Poco más tiempo queda ya para debates políticos estériles encaminados a quitarse el problema de encima y que la controversia en torno a la ganadería industrial pase lo antes posible. Como si la presión ciudadana no fuera con ellos. En especial para quienes tendrán que justificar ante el electorado su defensa de las macrogranjas, a muy pocos días de los comicios en Castilla y León. Pero la risa va por barrios. Ahora, la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, que representa a más de 60 plataformas vecinales de zonas rurales afectadas por la ganadería industrial de toda España, ha enviado una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros y ministras de Agricultura, Pesca y Alimentación, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sanidad y Consumo. El objetivo es poner fin a lo que consideran un modelo insostenible.
800 organizaciones y colectivos se han adherido al documento, como la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, ADDA, Amigos de la Tierra, Compassion in World Farming, Ecologistas en Acción, Food and Water Action Europe, Greenpeace, Justicia Alimentaria, SEO Birdlife, WWF España, Juventud por el Clima-Fridays for Future España, la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico o el Colegio Profesional de Geografía en Castilla y León.
La carta ha recibido también el respaldo de más de 500 profesionales del ámbito agrícola, ganadero, de la docencia, de la práctica médica y veterinaria, de la investigación, de la ingeniería o de la abogacía, entre otros muchos.
En palabras de Inmaculada Lozano, portavoz de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, “es hora de que nos escuchen. No podemos dejar que se muera el debate sobre el modelo de ganadería industrial, sobre sus nefastas consecuencias para el planeta y para la España rural sin llegar a un compromiso claro de acción. En muchos pueblos ya no podemos ni beber agua del grifo y en otros la estamos bebiendo contaminada sin saberlo. ¡Basta ya de palabras y polémicas! Queremos compromisos serios para acabar con este grave problema”, concluye».
Una moratoria de 5 años
El avance descontrolado de la ganadería industrial en los últimos años ha desencadenado una serie de impactos ambientales, económicos, demográficos y de salud pública en la España rural. Ante el enorme clamor de la sociedad, cada vez más administraciones públicas se posicionan en contra de la ganadería industrial. Por ejemplo, la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha ha puesto en marcha la primera moratoria regional a la ganadería industrial de porcino, las Diputaciones de Ciudad Real, Albacete y Granada han aprobado mociones en contra de este modelo y, en Cataluña, se ha puesto en marcha una moratoria en 68 municipios hasta 2025. Sin embargo, para los colectivos afectados estas medidas «pese a que son un primer paso, son claramente insuficientes». Por ello, piden una moratoria a la ganadería industrial de al menos cinco años. No quieren ni explotaciones nuevas, ni ampliaciones en las existentes y solicitan la paralización de los expedientes que están iniciados.
Asimismo, piden una evaluación estratégica del sector ganadero teniendo en cuenta el impacto acumulado de los diferentes modelos productivos; la reducción gradual de la cabaña ganadera en producción intensiva hasta alcanzar un 50% menos de la actual en 2030; la caracterización técnica y la diferenciación a nivel normativo y comercial de la ganadería extensiva a la industrial, para que haya un etiquetado claro y homogéneo que permita, a las personas consumidoras, identificar la procedencia y modelo de ganadería de todos los productos alimentarios de origen animal que adquieran, y una reunión urgente con los cuatro ministerios implicados para abordar la problemática.
