El Partido Socialista de Galicia (PSdeG) ha lanzado una ofensiva parlamentaria contra lo que consideran una omisión deliberada por parte de la Xunta de Galicia en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Según los socialistas gallegos, liderados por las portavoces de Calidad Democrática y Justicia, Patricia Iglesias y Paloma Castro, el gobierno autonómico no ha destinado recursos económicos propios para la implementación de esta ley crucial, evidenciando un desinterés manifiesto por rehabilitar la memoria de miles de gallegos y gallegas represaliados por la dictadura y sus familias.
Esta ley, aprobada en el Congreso en octubre de 2022, busca no solo hacer justicia con las víctimas del franquismo sino también promover una reconciliación histórica a través del reconocimiento de quienes lucharon por la democracia durante los oscuros años de la dictadura y la guerra civil. Sin embargo, las acciones —o la falta de ellas— del gobierno gallego, según Iglesias, parecen seguir el patrón de resistencia observado en otras legislaciones orientadas a avanzar en derechos sociales.
En respuesta, los socialistas gallegos han anunciado una serie de medidas parlamentarias, entre ellas, la propuesta de establecer fechas de conmemoración en honor a las víctimas del exilio causado por la Guerra Civil y la dictadura, y un día en reconocimiento a la lucha por los derechos y libertades en España. Además, se hace un llamado a la Xunta para elaborar un Plan de Recuperación de la Memoria Histórica en Galicia y para la creación de un Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, poniendo especial énfasis en visibilizar y reivindicar la lucha y represión sufrida por las mujeres durante este periodo.
La falta de acción del gobierno gallego no solo ha sido criticada por su impacto en la memoria histórica, sino también por las implicaciones que tiene en la gestión actual del gobierno autonómico. Patricia Iglesias, viceportavoz del Grupo Socialista, ha criticado la parálisis en la investidura del presidente gallego, que a su juicio obstaculiza la capacidad del gobierno para comprometer gastos presupuestarios, afectando así la ejecución de los presupuestos vigentes.
Este enfrentamiento político subraya la complejidad de abordar el pasado de España, un tema aún sensible en la sociedad española, y pone de manifiesto la división ideológica en el tratamiento de la memoria histórica del país. La iniciativa del Grupo Socialista es un recordatorio de la necesidad de afrontar este pasado para avanzar hacia un futuro más reconciliado y justo, en el que se reconozcan y honren todas las voces de la historia de España.
