Respuestas de corta y pega, generalidades, inconcreciones… Algunos de los temas más delicados de legislatura adolecen de una información completa. Diputados consultados por SABEMOS muestran su frustración ante lo que consideran una falta de respeto a la labor parlamentaria.
Un caso real: 21 de junio de 2012; el diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto formula una serie de preguntas parlamentarias por escrito al Gobierno respecto a la entidad Banco de Valencia, recientemente intervenida por el Estado. «¿Qué irregularidades ha observado el FROB durante la intervención del Banco de Valencia?» es la primera de las cuatro cuestiones formuladas sobre la entidad levantina.
La respuesta, también por escrito, llegó el 5 de julio siguiente. En la misma se relataba que el FROB había designado a unos nuevos administradores que habían pedido un informe independiente respecto de una serie de operaciones previas a la intervención. En éstas, «se ha revelado la existencia de una serie de actuaciones que presentan indicios con trascendencia jurídico-penal, por lo que el Banco de Valencia ha procedido a denunciarlos ante la Audiencia Nacional el pasado día 5 de junio, encontrándose actualmente sometidos al conocimiento de la autoridad judicial», según consta en la contestación. Sin más detalles concretos ni responder realmente a la cuestión.
Más: En marzo de 2013, la diputada Rosa Díez formula la pregunta concreta sobre el impacto que la quiebra de la inmobiliaria Reyal Urbis tendrá en el balance del Sareb. En los cuatro párrafos de respuesta a Díez, el Gobierno hace un repaso histórico de la creación del banco malo, el origen por entidades de los activos y sobre los recursos propios de la institución. Pero se limita a decir que el riesgo asociado a Reyal Urbis «no es significativo» ya que el balance del Sareb es mucho mayor y el traspaso de los activos se hizo con un fuerte descuento.
Otro caso más reciente: El 29 de junio de 2015 el diputado del PSOE Antonio Hurtado tramita cuatro preguntas consecutivas relacionadas con otra entidad bancaria nacionalizada: Banco Mare Nostrum (BMN). Entre éstas se demanda aclaración sobre si la entidad va a registrar una ampliación de capital y se piden las razones por las cuáles esta entidad no ha sido vendida, como sí lo fueron Catalunya Banc, Novagalicia o Banco de Valencia. A pesar de que la respuesta del Gobierno, publicada el 17 de septiembre, en este caso es extensa (tres páginas), no hay contestación a estas cuestiones concretas.
Y un cuarto caso. El pasado 29 de enero de 2015, el parlamentario Juan Moscoso (PSOE) tramitó una batería de seis preguntas para respuesta por escrito sobre la Sareb (el conocido como banco malo). En su escrito, demandaba entre otra información el importe de las pérdidas acumuladas por esta sociedad, la rentabilidad anual, una explicación sobre los problemas de la entidad y una explicación sobre los criterios que guiában a los gestores de la misma para vender activos inmobiliarios a fondos de inversión «por valores sensiblemente inferiores a los de cesión».
La respuesta llegó el 17 de febrero. Más allá del dato concreto de los resultados netos de los ejercicios 2012 y 2013, las respuestas a cargo del Gobierno son un compendio de obviedades y frases sin verdadera información. Respecto al criterio con el que se enajenaban los activos inmobiliarios, responden, por ejemplo, que «tanto por el canal minorista como por el canal mayorista es la venta a precios de mercado y a un ritmo consistente con el obligado cumplimiento de su mandato legal de desinvertir todo su balance dentro de un periodo máximo de 15 años minimizando el apoyo financiero público». El diputado pregunta por qué se vende por debajo del precio al que se adquirieron los activos y el Ejecutivo responde que está vendiendo «a precios de mercado» y a un ritmo fijado por el plazo de 15 años para liquidar por completo al Sareb.
La tendencia de la no respuesta
Son solo cuatro ejemplos, pero forman parte de una tendencia generalizada en las respuestas parlamentarias por escrito relacionadas, entre otros temas, con asuntos espinosos como el rescate bancario, el banco malo (Sareb) o el conocido como Caso Bankia. Al menos así lo manifiestan y corroboran diputados de varios partidos consultados por SABEMOS, que reconocen su descontento con la política de transparencia informativa del actual Ejecutivo.
Se tramita y publica una respuesta, que formalmente da cumplimiento a la petición del diputado o diputados. Pero luego al entrar en el detalle de la contestación, o bien no se responde, o se hace de forma parcial o tan general que no cumple la función por la que se planteó la cuestión inicialmente.
El reglamento del Congreso de los Diputados, vigente desde 1982, no especifica que el Gobierno deba responder a todas y cada una de las preguntas de una forma completa y satisfactoria para el parlamentario. Lo único que especifica, en el artículo 185, es que «los Diputados podrán formular preguntas al Gobierno y a cada uno de sus miembros». No dice nada respecto de que pueda existir discrecionalidad o no por parte del Ejecutivo.
«Una falta de respeto»
Diputados preguntados por SABEMOS coinciden todos en que una buena parte de las respuestas del Gobierno en temas que no parecen convenirle presentan notables deficiencias. «Es una falta de respeto total y absoluta», opina su señoría Antonio Hurtado, parlamentario del Grupo Socialista. En su opinión son demasiado frecuentes las evasivas, y ya ha llegado a acostumbrarse a tener que enterarse por otros medios de la información proporcionada por el Ejecutivo.
Otro parlamentario de la bancada socialista también cree que el flujo de información es escaso y deficiente respecto a asuntos como la reestructuración financiera española. Tanto que incluso el Banco de España, un organismo que según su propio funcionamiento interno tiene los mayores estándares de confidencialidad, «es más transparente», asegura.
«Parecen que interpretan que queremos la información para luego incordiar, pero no se dan cuenta de que la labor de los representantes electos es fundamental», añade Hurtado, quien asegura que en otros parlamentos, como el europeo, éste tipo de actitudes simplemente no se producen. «Es una asignatura pendiente para la próxima legislatura», concluye. En su opinión no es el Ministerio de Economía ni mucho menos el peor a la hora de facilitar la información. Otros, como «Fomento o Industria, tienen más respuestas que son de juzgado de guardia», lamenta.
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