Los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos han adoptado nuevas normas llamadas de «diligencia debida», que obligan a las empresas a aliviar el impacto adverso que sus actividades tienen sobre los derechos humanos y el medio ambiente, incluida la esclavitud y el trabajo infantil, explotación laboral, pérdida de biodiversidad, contaminación y destrucción del patrimonio natural. La exigencia de prevenir, poner fin o mitigar sus efectos negativos también concierne a los socios upstream de las empresas que trabajan en el diseño, la fabricación, el transporte y el suministro, y a los socios downstream, incluidos los que se ocupan de la distribución, el transporte y el almacenamiento.
Alcance y plan de transición
Las normas se aplicarán a las empresas y empresas matrices de la UE y fuera de la UE con más de 1.000 empleados y con un volumen de negocios de más de 450 millones de euros y a las franquicias con un volumen de negocios de más de 80 millones de euros si al menos 22,5 millones provienen de regalías.
Las empresas también tendrán que integrar la diligencia debida en sus políticas y sistemas de gestión de riesgos, y adoptar y poner en práctica un plan de transición que haga que su modelo de negocio sea compatible con el límite de calentamiento global de 1,5°C establecido en el Acuerdo de París . El plan de transición debe incluir los objetivos de cambio climático con plazos determinados de la empresa, acciones clave sobre cómo alcanzarlos y una explicación, incluidas cifras, de qué inversiones son necesarias para implementar el plan.
Responsabilidad civil y multas
Las empresas serán responsables si no cumplen con sus obligaciones de diligencia debida y tendrán que compensar íntegramente a sus víctimas. También tendrán que adoptar mecanismos de denuncia e interactuar con personas y comunidades afectadas negativamente por sus acciones.
Los Estados miembros designarán una autoridad supervisora encargada de monitorear, investigar e imponer sanciones a las empresas que no cumplan. Estas pueden incluir multas de hasta el 5% de la facturación neta mundial de las empresas. Las empresas extranjeras deberán designar a su representante autorizado en el Estado miembro en el que operan, quien se comunicará con las autoridades supervisoras sobre el cumplimiento de la diligencia debida en su nombre. La Comisión creará la Red Europea de Autoridades de Supervisión para apoyar la cooperación entre los organismos de supervisión.
Tras la votación en la comisión, la eurodiputada principal Lara Wolters (S&D, NL) afirmaba estar «encantada de que una clara mayoría de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos hayan respaldado la Directiva sobre diligencia debida. Ya es hora de que se adopte esta legislación para poner fin a los abusos empresariales y dar a las empresas claridad sobre lo que se espera de ellas. Espero con interés la votación plenaria y confío en que se adoptará rápidamente».
La propuesta de la Comisión es coherente con el llamamiento del Parlamento Europeo hecho en 2021 a favor de una legislación obligatoria sobre diligencia debida y complementa otros actos legislativos existentes y futuros en el área, como el reglamento sobre deforestación, el reglamento sobre minerales conflictivos y el proyecto de reglamento que prohíbe los productos elaborados con trabajo forzoso
