Si el gasto público que cada administración autonómica puede servir como un indicador del acceso de sus ciudadanos a los distintos derechos y servicios públicos, en España hay actualmente marcadas diferencias entre los habitantes de uno y otro territorio. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) muestra estas disparidades.
Aunque las autoridades se empeñan en desmentirlo, los datos académicos parecen demostrar que no todos los ciudadanos españoles han sufrido la crisis de la misma manera. La evolución del gasto público por habitante presenta diferencias de hasta un 27% entre comunidades. Este dato se extrae de un reciente informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), firmado por su director, Ángel de la Fuente, en el que se ve cómo el gasto en el conjunto de las administraciones autonómicas ascendió en 2014 a 149.859 millones de euros.
De la Fuente, para realizar sus cálculos, toma como base el año 2003, «un año en el que no parece que hubiera excesivas quejas sobre la calidad de los servicios públicos fundamentales en nuestro país», explica. Tomando ese valor de referencia para cada comunidad autónoma (el valor de ese año es 100 a efectos estadísticos), se puede comprobar la evolución del mismo respecto al ejercicio 2014. En su conjunto, el gasto por ciudadano de las CCAA creció un 5,4% entre 2003 y 2014.
Cataluña y País Vasco, las que más incrementan su gasto
Los datos obtenidos de la Contabilidad Nacional muestran que en once comunidades autónomas el gasto público por habitante a precios constantes (es decir, teniendo en cuenta la inflación) se incrementó entre 2003 y 2014, a pesar de la burbuja inmobiliaria. ¿Sucedió sólo en las CCAA más ricas? No necesariamente: por territorios, son País Vasco (122,4) y Cataluña (122,1) las dos regiones con un mayor incremento, seguidos de Murcia (113,2) y Extremadura (110,8). El resto de autonomías con un gasto mayor fueron Aragón, Baleares, Asturias, Comunitat Valenciana, Madrid, Cantabria y Canarias [ver gráfico inferior].
Por contra, solo seis comunidades autónomas registraron descensos globales en la evolución de su gasto público por habitante entre 2003 y 2014: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra y La Rioja. En concreto Navarra, una de las regiones con mayor renta per cápita del país, es la que sufre el mayor recorte en el gasto, a distancia del resto: Una caída del 7%. El resto descienden entre un 0,5% y un 1,9%.
El gasto en intereses, más de un 800% mayor
Pero este gasto por habitante no es ni toda, ni la única realidad. De hecho, el informe desglosa este gasto en tres componentes: inversión real, gasto en intereses de la deuda y resto del gasto corriente (salarios, suministros…). Este último concepto, el de los pagos corrientes, supone una lectura positiva en opinión de este investigador, en la medida que éste se traduce en unos mejores servicios para los ciudadanos. Y es que todas las CCAA registran un incremento del gasto «neto de intereses y calculado a precios constantes», que es de media un 12,7% superior al de 2003.
Pero «dos de estos indicadores son ciertamente preocupantes», señala el profesor De la Fuente. En concreto, el gasto en intereses crece un 203% de media en el conjunto de las comunidades autónomas entre 2003 y 2014.
Si el esfuerzo que hace una autonomía para el servicio de la deuda puede ser un indicador de los excesos del pasado y la resistencia a emprender un ajuste de gastos e ingresos, las diferencias entre comunidades son en este caso mucho más acentuadas. Así, mientras en Andalucía y en Navarra (conviene recordar, la región en la que más ha caído el gasto) el pago por intereses ha crecido un 57,1% y un 58,6% entre 2003 y 2014, respectivamente, en el otro extremo se sitúa Castilla-La Mancha. La autonomía presidida por María Dolores de Cospedal ostenta el récord: pagó en 2014 un 853% más en intereses de la deuda que en 2003.
En el otro extremo, el de los tijeretazos, se sitúa la inversión pública, que según Fedea se ha desplomado un 51,1% de media en el conjunto de las comunidades autónomas. Se ha reducido a menos de la mitad en 10 de las 17 CCAA, «lo que de no corregirse en un tiempo razonable, terminará comprometiendo la calidad de los servicios públicos que éstas puedan prestar», advierte De la Fuente. Y es que la inversión es la herramienta mediante la cual se garantiza que infraestructuras y servicios se mantendrán en el medio y largo plazo. En relación inversa al aumento desbocado de los intereses, Castilla-La Mancha es una de las regiones en las que más se desploma la inversión (un 72,3%), solo superada por Madrid (con una caída del 73%).
