Sin previo aviso, el pasado 23 de diciembre, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicaba en el portal de transparencia el anuncio de trámite de audiencia e información públicas del «Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid», estableciendo el plazo de siete días hábiles, entre Noche Buena y Noche Vieja, para la presentación de alegaciones. Esta maniobra es considerada por las organizaciones que se oponen a la conocida «Ley Ómnibus» como un intento de cambiar más de 30 leyes regionales «eludiendo la participación pública». Explican las organizaciones que «suprimir el preceptivo trámite de consultas, alegando de manera desviada una supuesta urgencia en la tramitación, que es incierta, supone una clara infracción a lo dispuesto en la normativa básica reguladora de la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley –art. 133 Ley 39/2015-, así como en los artículos 8.a) y 6.3 del Convenio de Aarhus y 16 y 18 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia».
Señalan, al tiempo, que la transcendencia y los efectos del Anteproyecto sobre la sociedad madrileña, su territorio, su medio ambiente y sus derechos «son de tal envergadura que resulta del todo imposible que en 7 días hábiles -inmersos en las fiestas navideñas y en la sexta ola de la pandemia con numerosas personas afectadas por la cepa ómicron- podamos participar de forma real y efectiva, según establece la regulación de la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración normativa».
Caza y negocios hoteleros, la nueva oferta de Ayuso
En lo que respecta a los Parques Regionales, los cambios que propone, dicen: «son contrarios a los objetivos de conservación de los valores naturales y al propio espíritu de las leyes. Se facilita la caza en zonas hasta ahora prohibidas y de máxima protección; permite tratamientos silvícolas, aprovechamientos forestales, obras y actuaciones en las zonas de mayor protección, sin mayor control administrativo; autoriza negocios y actividades hasta ahora no permitidas por su alto impacto; posibilita los negocios hosteleros, hoteleros y de turismo rural, así como el uso residencial, en zonas no urbanizables de protección, y la nula participación pública en la tramitación de los planes de gestión».
Más de 36.000 firmas
Son muchas las críticas que ha recibido la Ley Ómnibus al considerar que el Anteproyecto no está justificado. De hecho, en menos de cuatro días, más 36.000 personas han firmado pidiendo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que retire la ley o «se amplíen, al menos un mes, los plazos de los trámites de audiencia e información pública del citado anteproyecto o subsidiariamente se anule todo el procedimiento. El Gobierno regional debe renunciar a esta forma de gobernar de espaldas a la participación ciudadana, de espaldas al diálogo y la negociación, esta forma crispada de gobierno que rechaza todo lo ajeno y sólo presta atención a lo que siente propio, en definitiva, a esta forma sectaria de afrontar el gobierno de la Comunidad de Madrid».
Alcance del Anteproyecto
Además de modificar 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid, el anteproyecto incluirá 15 nuevas disposiciones que afectan a muy diversos ámbitos como: Hacienda pública, ordenación territorial y urbanismo, medio ambiente y protección de la naturaleza, ordenación de los transportes urbanos y de las carreteras, ordenación del juego, entidades locales, servicios sociales, ejercicio de las profesiones del deporte y numerosas cuestiones administrativas como servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos, agentes forestales, policía local, agencia para la reeducación y reinserción del menor Infractor, uniones de hecho, agencia para la administración digital, estadística, cámara de cuentas, transparencia, silencio administrativo, compatibilidad de servicios por razones de interés público, fundaciones, tribunal administrativo de contratación pública, normativa y cargas administrativas, sanidad, proceso voluntario de integración en el régimen estatutario del personal laboral y funcionario que presta servicios en las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, exención del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario en los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud por razones de interés general, categorías estatutarias del Servicio Madrileño de Salud, el régimen jurídico aplicable al personal emérito del Servicio Madrileño de Salud y agencia de contratación sanitaria de la Comunidad de Madrid, entre otros.
