Unanimidad total. A nadie le convence (del todo) el proyecto de revisión de los mercados de banda ancha fija diseñado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Ni a Telefónica, ni a sus rivales, ni a las asociaciones de consumidores, sindicatos…
Los operadores de telefonía en general suelen estar en desacuerdo. Siempre, claro, que no sea el regulador quien levanta la voz. En ese caso se crea una crítica común -cada uno con sus argumentos- y todos están de acuerdo en que la CNMC lo ha hecho mal.
El último episodio tiene que ver con el proyecto de revisión de los mercados de banda ancha fija. Hace unas semanas la CNMC hizo pública su propuesta y las reacciones no se han hecho esperar. La primera fue Telefónica. Para el incumbente esta regulación puede poner «punto y final» al modelo de «éxito» que ha supuesto el despliegue de fibra óptica al hogar en España, que ha superado en cuanto a número de hogares pasados, a cualquier país europeo. Además ya advirtió de que pondría en revisión su plan de inversión para desplegar fibra.
Tras el operador azul, llegaron los sindicatos, las asociaciones de consumidores y el colectivo de operadores pequeños. Alzaban la voz en cuanto al empleo o el hecho de que Vodafone y Orange prefieran no invertir y acceder al mercado mayorista para presentar sus ofertas convergentes.
Propuesta que favorece a Telefónica
El último en alzar la voz ha sido Orange. A la filial española del grupo francés la propuesta le parece bien pero mejorable. En un encuentro con la prensa, su responsable de regulación, Julio Gómez, ha manifestado que el proyecto de la CNMC tiene aspectos positivos que mejorarán la competencia en el mercado y permitirán comprometer inversiones, pero su principal crítica es que los plazos marcados para su implementación favorecen a Telefónica.
El responsable de regulación cree que hay medidas muy positivas como la inclusión de la nueva oferta mayorista (VULA) o la metodología aplicada mediante el test de replicabilidad para analizar si las ofertas de Telefónica garantizan una competencia justa, pero existe un gran problema: no se pondrán en marcha hasta 18 meses después que se apruebe la regulación, algo que como muy pronto tendrá lugar en enero del pr. Por lo tanto este escenario no sería aplicable hasta pasado 2016.
Asimismo, Gómez ha criticado que la CNMC dé solo un plazo de seis meses para que las ciudades con tres redes (se prevé que unas 50) queden desreguladas (por lo que Telefónica ya no estaría obligada a dar una oferta mayorista a sus competidores), lo que Orange considera «insuficiente», dado que no dispone de tiempo necesario para llevar su despliegue. Por ello, el operador naranja reclama un periodo de dos años en los que se mantenga la oferta mayorista de Telefónica hasta que la ciudad quede totalmente desregulada.
También ha criticado que la regulación no incluya aspectos para favorecer despliegues más rápidos. «No es lógico que se acelere el plazo de desregular las ciudades y no se den medidas para acelerar el despliegue».
Ante esta situación hay otro factor determinante, y es que una vez que la CNMC dé por aprobada su propuesta cuando vuelva con las anotaciones (si las hay) de Bruselas, quedará una foto fija en cuanto a las ciudades desreguladas, así como el cuerpo regulador del proyecto. Y esto puede volver a estar “fijo” otros siete años como ha pasado con la última revisión. Atendiendo al dinamismo del sector parece ilógico que no se respeten los tres años que dicta la Comisión Europea para revisar la regulación. De no hacerlo, el proyecto quedaría obsoleto a finales de 2016, fecha simbólica en la que, por ejemplo, Orange y Telefónica han marcado un objetivo de despliegue.
