El texto del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos considera que la cultura es un elemento vertebrador del país y recupera una visión de la cuestión mucho más cercana a las reivindicaciones de los creadores que a la realidad de la tecnología.
Muchas de las políticas planteadas tienen sentido, como la promoción de un acuerdo social y político por la cultura, que lleve a recuperar el diálogo con el sector y la cooperación entre instituciones, como Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos.
Asimismo, propugna la recuperación del Ministerio de Cultura y, especialmente, rebajar el tipo de IVA al tipo reducido, del 21% al 10%, impulsando el reconocimiento de la figura del IVA cultural en el seno de la UE. También parece tener sentido la propuesta ley de mecenazgo, con un sistema de bonificaciones a la exportación.
La polémica va a estar en la reforma de la ley de propiedad intelectual, un tanto vaga.
- Puesta en marcha de una campaña educativa en los colegios (…)
- Apuesta por la vía administrativa para luchar contra la piratería, con el compromiso de tramitar los expedientes de denuncia en el plazo máximo establecido por la ley.
- Establecimiento de una fiscalía especializada en delitos contra la Propiedad Intelectual dotada de medios. Se pondrán en marcha procedimientos rápidos y eficientes para detectar violaciones reincidentes de los derechos de propiedad intelectual.
- Promover la digitalización de fondos y el acceso a contenidos legales.
- Modificación de los artículos 25 y 31.2 del TRLPI relativos a la copia privada, su compensación y su ámbito, para adaptar nuestra normativa a la de los países de nuestro entorno.
El abogado David Bravo, diputado de Podemos y experto en propiedad intelectual, reaccionó así a la medida, en declaraciones a SABEMOS:
«El acuerdo sobre este asunto entre estos dos partidos es el que cabe esperar teniendo en cuenta la política desarrollada por el PSOE tradicionalmente en este campo y el programa político de Ciudadanos, probablemente el más reaccionario en esta materia de todos los propuestos.
Las propuestas del PSOE en el conflicto entre la propiedad intelectual e internet se centra nuevamente en la mera represión y persecución de esas actividades y en el refuerzo de la Ley Sinde, pasando por las llamadas «campañas de concienciación», que es como suelen denominar al mero adoctrinamiento.
Este modelo represivo contra el intercambio sin ánimo de lucro de bienes intelectuales se ha revelado como absolutamente ineficaz en la práctica y las nuevas propuestas de recrudecimiento en el grado de restricción solo pueden ser vistas como un gesto a la galería que no alberga sin embargo esperanza real de conseguir los supuestos objetivos que pretenden.
En el PSOE solo tienen que mirar atrás y contar con los dedos de la mano los éxitos que han tenido hasta la fecha con su propuesta de endurecimiento legal para frenar las actividades de los ciudadanos con los nuevos usos de las obras que promovió la aparición de internet. Las leyes represivas y las acciones legales solo han servido para acelerar el avance de las tecnologías para compartir, siendo una constante que tras cada anuncio de reforma legal por la vía represiva ha habido siempre una paralela e inmediata aparición de nueva tecnología que la burla. Es decir, el intento de lograr frenar estas actividades con su mera represión legal ha tenido como única consecuencia el hacer más sofisticadas las propias herramientas que sirven para llevarlas a cabo.
En este callejón sin salida en el que se halla este conflicto desde la última década, en Podemos apostamos por una solución que olvide la inútil deriva represiva y se centre en el equilibrio de dos intereses sociales: el interés de los ciudadanos a acceder a la cultura con libertad y el interés de los ciudadanos a que los creadores puedan sostenerse con el fruto de su trabajo para que sigan creando y así tener algo a lo que acceder.
Frente a la represión, la búsqueda de vías alternativas de remuneración para los creadores (como las propuestas por ejemplo por el profesor William Fisher o Richard Stallman) y el apoyo y fomento de nuevos modelos de negocio, se revela como la única salida posible en este choque de trenes en el que llevamos encallados más de una década. El que haya seguido este conflicto legal y político, sabe que no son los nombres de Sinde ni Wert los que han conseguido reducir el número de descargas, sino que lo son los de Netflix y Spotify».
