El PP extenderá la petición del plan de choque en defensa del campo, con una batería de 15 medidas urgentes, en todos los ayuntamientos españoles. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, ha presentado en la localidad sevillana de Lora del Río la primera de las mociones, a la que seguirán otros municipios de todas las comunidades autonómicas. Esta acción se acompaña con la presentación de proposiciones no de ley (PNL) en los parlamentos regionales.
Paloma Martín ha mostrado en la presentación de la moción «el apoyo incondicional» a los agricultores y ganaderos españoles. A través de estas iniciativas, el PP exige al Gobierno «la inmediata respuesta y soluciones» a los problemas que vive el campo.
Entre las 15 medidas que conforman el plan de choque, pide el compromiso de «no imponer nuevos impuestos, la flexibilización de la burocracia de la PAC, la reducción del IVA de productos esenciales como la carne y las conservas, o la suspensión del impuesto al plástico, que lastra la competitividad del sector primario español».
Estas peticiones, que se materializan en forma de moción en los ayuntamientos, han sido consensuadas por todos los consejeros autonómicos de Agricultura donde gobierna el PP.
Un sector estratégico
El PP ha manifestado en diversas ocasiones el carácter estratégico del sistema agroalimentario español y por ello plantea este plan de choque que abarca medidas “inmediatas” de distintos ámbitos, pero olvida que mientras gobernaba, precisamente el campo no fue una de sus grandes prioridades.
Entre las acciones, ahora piden «que se garantice la producción de alimento y reforzar su imagen, lo referente a los costes de producción o una fiscalidad diferenciada para hacer más accesibles ciertos productos». Las soluciones, dicen desde el PP, deben proporcionar «seguridad jurídica y garantías de funcionamiento del sector, como la disponibilidad de recursos hídricos o la revisión del sistema de seguros agrarios».
También propone la «revisión de aquellas actuaciones que puedan suponer un lastre para la competitividad, como la implantación de impuestos y el análisis del impacto de nuevas normativas, las que supongan competencia desleal para los productos españoles o las medidas de carácter económico para mejorar la financiación y desarrollo de proyectos».
