El Caso Voloh no se centra sólo en la injerencia rusa y los contactos entre el soberanismo catalán y el gobierno de Vladimir Putin. Hay otros muchos elementos, entre los que se encuentra la malversación de fondos públicos, la prevaricación o el tráfico de influencias.
Tal y como publicaron diferentes medios en los meses posteriores al confinamiento, la operación de entrada de la multinacional japonesa Mitsubishi en el accionariado de la empresa española de distribución de automóviles Bergé contó con un supuesto trato de favor por parte del gobierno de Sánchez.
Así se indica en un informe de la Guardia Civil, al que Diario16 ha tenido acceso, en el que se citan las escuchas realizadas al empresario David Madí, muy cercano al independentismo catalán, en una llamada en la que participa ABG, un empleado de Banco Santander.
Según indica la Guardia Civil, ABG, el empleado de Banco Santander, señalaba a Madí que había sido una operación muy difícil desde el punto de vista organizativo porque «ya sabe que la ley que ha sacado esta gente (gobierno), todas las inversiones de· países de fuera de la Unión Europea necesitarán una autorización del Consejo de Ministros, y esas autorizaciones del Consejo de Ministros no son nada fáciles porque las miran con lupa, porque tienen mucho miedo que los fondos buitres entren en empresas cotizadas o no cotizadas», indica el informe.
En la conversación que transcribe la Guardia Civil en su informe, se señala también que el empleado del Santander le dice a Madí que «para conseguir el permiso ha sido complicadísimo y no quieren que se sepa por una razón, que la entenderá muy deprisa. Parece ser, que la cola que había en el Consejo de Ministros para este tipo de autorizaciones era enorme … enorme. Para saltarse la cola ha habido que hacer malabarismos y sobre todo ha habido que hacerlo, a niveles subalternos, aunque con el conocimiento de la ministra». En ese momento, la responsable de Industria era Reyes Maroto.
Además, el propio empleado de Banco Santander confirma que fue muy duro llegar al Ministerio, «explicar no sé qué y que la ministra mirara un poco para el otro lado y que el que firmara fuera su secretario y que su secretario pidiera de rodillas, que ‘ni una palabra, ni una palabra’».
La Guardia Civil es contundente al afirmar que se podría haber cometido delitos de tráfico de influencias y de prevaricación de certificarse lo afirmado por el empleado de Banco Santander a David Madí, ya que, según se indica en el informe, «a raíz de los cambios normativos producidos por la pandemia es preceptiva una autorización del Consejo de Ministros con el fin de limitar la inversión de fondos extranjeros en empresas españolas. Así pues, esta conversación pone de manifiesto que podrían haber existido irregularidades y trato de favor para obtener dicha autorización en relación a una operación de ampliación de capital en el grupo familiar del sector de automoción Bergé con la de Mitsubishi».
Participación de Banco Santander
En otra parte de la conversación ABG le señala a David Madí la importancia que tuvo en la operación de Mitsubishi Banco Santander.
«Hubo que coordinar además a trece bancos y el gran coordinador fue el Banco Santander. Y si no es por el Banco Santander, no se hace. Es una cosa importante, claro, y hubo que levantar prendas en países que la gente estaba algo dormida, en países que tenían el toque de queda o estado de queda o estado de no sé qué, y donde no funcionaban los registradores ni los notarios ni nada. Si no es por el Banco Santander, que coordinó a todos los demás, esto no se hace ni de broma y al mismo tiempo esto fue una operación a tres bandas porque se amortizó un 44% de la deuda, todo al mismo tiempo, se hizo toda la refinanciación», señala la transcripción de las escuchas de la Guardia Civil.
