La tramitación de la Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Ómnibus, entra en la recta final de su tramitación. Está previsto que hoy, en la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior se apruebe, con los votos del Partido Popular y de Vox, el dictamen de la Ley previo a remitirla al pleno de la Asamblea de Madrid.
La Plataforma Paremos la Ley Ómnibus recuerda que la tramitación de la norma ha puesto en escena «una parodia de la participación pública. Se han ignorado más de 600 alegaciones, más de 51.000 firmas ciudadanas y las comparecencias parlamentarias de los colectivos sociales que han pedido la retirada del texto legal por el negativo impacto social y ambiental que tendrá su entrada en vigor».
Para las más de 50 organizaciones que confluyen en la plataforma, «la Ley Ómnibus es una vuelta de tuerca más contra los derechos ciudadanos, y supone un claro deterioro de los servicios públicos y de los bienes comunes de la región. Así, establece la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria, opaca y sin control ciudadano, idónea para nuevos casos de corrupción, ya que puede estar participada y financiada por empresas privadas».
Transformación especulativa y privatización del territorio
Según la plataforma, la Ley Ómnibus propuesta por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «en urbanismo promueve la transformación especulativa y la privatización del territorio madrileño permitiendo que los Proyectos de Alcance Regional -como lo era el polémico Eurovegas- se puedan construir en cualquier clase de suelo, sea cual sea su grado de protección. Además, suaviza los requisitos para la modificación de las normas de construcción en pueblos y ciudades, y privatiza los procesos de concesión de licencias y de inspección urbanística, a través de las entidades privadas colaboradoras en materia urbanística (EPCUs)».
Reducción de suelo
Por otro lado, afirman que la Ley Ómnibus «consolida la posibilidad de que las promotoras no tengan que ceder suelo a los ayuntamientos en sus actuaciones urbanísticas, dándoles la opción de pagar a cambio una cantidad monetaria». En consecuencia, creen que esto «reducirá la cantidad futura de suelo público para la construcción de dotaciones como viviendas sociales, zonas verdes, zonas deportivas, servicios sanitarios o centros educativos que cubran los déficits existentes más los adicionales derivados de dichas actuaciones». Además, dicen que la Ley excluiría la red de viviendas públicas de integración social como uso posible de los suelos cedidos a los ayuntamientos y apuesta decididamente por un modelo de construcción de vivienda protegida privatizada, no asequible para la población de menores recursos.
Menos espacios protegidos y más caza
En medio ambiente, consideran que supone un retroceso en la conservación de los valores naturales «al reducir la protección de las especies vegetales de flora silvestre, así como del arbolado que no sea de especies estrictamente protegidas, y reduce la protección de los montes públicos y espacios protegidos, al permitir usos y actividades -como la caza, la construcción y negocios hosteleros- en zonas hasta ahora incompatibles con aquellos por su alto valor ambiental».
Por todo ello, la Plataforma Paremos la Ley Ómnibus pide «a los políticos de la izquierda que se comprometan a recurrirla ante el Tribunal Constitucional en cuanto se apruebe, y en caso de gobernar, a derogar esta nefasta Ley».
