Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Red de Semillas, SEO/Birdlife y WWF, han enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, solicitándole una postura firme de España a favor de la moratoria internacional a la liberación de organismos con impulsores genéticos (OIG) en el próximo el Consejo de Medio Ambiente de la UE. Está previsto que la decisión final sobre este tema se adopte en la próxima reunión del Convenio de Biodiversidad (COP15) en diciembre de 2022.

Tal y como señalan las organizaciones ecologistas, los OIG entrañan riesgos sin precedentes para el medio ambiente y la salud humana de los que la ciencia ya ha advertido.

A diferencia de los organismos modificados genéticamente comercializados hasta la fecha, cuya dispersión se intentaba limitar a toda costa, los organismos con impulsores genéticos están diseñados expresamente para propagar en la naturaleza modificaciones genéticas creadas en el laboratorio. El objetivo de los OIG es sustituir poblaciones silvestres por organismos modificados genéticamente, o incluso exterminar especies consideradas dañinas.

Sin embargo, la modificación y/o eliminación deliberada de especies «supone una amenaza para la estabilidad de los ecosistemas, para la agricultura sostenible y para la salud humana, con consecuencias difícilmente previsibles con los conocimientos actuales», señalan..

Según las organizaciones firmantes, “se trata de un experimento a escala ecosistémica con enormes riesgos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una modificación diseñada para propagar esterilidad masculina en una especie considerada nociva se transfiere a otras que polinizan los cultivos, o que son fuente de alimento para los anfibios, las aves o incluso las personas? ¿Qué ocurriría si se desactivan accidentalmente genes beneficiosos importantes, o si una determinada alteración genética incrementa la incidencia de enfermedades?”

Aunque la investigación sobre OIG se centra actualmente en varios ámbitos, incluyendo la erradicación de vectores de enfermedades como la malaria, «es muy probable que la agricultura se convierta a largo plazo en el campo de aplicación más importante de los impulsores genéticos». Una  publicación reciente sobre las patentes relacionadas con el desarrollo de impulsores genéticos en insectos, por ejemplo, revela que de 32 especies objeto de patente, una mayoría (21) están consideradas plagas agrícolas.

Hasta ahora, los experimentos con impulsores genéticos se han realizado en condiciones de confinamiento -en el laboratorio o en contenedores cerrados-, pero está previsto liberar OIG en la naturaleza en un futuro próximo. Una vez liberados, su dispersión en la naturaleza resulta completamente incontrolable y, en gran medida, imprevisible. El carácter irreversible y la imposibilidad de control de los OIG implica que su liberación «contraviene gravemente el principio de precaución que rige la normativa ambiental europea y el propio Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD)».

Desde hace años, numerosos científicos y organizaciones sociales del mundo entero reclaman una moratoria a la liberación de OIG en el marco del CBD. En la misma línea, en su resolución de 16 de enero 2020 el Parlamento instaba a la Comisión y a los Estados miembros de la UE a hacer “un llamamiento a una moratoria en la COP15 a la liberación en la naturaleza de organismos de genética dirigida (impulsores genéticos), incluidos los ensayos de campo, con el fin de evitar una liberación prematura de estas nuevas tecnologías y respetar el principio de precaución, que está consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Convenio sobre la Diversidad Biológica”.

Las organizaciones han subrayado que “la importancia crucial de este tema para la conservación de la biodiversidad y sus graves implicaciones para la alimentación y la salud humana nos han movido a dirigirnos a Teresa Ribera para pedirle que defienda decididamente una moratoria internacional a la liberación de OIG en la posición negociadora de la Unión Europea con vistas a la COP15 del CBD”.

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