Los negociadores del Parlamento y del Consejo han acordado nuevas normas que obligan a las empresas a integrar sus derechos humanos y su impacto medioambiental en sus sistemas de gestión.
La nueva directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa, acordada informalmente por los colegisladores de la UE, establece obligaciones para que las empresas mitiguen su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente, como el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la deforestación y el despilfarro de agua o el daño a los ecosistemas.
Tendrán que integrar la llamada «diligencia debida» en sus políticas y sistemas de gestión de riesgos, incluidas descripciones de su enfoque, procesos y código de conducta. Las empresas también tendrán que adoptar un plan que garantice que su modelo de negocio cumple con la limitación del calentamiento global a 1,5°C. Los eurodiputados han asegurado que la dirección de las empresas con más de 1.000 empleados recibirá beneficios económicos por la aplicación del plan.
Normas aplicables a grandes empresas y a aquellas de sectores de alto riesgo
La legislación se aplicará a las empresas de la UE y a las empresas matrices con más de 500 empleados y una facturación mundial superior a 150 millones de euros. Las obligaciones también se aplicarán a las empresas con más de 250 empleados y con una facturación superior a 40 millones de euros si al menos 20 millones se generan en uno de los siguientes sectores: fabricación y comercio al por mayor de textiles, prendas de vestir y calzado, agricultura, incluida la silvicultura y pesca, fabricación de alimentos y comercio de materias primas agrícolas, extracción y comercio al por mayor de recursos minerales o fabricación de productos relacionados y construcción. También se aplicará a empresas extracomunitarias y a empresas matrices con volumen de negocios equivalente en la UE.
Las empresas tendrán que identificar, evaluar, prevenir, mitigar, poner fin y remediar el impacto negativo de sus actividades sobre las personas y el planeta. Para ello, deberán realizar inversiones, buscar garantías contractuales de los socios, mejorar su plan de negocios o brindar apoyo a sus socios de pequeñas y medianas empresas.
Portal de información para empresas
Los eurodiputados han asegurado que «las empresas también tendrán que involucrarse significativamente con aquellos afectados por sus acciones, introducir un mecanismo de quejas, comunicar sus políticas de diligencia debida y monitorear periódicamente su efectividad». Por ello, los gobiernos de la UE deberán crear portales prácticos, dedicados a las obligaciones de diligencia debida de las empresas, que proporcionarán información sobre contenidos y criterios, orientación relacionada de la Comisión e información para las partes interesadas.
Sanciones y supervisión
Cada país de la UE designará una autoridad supervisora para controlar si las empresas cumplen con estas obligaciones. Estos organismos intercambiarán mejores prácticas y cooperarán a nivel de la UE dentro de la Red Europea de Autoridades de Supervisión establecida por la Comisión. Podrán iniciar inspecciones e investigaciones e imponer sanciones a las empresas que no cumplan, incluidas «nombrar y avergonzar» y multas de hasta el 5% de su facturación neta mundial.
Los eurodiputados han negociado que las empresas serán responsables del incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida y sus víctimas tendrán derecho a ser indemnizadas por los daños y perjuicios. Para motivar a las empresas, los eurodiputados finalmente han garantizado que el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida pueda utilizarse como parte de los criterios de adjudicación de contratos públicos y de concesión.
«Esta ley es un avance histórico. Las empresas son ahora responsables de posibles abusos en su cadena de valor, 10 años después de la tragedia del Rana Plaza. Que este acuerdo sea un homenaje a las víctimas de ese desastre y un punto de partida para dar forma a la economía del futuro, una economía que anteponga el bienestar de las personas y del planeta a las ganancias y el cortoplacismo. Estoy muy agradecido con quienes me acompañaron en la lucha por esta ley. Garantiza que las empresas honestas no tengan que participar en la carrera contra las empresas cowboys», ha afirmado la eurodiputada líder Lara Wolters (S&D, Países Bajos) tras el final de las negociaciones.
El proyecto de ley acordado requiere la aprobación formal de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Parlamento Europeo en su conjunto, así como del Consejo (gobiernos de la UE) antes de que pueda entrar en vigor.
El Parlamento ha pedido sistemáticamente una mayor responsabilidad corporativa y una legislación obligatoria sobre diligencia debida . La propuesta de la Comisión se presentó el 23 de febrero de 2022. Complementa otros actos legislativos existentes y futuros, como el reglamento sobre deforestación , el reglamento sobre minerales conflictivos y el proyecto de reglamento que prohíbe los productos elaborados con trabajo forzoso.
