En Junts no acaban de fiarse con el contenido de la ley de amnistía. Saben que los tribunales españoles buscarán cualquier resquicio legal para procesar y detener a su líder, Carles Puigdemont, cuando quiera regresar a España, cosa que pretende hacer en el mismo momento en el que la norma aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado. Pero desde ese momento hasta que el expresident de la Generalitat pueda beneficiarse de la medida de gracia de manera efectiva, pueden pasar varios meses, incluso años, sobre todo si, como todo parece indicar, alguna instancia, desde un juzgado hasta el Supremo, presenta una cuestión de prejudicialidad ante al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, quedará en suspenso la aplicación de la ley para el caso concreto de Puigdemont y, por consiguiente, pueden aplicar la orden de detención que pesa sobre el dirigente independentista. Incluso se podría cuestionar su nombramiento como diputado tal y como ocurrió con sus compañeros del procès que tuvieron que dejar su escaño en el parlament.
Carles Puigdemont se presentará, casi con toda probabilidad, a las elecciones del 12 de mayo. Su intención es llegar lo más lejos posible. Incluso, si puede alcanzar mayoría suficiente, volver a ser el inquilino del Palau de Sant Jaume. Pero los tribunales pueden dificultar ese camino a pesar de la ley de amnistía. La fórmula en sencilla. La legalidad de la norma es susceptible de ser cuestionada ante la justicia europea. Se haría en fase de ejecución judicial, (la aplicación de la norma corresponde a los jueces), y para casos concretos. Es decir, que no cabe la generalización, pero sí las situaciones de cada uno de los beneficiarios. En el caso de Puigdemont, quedaría en suspenso su amnistía y, por lo tanto, si resulta elegido diputado del parlament, tendría que dejar de serlo tal y como sucedió con sus compañeros del procés, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull.
Para evitar una situación de este tipo, Junts ha encontrado un atajo que recuerda al que llegó a proponer Pedro Sánchez cuando se atascó la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso porque no se garantizaba suficientemente la aplicación de la medida de gracia. Y, es más, puede ser que en las negociaciones mantenidas por socialistas y neoconvergentes para desbloquear la proposición, se hayan puesto encima de la mesa estas alternativas que ahora se introducen en forma de enmiendas a la ley ómnibus.
Tal y como ya indicamos aquí mismo, el llamado “decreto ómnibus”, que recoge medidas económicas, presupuestarias y jurídicas, va a ser tramitado como proyecto de ley. Y es ahí donde Junts ha presentado dos propuestas que blindan a Puigdemont contra una decisión judicial que le impida volver a España y ser elegido diputado. La primera de ellas hace referencia a artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Lecrim. La reforma de esta ley dice textualmente que “el auto de planteamiento de la cuestión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del TJUE que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial”. Para entendernos: de prosperar esta reforma de la Lecrim una cuestión de prejudicialidad no supondría medida cautelar alguna sobre la situación objeto de la consulta. El sujeto seguiría gozando de la misma situación jurídica hasta que la justicia europea se pronuncie.
Para concretar aún más el blindaje, Junts propone la supresión del artículo 384 de la Lecrim que señala: “cuando el auto de procesamiento es firme y se decreta prisión por terrorismo o rebeldía, el investigado queda suspendido automáticamente en el ejercicio de su cargo público mientras dure la situación de prisión”. En este párrafo se basaron los jueces del Supremo para arrebatar a los investigados del procès su escaño en el parlament.
Las dos jugadas de Junts son perfectas. Supondrían blindar a Puigdemont. Y a esas dos iniciativas se puede añadir una de la que nadie más ha vuelto a hablar: la reforma propuesta por Sánchez, que sigue, ahí, en la mesa de negociación. Los socialistas, a pesar de los argumentos desfavorables utilizados por algunos de sus socios parlamentarios, no han olvidado la posibilidad de acortar los plazos de instrucción judicial para lo cual deberían llevar a cabo la reforma de otros artículos de la Lecrim. Puestos a tener que abordar este texto, los socialistas creen que ya se debería entrar a fondo, no sólo con las propuestas de los neoconvergentes para blindar a su líder, sino también para evitar ese abuso de los plazos de las instrucciones judiciales.
En el PSOE creen que los jueces se están extralimitando con las prórrogas. Reconocen que hay instrucciones judiciales complejas como por ejemplo las referidas a narcotráfico, tráfico de armas y terrorismo, donde las tramitaciones de comisiones rogatorias a terceros países requieren tiempo debido a la lentitud en su tramitación. Pero hay otras muchas donde los indicios están lo suficientemente claros como para proceder a la conversión del sumario en procedimiento abreviado y la apertura de juicio oral. Los ejemplos mas escandalosos han sido los protagonizados por el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, con el caso Tsunami, que. después de cuatro años sin apenas movimiento, de repente y paralelamente a la discusión parlamentaria de la ley de amnistía, ha vuelto a reavivarse. O la pieza separada número 2 del Caso Volhov que investiga la injerencia rusa en el procès, que instruye el juzgado número 1 de Barcelona cuyo titular es el magistrado Joaquín Aguirre quien ha decretado la prórroga del sumario cuando este asunto estaba prácticamente archivado.
Por lo que se ve, vamos a tener una tramitación parlamentaria de la “ley ómnibus” movidita. Se trata de empezar a limitar la acción de los jueces para acabar con las situaciones de impunidad. Veremos en qué acaba todo este nuevo episodio.
