Los grupos de presión siguen siendo un asunto sin apenas regulación en el ámbito español. En marzo se cerró en falso, tras dos años de negociaciones, una ponencia creada para equiparar a España a los países del entorno. La apuesta del partido en el Gobierno: crear un registro voluntario de lobbistas.
Regular el lobby en España para que sea una actividad más transparente, controlada por la opinión pública y homologable a los países del entorno se ha vuelto, en apariencia, una misión imposible. Tras más de dos años de reuniones dentro de una Ponencia parlamentaria con todos los grupos presentes, el pasado mes de marzo se dio carpetazo a la misma con la salida de la oposición en bloque ante la evidencia de que no había habido ningún avance.
«Se creó en abril de 2013 para intentar abordar de una sola vez y de forma despolitizada la reforma del Reglamento del Congreso», explica el diputado Pablo Martín, portavoz del PSOE en esta Ponencia, que constata la lentitud con la que se abordaba el proceso. «No nos convocaron por primera vez hasta abril de 2014, un año después. Nos reuníamos una vez al mes; los primeros encuentros eran para decidir cómo dividíamos en bloques los distintos aspectos a negociar (procedimientos, lobbies…)», recuerda.
Entre que se decidía cómo se iba a debatir de lo que se iba a debatir, llegó la renuncia del portavoz popular de la Ponencia (Ignacio Astarloa) y la llegada de su sustituta (María Arenales Serrano); también se fue el entonces portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso (al Ministerio de Sanidad), lo que retrasó aún más los trámites. «Habíamos llegado a diciembre de 2014 y no se había hecho nada», asegura Pablo Martín, por lo que el PSOE y otras formaciones lanzaron un ultimátum y amenazaron con salirse de la Ponencia si no se abordaba con urgencia. En enero, de las 28 propuestas de los socialistas apenas se aceptaban dos, por lo que decidieron irse de la negociación. Hasta hoy.
La legislatura con más avances, pero sin resultados
«En la presente legislatura es cuando más se ha avanzado en intentar regular los lobbies en España», reconoce una portavoz del colectivo de lobbistas profesionales españoles. El problema es que estos avances no se han sustanciado en una sola línea de texto legislativo. Los grupos de presión siguen actuando de forma opaca a la opinión pública y los electores, algo que perjudica a las organizaciones profesionales, que llevan años abogando por una regulación que, por un lado, les limite, y por otro les proteja.
Este sector aboga por imitar las mejores prácticas a nivel internacional. Son, en resumen y tal y como consta en un documento la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) remitido al Parlament de Cataluña, la obligación de cumplir un código ético específico, unidas a su vez a reformas institucionales que conlleven una mayor transparencia de los representantes políticos: publicación de agendas, registros, etc.
Tanto desde la oposición como desde fuentes de las asociaciones profesionales de lobbistas explican que las negociaciones de esta legislatura sobre lobbies «han sido un paripé» y que las reformas propuestas por el Grupo Popular se quedaban muy cortas. El PP planteaba crear un registro voluntario similar al que existe en la Unión Europea, pero el resto de fuerzas estaba de acuerdo en ir más allá y no solo establecer un registro obligatorio, sino que se extendiese también a los gobiernos central y autonómicos.
El PP no se da por aludido
El pasado 27 de mayo, el Gobierno respondía por escrito una pregunta parlamentaria sobre su intención de regular o no de una vez la actividad de los lobbies, planteada por la diputada de UPyD, Rosa Díez. El Ejecutivo aludió a varios mandatos genéricos aprobados en los dos últimos años por la Cámara para estudiar medidas que regulasen las organizaciones de intereses. Además, señaló que «en relación a dichos mandatos (…) viene trabajando en el seno del Congreso de los Diputados una Ponencia parlamentaria encargada de estudiar la reforma del Reglamento (numero de expediente 154/000008) que busca un marco de consenso para abordar esa y otras cuestiones».
Es decir, que a pesar de que la oposición considera cerrada la famosa Ponencia para regular, entre otras cosas, los lobbies, el Gobierno no se ha dado por aludido. Se sigue agarrando a ella como su solución para modernizar el Reglamento del Congreso, aunque las fuerzas políticas consultadas por SABEMOS descartan que vaya a salir de ésta algún tipo de avance en cuanto a la transparencia.
Desde noviembre de 2014, los lobbistas y grupos de presión que quieran reunirse legalmente con europarlamentarios y miembros de la Comisión Europea han de apuntarse en un registro creado especialmente para ellos. Además, el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean Claude Juncker, prohibió las reuniones de sus comisarios con cualquier organización que no esté registrada. Es el último paso en un continuo avance por aumentar la transparencia.
En Estados Unidos estas prácticas reguladoras de los grupos de influencia vienen de más lejos. En concreto, de 1995, cuando se creó el registro de lobbistas en la Cámara de Representantes de Washington. En otros países como Reino Unido o Francia también está regulada esta actividad. Todos ellos tienen registros y códigos de conducta de obligado cumplimiento para aquellas organizaciones o personas que traten de ejercer la influencia sobre los poderes públicos. En España, por lo que parece, habrá que esperar por lo menos una legislatura más.
FOTO: Gotardo González en FLICKR
