protección del lobo y el objetivo de que alcance un estatus de protección favorable, pero con la capacidad de adoptar las flexibilidades necesarias que lleva tiempo reclamando el sector para que la gestión sostenible de la especie no comprometa el desarrollo de la ganadería extensiva».
Sin embargo, se trata de un asunto que recae sobre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cuya postura sobre el lobo «se ha mantenido siempre en una protección más estricta, pese a no contar con datos de la especie actuales y con la oposición del sector y las Comunidades Autónomas sobre las que recae la presencia del lobo».
En este contexto, Unión de Uniones ha reclamado al MITECO la activación y puesta en marcha de un calendario periódico de reuniones en los foros que se aprobaron a través de la Estrategia para la conservación y gestión del lobo, «aprobada en 2022 y de las que, hasta ahora, no ha organizado ninguna».
«Los foros contemplados bajo la Estrategia, donde estarían todas las administraciones y partes afectadas, son los lugares adecuados para tratar unas decisiones de este calado, con del objetivo de buscar un consenso, o como mínimo, un diálogo, que hasta ahora no hemos tenido en lo relativo a la gestión de esta especie», señala Unión de Uniones.
Además, la organización considera que, «dados los constantes cruces de acusaciones entre la administración central y las autonómicas respecto a la coordinación necesaria para una correcta gestión de la especie, informes que omiten información o emplean metodología cuestionable, la falta de colaboración en el envío de información, etc., trasladando las culpas unos a otros, los grupos de trabajo donde están representados todas las partes implicadas son necesarios para dotar a la gestión de la especie de una confianza y transparencia necesarias entre todas las partes”.
Por último, reclama la activación de estos foros para poder trabajar en numerosas propuestas de mejora que desde Unión de Uniones «se vienen trasladando a la administración, así como para mejorar la transparencia sobre cómo se está gestionando la especie tras la inclusión de todas las poblaciones de lobo dentro del LESPRE».