La Comisión Europea ha decidido abrir un procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento a España por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE).
Según esta Directiva, los Estados miembros deben proponer lugares de importancia comunitaria (LIC) de la UE, que luego se añaden a las listas biogeográficas de la UE. En un plazo de seis años a partir de dicha inclusión, los Estados miembros deben designar los LIC como áreas especiales de conservación (ZEC), establecer objetivos de conservación y medidas para mantener o restaurar las especies y hábitats protegidos presentes en los sitios, para alcanzar un estado de conservación favorable a nivel biogeográfico nacional.
Estos son requisitos clave para proteger la biodiversidad en toda la UE. El Pacto Verde Europeoy la Estrategia de Biodiversidad para 2030 indican que es crucial que la UE detenga la pérdida de biodiversidad protegiéndola y restableciéndola.
Según la Comisión Europea, «España no ha propuesto ni transmitido una lista exhaustiva de LIC porque el número, el tamaño y la ubicación de los LIC propuestos por España y las especies y hábitats protegidos en ellos no son suficientes».
Por ello, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a España, que ahora dispone de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas. A falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá decidir emitir un dictamen motivado.
Según datos de WWF, España es el país que más superficie neta aporta a esta Red Natura 2000, merced a nuestra gran biodiversidad. En España hay 400 especies incluidas y más de 1.800 espacios protegidos por la Directiva Europea (Picos de Europa, la selva de Irati en Navarra, Doñana, los fondos de posidonia de Murcia, la Cuenca del Río Manzanares o las Hoces del Río Riaza en Segovia).
Estos espacios Red Natura 2000 pueden ser Lugares de Interés Comunitarios (LIC) que, de acuerdo con la Directiva Hábitat, pasan a ser Zonas Especiales de Conservación (ZEC) cuando se aprueban sus planes de gestión y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves.
La organización conservacionista aclara que «si bien en España los espacios terrestres están ya identificados, nos encontramos muy lejos de que estén protegidos en la práctica, o lo que es lo mismo, estamos lejos de que las administraciones públicas desarrollen y pongan en marcha los planes de gestión adecuados para garantizar su correcta conservación».
También señala que «de forma generalizada, los planes aprobados no son suficientemente concretos, o tienen medidas vagas, poco cuantificables y sin presupuesto asignado». Por ejemplo, en 2016, WWF elaboró un «Naturómetro» donde quedó demostrada con datos esta afirmación. El informe analizaba la calidad de los planes de gestión de Red Natura 2000 en todas las comunidades autónomas en función de su cumplimiento con los criterios de la Directiva Hábitat.
