Mientras algunos vivían pendientes de si Compromís retiraba o no las banderas rojigualdas ha sido el PSPV quien ha lanzado el primer golpe contra el ejecutivo central. La Generalitat Valenciana quiere más dinero y llevará a los tribunales a todo aquel que le niegue lo que considera que le pertenece por derecho.
El discurso de investidura del Presidente de la Generalitat Valenciana del socialista Ximo Puig no ha sido (sólo) la típica declaración de intenciones que todo gobierno nuevo hace el primer día de legislatura. Puig ha hecho una llamada a la realidad a una autonomía que arrastra un déficit reconocido de más de 37.000 millones de euros y que va a tener seriamente complicado encontrar forma de desarrollar cualquier inversión que ponga en marcha su maltrecha economía. “Hemos de desterrar el mito del Levante feliz, cuanto antes abandonemos el triunfalismo mejor” ha llegado a afirmar quien desde el próximo domingo recibirá el título de Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana.
El panorama del nuevo gobierno valenciano es desolador. No es que las cuentas de la Generalitat no hayan notado ninguna mejoría económica con la tan anunciada “recuperación”, es que van marcha atrás. Los recortes de 2014 sólo sirvieron para engordar con más 4.000 millones el déficit, y el nuevo ejecutivo teme que las deudas no contabilizadas que puedan descubrir las auditorías previstas en todos los organismos y empresas dependientes de la Generalitat, los acuerdos firmados por la administración popular en sus últimos meses al frente del gobierno valenciano, hipotequen aún más la nueva legislatura.
Puig responsabiliza de la situación al PP Valenciano, recordando que los socialistas dejaron la Generalitat con una deuda de del 6’5% del PIB y la recogen 20 años después con un 37,5% de endeudamiento —el mayor nivel de deuda de todas las autonomías de España— pero también a una infrafinanciación autonómica que ha convertido a la Comunitat Valenciana en la única de las autonomías que aportan más de lo que reciben del Estado cuya economía está por debajo de la media española. Cambiar este sistema es más que una prioridad para el nuevo gobierno valenciano, es su única oportunidad de supervivencia.
“La Comunitat Valenciana está exhausta de ofrendar nuevas glorias a España”
“La Comunitat Valenciana está exhausta de ofrendar nuevas glorias a España” ha proclamado Ximo Puig. La frase no es baladí, es una referencia directa a la primera estrofa del himno regional valenciano—Per ofrenar noves glòries a Espanya—, una frase que todos los valencianos conocen y que en los últimos años ha empezado a usarse con mofa entre los sectores más críticos de la ciudadanía que interpretan que más que lealtad la estrofa refleja la actitud sumisa de una autonomía que, en opinión de estos críticos, es ignorada sistemáticamente por Madrid.
Que existe una infrafinanciación en la Comunidad Valencia es algo que reconoce hasta el ministro Montoro, y el mismo PP valenciano había sido especialmente beligerante con el gobierno de Rodríguez Zapatero para que, a la hora de repartir fondos, se tuviera en cuenta que la población de la Comunidad Valenciana no son sólo los ciudadanos cansados, sino también el alto número de residentes en la región que aunque no vote sí que usa los servicios públicos e infraestructuras. Además un modelo de financiación que recoja un nivel de inversión por habitante equiparable al de la media española no es lo único que quiere la Generalitat. La legislatura anterior el Partido Popular ya abrió el debate de la deuda histórica, que cifró en 13.500 millones de euros y ahora ese dinero se reclamará a Madrid. Nadie lo dice en voz alta, pero la Generalitat va intentar que esos 13.500 millones se cambien por lo que se adeuda al Fondo de Liquidez Autonómica, donde la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía que más fondos ha solicitado. La Hacienda estatal ya ha advertido que no es un tema que pueda abordar en este momento, pero la Generalitat confía en el hecho de que el gobierno sí que ha accedido a liquidar la deuda histórica extremeña para hacer valer sus demandas.
Un cambio de relaciones con Madrid
Si Madrid no accede al cambio habrá batalla. Lo ha anunciado el mismo Puig en su intervención cuando ha asegurado que llevará a los tribunales a aquel gobierno que deniegue unas reivindicaciones que asegura “no son cuestión de nacionalismos, sino de justicia”. El tono de Puig ha sido más elevado que lo de costumbre llegando a lamentar que el ministro Cristóbal Montoro “falte al respeto a los valencianos” o advertir a los ciudadanos que “nadie vendrá aquí a solucionarnos el futuro, nunca lo han hecho”.
La reclamación del nuevo President se formalizará este mismo otoño , y sólo entonces se sabrá si Valencia sigue ofrendando nuevas glorias a España o toma la senda beligerante por la que han optado otras comunidades autonómas.
