El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y los hijos de la activista ambiental Berta Cáceres, han presentado una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra del Banco Holandés de Desarrollo FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en la financiación del Proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.
Esta acción jurídica tiene como objetivo, explican los demandantes, «desenmascarar la actuación criminal de los supuestos bancos de “desarrollo” y “verdes” como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala».
La acusación penal se realiza contra de la persona jurídica del banco FMO, propiedad en un 51% del Estado holandés y contra de sus principales directivos; Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.
Segunda demanda desde 2018
Esta demanda se suma a la que el COPINH interpuso en mayo de 2018 contra el FMO «por su acción negligente en el manejo de su financiamiento al proyecto Agua Zarca que condujo a la violencia en contra de la comunidad Lenca de Río Blanco y del COPINH, resultando en el asesinato de miembros de la comunidad y de Berta Cáceres».
El bufete legal holandés Global Justice Association, que representa al COPINH en la demanda civil, junto a expertos internacionales llegaron a la conclusión de que el FMO «cometió delitos penales de complicidad en la actuación de la familia Atala Zablah, tras el análisis de 676 páginas y 151 anexos de nueva información contenida en la respuesta a la demanda civil presentada por el bufete Brauw Blackstone Westbroek, en representación del FMO, en mayo de 2019.
Elementos para la investigación
La denuncia penal presentada ahora se basa en varios elementos, como la decisión interna de FMO de financiar a la constructora DESA para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» a pesar de las advertencias de violencia, asesinatos y otras señales de alarma.
Asimismo señala la firma del acuerdo crediticio del 27 de febrero de 2014 por parte del FMO y los acuerdos con la empresa estatal ENEE y la Secretaría estatal SERNA.
Incide en el desvío de parte sustancial de los fondos de 3 desembolsos con fecha 28 de noviembre de 2014, 22 de mayo de 2015 y 14 de diciembre de 2015 que ascienden a 17.2 millones de dólares en conjunto.
También pide investigar la influencia extrema de la empresa DESA, a través de su principal contacto, David Castillo -recientemente condenado a 22.5 años de cárcel por el asesinato de Berta Cáceres– y facilitar el posible soborno a la empresa Monkey Forest Consulting.
La demanda pone de relieve la ignorancia respecto a circunstancias notables de alto riesgo, como el hecho de que David Castillo, gerente de DESA, fuese empleado de la empresa estatal ENEE, que concedió la licencia energética a DESA, y la repentina ampliación del capital de accionistas de DESA en un momento en que debía completar la financiación de FMO, FinnFund y BCIE.
Otro de los aspectos en los que se centra es en que se ignoraron pruebas concretas, antes, durante y después del proyecto, sobre la creación «mediante corrupción y la realización de violaciones de derechos humanos del proyecto Agua Zarca».
La sorprendente renuncia y condonación de la deuda a la empresa DESA por parte del FMO y FinnFund tras el asesinato de Berta Cáceres, es una cuestión que tendrán que explicar los directivos demandados del banco holandés de desarrollo FMO
La obtención de derechos, junto al banco BCIE, sobre las tierras indígenas adquiridas ilegalmente por DESA, administradas por el notario Roberto Pacheco Reyes, quien era miembro de la junta directiva de DESA o las amplias relaciones comerciales y personales que los representantes de FMO tuvieron con los propietarios de DESA, son elementos que la fiscalía holandesa « deberá analizar y actuar contra las personas vinculadas con dichos delitos», explican la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, al tiempo que reiteran que «no hay, ni habrá desarrollo mientras se violen los derechos básicos de los Pueblos Indígenas y se financie a los más ricos oligarcas responsables de la situación de crisis económica, política, ambiental y social que nuestros países viven».
