Diferencias en los plazos de hasta un 21.500% más. Esta es la realidad a la que se enfrentan los usuarios de algunas delegaciones provinciales del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) como Madrid, Cádiz, Pontevedra o Badajoz, donde los tiempos medios de tramitación rondan o superan los 300 días.
Ocurre a diario: un trabajador se queda en el paro el 1 de enero sin poder cobrar por parte de su empleador la indemnización que le corresponde, por lo que acude al Fondo de Garantía Salaria (Fogasa) para que sea este organismo público el que cubra estas deudas pendientes. Si esto sucede en Segovia, el día 3 de enero ya tendría tramitado su expediente. Si ocurre en Madrid es probable que también cobre el 3 de enero, pero del año que viene.
Y es que las delegaciones provinciales del Fogasa registran diferencias de hasta un 21.500% en los tiempos de gestión de los expedientes. Tal como muestran los datos hechos públicos este miércoles a través de una respuesta parlamentaria del Gobierno, la duración media de los trámites es de algo menos de tres meses (89,9 días). Sin embargo, las diferencias entre provincias son tan grandes que dejan esta cifra media en una mera cifra contable.
Hay hasta seis provincias en las que de media los trámites para cobrar el dinero del Fogasa no supera los 10 días. Las delegaciones más rápidas son Segovia (1,54 días), Lugo (4,89), Soria (6,48), Huesca (8,84) y Ávila (10,69). Otras como Jaén, Teruel, Vizcaya, Toledo, Cuenca, Álava, Almería y Guipúzkoa tienen periodos de tramitación que no alcanzan ni el mes de duración (ver gráfico).
En el otro extremo está Madrid. En la capital, el tiempo medio para que el Fogasa pague supera los 342 días de espera. También superan los diez meses la delegación provincial de Cádiz (318 días) y de Pontevedra (309 días), y se queda a las puertas Badajoz (294,92 días). En total son nueve las provincias españolas donde un trabajador desempleado tarda más de 200 días en conseguir que se resuelva su expediente salarial.
Un 1.631% más de expedientes
La crisis económica y el incremento del paro en España provocó entre 2007 y 2011 un incremento del 1.631% en el número de expedientes que llegaron al Fogasa. Un aumento muy por encima de cualquier previsión y que además para los empleados de esta institución se unió al hecho de que con los recortes emprendidos en 2010 ni se reforzaron las plantillas ni se cubrieron las bajas en las mismas.
El actual Gobierno, ante la evidencia constatada por el Tribunal de Cuentas de que se estaban superando los 200 días de periodo de tramitación medio, emprendió en 2014 un plan de choque que levantó muchas críticas de sindicatos y oposición: La entidad pública Tragsa fue contratada por el propio Ejecutivo para «resolver el considerable atasco que se había producido en años anteriores, de forma que (…) se resolvieron casi 300.000 expedientes», señalan desde el Gobierno.
Cubrir puestos de cualquier forma
Pero el atasco, a la vista de los datos desagregados, solo se ha resuelto en algunas delegaciones, y en otras (algunas de las más importantes) el atasco sigue siendo muy superior a lo tolerable. E incluso está volviendo a crecer. Hacen falta más medios técnicos y humanos, y por esto «se están cubriendo vacantes de todas las formas posibles: oferta de empleo público al personal de nuevo ingreso, ya sea por promoción interna o para personal de libre acceso, cobertura de vacantes por reingresos al servicio activo o comisiones de servicios para la cobertura de puestos vacantes que actualmente se encuentran reservados y que no pueden cubrirse por otras vías».
Además, para el ejercicio 2015 también está prevista la contratación de 17 letrados interinos, así como otros 15 funcionarios interinos para que de apoyo en las provincias con más atasco. También se está ultimando un concurso de traslados con vacantes para el Fogasa, así como la convocatoria de nuevas plazas de gestores jurídicos. Otra de las vías con las que el Fogasa piensa reducir sus mayores listas de espera es con las gratificaciones extraordinarias a aquellos funcionarios que hagan horas de más para agilizar los tiempos.
Reducir los tiempos de espera no solo es una exigencia para dar un mejor servicio al ciudadano. Es que tardar más de tres meses supone todo un agujero para el Estado, después de que el Tribunal Supremo resolviera a finales de abril que el silencio administrativo (más de 90 días) supone siempre el pago de las deudas por parte del Fogasa. Es decir, que los retrasos de más de 90 días suponen siempre resolver el expediente en favor del usuario.
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