El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado por una amplia mayoría -523 votos a favor y 34 en contra- una resolución sobre la reciente decisión de Noruega de avanzar con la minería submarina en sus aguas del Ártico, una intención que pone en jaque este delicado ecosistema, pues además de comprometer los 280.000 km² demarcados para esta actividad destructiva, las nubes de sedimento «se podrían desplazar cientos o miles de kilómetros, afectando a toda la columna de agua», según señala Ecologistas en Acción.
La resolución manifiesta la preocupación por la apertura del Ártico a la explotación minera, y hace un llamamiento a la Comisión Europea y a los Estados miembro para que promuevan una moratoria internacional de la minería submarina, a pocos meses de que se celebre una asamblea clave en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, organismo responsable por la regulación de esta actividad.
Ecologistas en Acción pide ahora al Gobierno español que «atienda al llamamiento del Parlamento Europeo, que se suma a los ya realizados por la comunidad científica, cientos de organizaciones de la sociedad civil, del sector pesquero y numerosas empresas de los sectores energético, automovilístico o tecnológico, potenciales consumidores de los minerales objetivo de esta actividad».
De cara a la asamblea que se celebrará este verano en Kingston, Jamaica, la organización ecologista exige del Gobierno que apoye de forma decidida la propuesta de moratoria que llevarán varios Estados, y que se implique a nivel diplomático situando entre las prioridades de la agenda medioambiental internacional española en 2024 avanzar hacia este objetivo.
«Aunque España se encuentra entre los 24 Estados que han dado un paso adelante defendiendo una moratoria, es fundamental mejorar la coordinación entre ministerios y que la delegación española se muestre más contundente en favor de una moratoria a nivel mundial en las próximas sesiones de la ISA», explica Joám Evans, portavoz de Ecologistas en Acción.
Por ello, demandan liderazgo para impedir que países con interés en esta industria, como Noruega, fuercen la adopción de un código minero que allanaría el camino hacia la explotación de vastas zonas de los océanos. Recuerdan que la minería submarina es una línea roja que no debe cruzarse, al tratarse de una actividad con «enormes impactos potenciales, que incluyen la disrupción del mayor sumidero de carbono del planeta, la liberación de gases de efecto invernadero, los efectos tóxicos de las plumas de sedimentos en la cadena trófica y la destrucción irreversible de la biodiversidad marina». Todo ello, en muchos casos, en hábitats poco explorados y muy sensibles, que acogen comunidades biológicas únicas.
