Los españoles dependerán de terceros para poder alimentarse en diez años. Esta es una de las principales conclusiones de un encuentro de debate celebrado en Madrid y en el que también se ha advertido del desastre al que está asistiendo el sector primario español, resumido en menos hectáreas de cultivo, menos cosechas y por ello una consecuencia directa para todos los españoles: subidas constantes de los precios de los alimentos y descenso del consumo de frutas y hortalizas.
Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, ha compartido con los asistentes una batería de datos que acreditan un cuadro desalentador: el precio de los alimentos subió el 11,7 por ciento en España en 2023, que se acumula al 15,3 de 2022. Es decir, en dos años, la cesta de la compra les cuesta a los españoles el 27% más, algo que define como «una barbaridad inasumible para muchas familias. Una de las causas principales de este gran problema es el desmantelamiento acelerado de la producción de alimentos en España, tanto agrícolas como ganaderos».
La portavoz del movimiento ciudadano del mundo rural ha puesto un ejemplo, «que todo el mundo entiende en España» para asegurar que «la propia Comisión Europea augura una caída del 21,5% de la superficie dedicada al cultivo de tomate, uno de los productos estrella, icónico y de consumo masivo en España, y del 22% de su producción en nuestro país en los próximos años».
Corbalán ha defendido que los datos de comercio exterior de la UE demuestran «cómo las importaciones de tomate marroquí al mercado europeo están matando su propio campo». En total, se han incrementado en el 52% desde 2013 hasta 2022 (de 365.695 a 557.225 toneladas).
«El ejemplo palmario del tomate, que es un caso entre otros muchos de nuestra huerta, acredita que estamos abocados a que nuestra alimentación básica y diaria dependa de terceros y de sus caprichos políticos. Y que España, un país que ha sido una potencia mundial, no será capaz de producir alimentos para cubrir las necesidades de su propia gente, lo que llamamos la soberanía alimentaria, un concepto de elemental interés estratégico para cualquier Estado», ha añadido.
Durante su intervención también ha manifestado que «las políticas europeas están provocando su propio suicidio, ya que el caso del tomate se puede aplicar a cualquier producto, como la carne. Las condiciones de producción desiguales, por disponer de productos fitosanitarios que en la UE están prohibidos o por permitir condiciones laborales semi-esclavistas, provocan que los productos de Marruecos o Egipto, con mano de obra subsahariana, revienten el mercado europeo y añadan un factor antes superado de inseguridad alimentaria», apuntó la portavoz de SOS Rural. «Lo que es realmente frustrante es que sea la propia UE quien financie la creación de nuevas tierras de cultivo en Marruecos para externalizar la producción», mientras «el mundo rural español y europeo agonizan».
«Los productos frescos serán artículos de lujo»
Por su parte, Adolfo García Albaladejo, presidente de la Fundación Ingenio, ha presentado más datos. Cree que la exportación española de frutas y hortalizas frescas «se derrumba». Ha dicho que 2022, cayó otro 10% más (nada menos que 12 millones de toneladas). «Y así cada año. Una tendencia mortal», ha señalado. Por Comunidades Autónomas, Andalucía exportó el 9% menos; Comunidad Valenciana, el 11%, la Región de Murcia, la llamada huerta de Europa, el 16%, «datos que confirman la invasión de productos de otros países y el abandono de tierras de cultivo en España», ha argumentado.
Para García Albadalejo, las consecuencias son palmarias para los consumidores españoles. «La alarmante subida de los precios de los productos frescos en los supermercados, que se están convirtiendo en artículos de lujo. De hecho, su consumo en España está disminuyendo a gran velocidad y están siendo sustituidos por ultraprocesados. Es el principio del fin de la dieta mediterránea: cada español ha eliminado de su cesta de la compra 2,45 kilos de esos alimentos», según datos del Ministerio de Agricultura de agosto de 2023″.
«Política anti agricultura» en el Mar Menor
García ha puesto sobre la mesa un ejemplo concreto «de otro tipo de consecuencias que provoca la política anti agricultura en España, ejemplo extensible a otras regiones». Se ha referido a la Ley del Mar Menor para afirmar que «ha provocado en apenas tres años la caída brutal del precio de las tierras de cultivo entorno al Mar Menor, en el Campo de Cartagena». En este sentido, un estudio pericial encargado por la Fundación Ingenio, que preside, concluye que «existe una pérdida patrimonial de 10 euros por m2 en tierras de regadío, lo que supone un total de 3.500 millones de euros de pérdidas sólo en el Campo de Cartagena. Pérdidas que son consecuencia directa de la incompetencia, ignorancia, o ambas, de los políticos».
La relación sindicatos agrarios tradicionales-Estado: «El que paga, manda»
Por su parte, Jorge Jordana, director del Área Agroalimentaria de la Fundación Lafer, ha subrayado que el problema del sector primario español es «su falta de unión y que las organizaciones agrarias están todas subvencionadas por el Estado, Y el que paga, manda». De esta forma ha tratado de explicar «el silencio del campo español, en contraste con el europeo, incluso en situaciones críticas como la actual. Hay un medioambientalismo sociológico en Europa y las políticas son asfixiantes. Se busca producir menos, y ello hace imposible que haya productos asequibles».
«En España, la vicepresidenta Teresa Ribera prioriza eliminar regadíos para instalar huertos solares. Es decir, se producirán menos alimentos, y luego lloraremos», añadió.
Jordana ha sido taxativo al afirmar que «la UE comete un delito cuando no ampara la competencia leal, es decir, la igualdad de las reglas comerciales para todos, como está escrito en los Tratados, al dar entrada sin control a productos procedentes, por ejemplo, de Marruecos«. Y se ha preguntado: ¿Cómo es que nadie todavía ha llevado a las instituciones de la UE ante el Tribunal Europeo por vulneración de la competencia?». Sobre la representación política de agricultores, ganaderos y pescadores, Jordana también ha sido contundente: «No hay ni en España ni en Europa una representación política válida que defienda al sector primario, por eso apoyo a SOS Rural».
Tanto Corbalán como García Albadalejo han subrayado que «las zonas rurales están muriendo y con ellas desaparece una parte esencial del tejido de nuestra sociedad y una parte fundamental de nuestra identidad. La crisis de despoblación es un hecho en decenas de miles de municipios rurales de Europa. Ya no se trata de políticas de desarrollo, sino de protección del mundo rural. La producción agrícola y la tierra rural sufren movimientos especulativos que obligan a los agricultores a ver cómo sus terrenos son reemplazados por industrias que no contribuyen al objetivo de la seguridad alimentaria, como la instalación masiva de placas solares en tierras de cultivo, una expropiación de facto de la tierra».
Por todo ello, SOS Rural vaticina una «respuesta política contundente y unitaria del campo español para evitar su colapso», como ya está ocurriendo en Alemania, Francia o Italia.
