El Gobierno francés controlará que los grupos de distribución respetan la legislación francesa, que garantiza a los agricultores un precio que cubra los costos. Es el anuncio hecho por el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire este miércoles. Según ha recalcado, habrá «controles específicos» para evitar que las centrales de compra fuera de Francia sirvan para «puentear» la ley Egalim que garantiza esos precios mínimos.
Mientras los agricultores mantienen bloqueadas decenas de autopistas y carreteras, y algunos de los principales accesos a París, Le Maire ha afirmado, en declaraciones a la emisora de radio Europe 1, que no dudará «a la hora de controlar y de sancionar con dureza». Además, ha recordado la imposición de una multa de seis millones de euros al grupo de distribución Leclerc y ha avisado de que «las sanciones se aplican a todos, en todo el territorio, a todos los grupos de distribución, hagan la negociación a nivel nacional o con centrales de compra europeas».
Esta legislación impone unas reglas en las negociaciones comerciales entre agricultores, industria y distribuidores. El objetivo es que los primeros reciban un precio que, como mínimo, cubra sus costes de producción, también cuando se utilizan sus centrales de compra en otros países europeos como España, acusadas de servir para puentear las reglas en Francia.
En este contexto, algunas voces, y algunos sindicatos agrícolas, se quejan de que los grupos de distribución recurren a las centrales de compras en el extranjero para adquirir productos a precios más bajos. Una práctica denunciada también por el presidente, Emmanuel Macron, para quien «algunos grandes distribuidores han organizado con grandes centrales de compra el puenteo de la legislación francesa», aunque sin citar casos concretos.
Caso Leclerc
El grupo francés Leclerc constituyó en 2016 la central de compras Euirelec Trading en Países Bajos con su socio alemán Rewe. Système U también tiene una central de compras en Países Bajos con otras empresas del sector neerlandesas y alemanas. Otra compañía francesa, Carrefour, ha agrupado por su parte desde 2023 sus filiales en Francia, España, Italia, Bélgica, Rumanía y Polonia en la central de compras Eureca, con sede en España.
Siguen las acusaciones contra España
El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, ha llegado a acusar directamente a la agricultura española de «competencia desleal» y ha comentado que «es muy hipócrita» importar verduras y frutas de países como España que «están fastidiando todo su ecosistema». El representante del gobierno francés también señaló a países como Italia y explicó que «no es normal que haya países vecinos que usan ciertos productos (fitosanitarios) que vosotros no podéis usar y ellos sí», mientras visitaba una explotación agrícola en Indre-Loire.
Las reivindicaciones llegarán hoy a Bruselas
Más allá de la simplificación de reglas y de la burocracia anticipada por Attal, exigen una modificación de la política europea para poner fin al barbecho obligatorio, limitar las entradas de productos de Ucrania y poner fin a los acuerdos de libre comercio con otros bloques económicos.
Estas últimas cuestiones serán abordadas por Emmanuel Macron en un encuentro programado durante la cumbre europea extraordinaria del jueves en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El presidente francés quiere también que Bruselas renuncie a continuar las negociaciones con Mercosur sobre un acuerdo que lleva bloqueando desde que se firmó hace cuatro años y al que se opone frontalmente.
Planas se reunirá con ASAJA, COAG y UPA
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha convocado a las organizaciones profesionales agrarias, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), a una reunión en la sede del ministerio este viernes, 2 de febrero.
El ministro responde así a la petición de encuentro planteada en la carta conjunta por las tres organizaciones profesionales agrarias mayoritarias, ASAJA, COAG y UPA, después de que estas acordaran retomar el calendario de movilizaciones para reclamar «un ambicioso plan de choque» que recoja medidas tanto a nivel de la Unión Europea, como del Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas.