Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

Que en la carrera fiscal hay una división interna es una evidencia. Que hay un grupo conservador que cuestiona el principio de unidad de acción y dependencia jerárquica, también. Y tales circunstancias han desembocado en una guerra, a propósito de las posturas sobre si el Tribunal Supremo debe de hacerse cargo del Caso Tsunami, de incalculables consecuencias.

Hay malestar entre los fiscales de la sala de lo penal por lo ocurrido. Sobre todo, por la filtración de un borrador inicial del encargado de elaborar ese dictamen, Álvaro Redondo, en el que se muestra a favor del procesamiento, que fue modificado, presuntamente, tras una reunión con el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Redondo salió al paso y dijo que no recibió ninguna instrucción de García Ortiz reivindicando, en un comunicado hecho público unas horas antes de la reunión de fiscales de sala, su trayectoria de 46 años “al servicio del derecho”, sin aceptar la presión de nadie. “Este seguirá siendo mi único criterio de actuación” concluía en su escrito el representante del ministerio público. Pero, a pesar de este desmentido y de las declaraciones de su superior, el mal ya estaba hecho. Y según señalan en fuentes jurídicas, en todo este feo asunto tienen que ver los fiscales conservadores más beligerantes con la amnistía próximos al PP que torpedearon, a través de esta filtración, cualquier debate sereno.

A la encargada de elaborar el dictamen final que se presentará a la sala de Lo Penal, la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez-Conde, le ha caído una buena porque los dos fiscales jefes de sala, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, no se ponen de acuerdo sobre si debe aceptarse el traslado de la causa a la sala de lo penal del TS, una propuesta que, en última instancia deberá estudiar el juez Juan Ramón Berdugo. Hay que recordar que Fidel Cadena es uno de los fiscales del juicio del procès. Y, como alguien ha dicho, esto se empieza a parecer a una “segunda vuelta” del proceso a los líderes independentistas catalanes. Cadena, en ese sentido, fue el mayor impulsor del agravante de violencia en los hechos juzgados señalando que “la violencia física no es el requisito indispensable”. Con esta calificación, pretendían que el tribunal se inclinase por sancionar los actos como delito de rebelión y no de sedición como al final se sentenció. Cadena sostuvo que no era necesario el uso de armas para acreditar la violencia y argumentó que el Gobierno de Carles Puigdemont puso “un cuerpo armado al lado de la rebelión”. Se refería a los Mossos d’Esquadra. Y, por lo tanto, no es de extrañar que se incline por calificar  de terrorismo las acciones analizadas en el Caso Tsunami. Su tesis concuerda con la del juez García Castellón en contra de la del fiscal Carballo, encargado del asunto en la Audiencia Nacional. Lo significativo es que todos son de signo conservador.

Así pues, no es de extrañar que Cadena se haya posicionado a favor de que del caso Tsunami se haga cargo el Supremo y que se impute a Puigdemont de un delito de terrorismo. Es la tesis que ha venido defendiendo. Lo significativo es que es que Fidel Cadena es fiscal jefe y su opinión puede pesar en la decisión final que se adopte. Más le hubiera valido haberse abstenido porque de lo que ha trascendido se desprende una postura carente de profesionalidad.

En el debate de este martes hay que tener en cuenta, también, que el informe de Redondo contenía errores y se notaba que había sido escrito precipitadamente y de forma chapucera.  El fiscal, de 68 años, no busca un ascenso tal y como han insinuado en la derecha mediática. Su trayectoria es impecable y libre de toda sospecha de concomitancia con las tesis de los juristas favorables a la amnistía. Todo lo contrario. En un artículo publicado en La Razón calificaba la ley que se debate en el parlamento de “inconstitucional”. Por eso extraña el texto presentado, porque no concuerda para nada con sus posiciones y, sobre todo, con su larga experiencia en materia terrorista ya que estuvo veinte años destinado en Euskadi  y de terrorismo de ETA es de los que más saben en este país.

En la carrera fiscal hay dos posiciones abiertamente enfrentadas. La que mantienen los conservadores en contra de Álvaro García Ortiz, y otro grupo, del que también participan fiscales de signo conservador, que mantienen una posición más realista y que sostienen que hay que respetar el principio jerárquico y, por lo tanto, obedecer las decisiones de sus superiores, incluido el fiscal general, por mucho que no se esté de acuerdo con ellas. Por supuesto, en este grupo están los progresistas, minoritarios.

Y ahora, la batalla se centra en la amnistía. El fiscal general del Estado se ha manifestado contrario a expresar su opinión hasta que el parlamento no apruebe un texto definitivo en contra de lo que le exigen los representantes de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal, que ostentan la mayoría en un órgano que tiene carácter consultivo. Es uno más de los frentes que ha abierto la derecha política del PP y Vox que cuenta con la complicidad de la derecha judicial y mediática, dispuestas a utilizar todo tipo de maniobras, incluido el juego sucio, para intentar paralizar la iniciativa.

En Moncloa confían en que, al final, se puedan neutralizar este tipo de manifestaciones. Que la teniente fiscal elabore un informe más equilibrado que incline la balanza a favor de recomendar al Supremo que no acepte la propuesta de García Castellón de hacerse cargo del Caso Tsunami y de no procesar por delito de terrorismo a Puigdemont y a los otros investigados en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Demasiado optimismo porque ya se está viendo cómo se las gastan los profesionales de la judicatura. Como aquí mismo se ha dicho, mal se le están poniendo las cosas a Pedro Sánchez.

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