…ni tampoco las empresas de renovables ni el PP ni el PSOE… Porque este informe deja al descubierto tres décadas de desmanes de todos los actores del sector eléctrico español. Y lo hace sacando los colores a todos sin excepción y de la forma más peligrosa: sin dogmatismos y de manera brutalmente honesta.
El sistema eléctrico español es único en el mundo. Los consumidores soportan uno de los recibos de la luz más caros de Europa (sólo por detrás de Chipre e Irlanda), después de sufrir una subida dramática de la factura del 72,5% entre 2004 y 2014. Y, sin embargo, esos consumidores han llegado a acumular una deuda con las eléctricas que roza los 30.000 millones de euros porque no pagan lo suficiente para cubrir todos los costes. No los costes reales (lo que cuesta producir la electricidad y llevarla hasta los hogares), sino los costes que la regulación ha creado. Y entre esos costes que no son, sino que la normativa dice que son, no todos están justificados, y algunos son exagerados.
Y también es un sistema en el que hoy sobra la mitad de la capacidad de generación eléctrica porque se invirtió en nuevas instalaciones con unas previsiones de consumo de un optimismo desaforado. Un sistema que nos convirtió durante años en potencia mundial en energías renovables y que ahora, tras el hachazo para impedir que siguieran creciendo (en algunos casos sin control), ha llevado a España a adelantar a Venezuela como el país con más demandas de arbitrajes internacionales.
Lo dicho, un sistema único en el mundo.
FOTO: Flickr | JLMaral.
En los últimos años se ha convertido en objeto habitual de batalla pública (y publicada) el afán de unos y otros por encontrar al culpable de tan enorme agujero de 30.000 millones. Y cada uno de los protagonistas (y sus grupos de presión afines) acusa, claro, a los demás… y sólo a los demás. Las eléctricas tradicionales acusan a las renovables de llevárselo crudo durante años con las primas millonarias que percibieron. Las eléctricas que explotan parques eólicos afinan más y señalan sólo a la energía solar como responsable. Las empresas de renovables denuncian la sobrerretribución recibida por las eléctricas tradicionales, con la nuclear y la hidroeléctrica como baluartes del derroche. Y todos miran a los políticos como responsables –primigenios y continuados- de permitir el desbarre.
Y entre tanto juez y parte, entre tanta versión sesgada por intereses particulares, un informe desgrana ahora todas las causas del endémico mal funcionamiento del sistema eléctrico patrio. Y lo hace sin ataduras, pero sin falsas equidistancias, atizando a todos pero sin repartir culpas falsamente como hacen los que no quieren culpar a nadie. El periodista Iñaki de las Heras publica Informe Frankenstein. Por qué cuando haces clic el sistema eléctrico hace crac (en la colección Nuevos Textos, de la editorial Cuarto de Letras) para dibujar cómo treinta años de desmanes regulatorios han creado una criatura monstruosa. Y, ténganlo claro ya, “pocas historias de miedo acaban bien”, advierte el autor.
“El caso del agujero eléctrico (…) es un ejemplo de cómo la confusión de intereses públicos y privados y el doble juego de timoratas regulaciones, planificaciones desacertadas y mercados desbocados pueden dar unos resultados nefastos”, subraya. “Empresas lucradas a costa de sobrerretribuciones generalizadas y consumidores que pagan a precio de oro lo que antes les salía muy barato. Un fracaso de la política y su obligación no sólo de perseguir el interés general, sino también de discernir qué intereses particulares se encuentran escondidos detrás de aparentes intereses generales.” Y ésa ha sido la dinámica durante décadas.
Las cinco causas
El informe (porque es un duro informe, amén de un buen libro, amén de un gran reportaje) identifica con carácter general cinco causas que hicieron posible la creación del déficit de tarifa, que es como se conoce al agujero entre los ingresos y los costes reconocidos. Cinco causas que se entrelazan y se retroalimentan durante décadas: la decisión de abrir la puerta a pagar la electricidad a plazos, acumulando deuda en lugar de pagar el precio que se reconocía; los enormes costes que se fueron sumando a la factura, fueran reales, fueran sobrerretribuciones o fueran meras ayudas a las empresas más o menos encubiertas; la decisión de los políticos, sea por electoralismo sea por sensibilidad social (ustedes decidan), de postergar las subidas de luz y hacerlo sin atajar las causas del incremento de los costes; el desplome del consumo como consecuencia de la crisis económica, lo que hundió los ingresos del sistema y se hizo imposible cubrir los costes reconocidos; y todo aliñado con errores normativos que cortocircuitaron la ordenación de la parte regulada de la factura y alumbraron un funcionamiento defectuoso del mercado.
Resultado: casi 30.000 millones de deuda que los ciudadanos hemos de pagar en última instancia a las eléctricas (aunque como la deuda se ha titulizado en su gran mayoría, ahora se los debemos a bancos y fondos de inversión… y con intereses). “Cada una de las causas es necesaria, pero ninguna es suficiente”, subraya De las Heras.
De Aznar a ZP
No fue el pecado primigenio (porque los desmanes arrancaron antes), pero en el año 2000 el Gobierno de José María Aznar abrió la puerta a que no se pagara a las compañías eléctricas todo lo que costaba el suministro e ir así acumulando como deuda reconocida la diferencia entre el recibo y los costes.
Había que cumplir los criterios de Maastricht para entrar en el euro, y España no podía permitirse que subiera más la inflación. Así que se empezóa incluir como meros apuntes contables lo que los consumidores debían a las eléctricas, que irían cobrándolo poco a poco. El invento funcionó: entre 1997 y 2004 el recibo de la luz bajó un 12%. A cambio, en 2002 ya había más de 1.500 millones de agujero en el sistema eléctrico.
Hasta 1997, el precio de la electricidad lo fijaba el Gobierno y lo hacía con un coste diferenciado para cada tipo de generación eléctrica. Pero la Ley del Sector Eléctrico que se aprobó en los albores del primer Gobierno de Aznar creó un mercado mayorista (pool) que fijaba el precio de la electricidad y que hacía que ese precio fuera el mismo para todos los tipos de centrales. El pool es un mercado marginalista: los diferentes tipos de tecnología de generación van incorporándose a la oferta diaria con costes crecientes, y el precio de toda la electricidad lo marca el último tipo de tecnología. Esto es, algunas centrales cuya producción es más barata pueden cobrar mucho más cara la electricidad y recibir una retribución muy por encima de sus costes reales.
Y esto es lo que sucede con las centrales nucleares y con las hidroeléctricas, que tienen sus instalaciones ya amortizadas y cuyos costes de producción son por ello contenidos, pero cuyos propietarios perciben millonarias retribuciones por encima de sus costes. Es lo que se denomina los beneficios caídos del cielo (windfall profits) de las eléctricas, que según diferentes fuentes se situarían entre los 1.400 millones y los 4.000 millones de euros al año.
Pero éste es sólo uno de los sobrecostes fruto de fallos regulatorios que asume el sistema eléctrico español: también están los al menos 3.600 millones de euros de más que percibieron las grandes eléctricas por los costes de transición a la competencia, los 4.400 millones que han pagado los españoles desde los ochenta y hasta el año pasado por la moratoria nuclear, el efecto inflacionista que tuvo durante años en la formación del precio el sistema de subastas trimestrales creado por Miguel Sebastián…
El descontrol de los costes
El agujero (o el monstruo) fue creciendo según fueron incrementándose los costes eléctricos. Y lo hicieron mucho y muy rápidamente. “Estos costes son los ‘costes reconocidos’ por el Gobierno, lo que no significa que necesariamente sean los costes reales (…) Al margen de que el coste ‘reconocido’ se asemeje o no al real, el sistema eléctrico se ha caracterizado por el rápido desarrollo de nuevas infraestructuras o por la inclusión compulsiva de todo tipo de partidas a la tarifa”, explica De las Heras.
El recibo de la luz está compuesto por un componente de energía, que recoge los costes de generar la electricidad y cuyo precio se establece en el mercado mayorista; y un segundo componente que son los peajes de acceso, que fija el Gobierno y que sirven para cubrir los costes regulados. ¿Cuáles? Singularmente el transporte de la electricidad, su distribución… que también crecieron con fuerza en los primeros años dos mil. Pero también se incluyen toda una serie de apartados variopintos fruto de decisiones políticas: las ayudas a la quema de carbón nacional (unos 600 millones por año), los costes de la generación en territorio extrapeninsulares (unos 1.800 millones), la interrumpibilidad (una ayuda de unos 750 millones por año a las grandes industrias por si tienen que parar la producción por un pico de demanda eléctrica, algo que jamás ha pasado); los costes financieros de la propia deuda (unos 2.700 millones)…
Y aún hay más, ojo. Aún hay otros costes millonarios que sirven para asumir los efectos de la orgía de inversión (de unos 70.000 millones) que sirvió para duplicar la capacidad instalada en España en apenas una década, con la construcción de decenas de nuevas centrales de ciclo combinado -que utilizan gas natural- y con el boom de las renovables. Hoy España cuenta con una potencia instalada cercana a los 100.000 MW, un exceso teniendo en cuenta que la demanda máxima se sitúa en los 48.000 MW. Pero la fiesta loca de inversiones –ésta animada por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero- también hay que pagarla. Y lo hace usted con su recibo.
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En 2001 empezó a haber conatos de apagones y la capacidad de generación parecía insuficiente para una economía que crecía con vigor. Desde 1987, cuando se abrió la última de las centrales nucleares, la de Trillo (Guadalajara), y hasta 2002, cuando se empezaron a construir nuevas centrales de gas, la potencia instalada en España se había mantenido prácticamente sin cambios. Y las compañías eléctricas, aupadas por unas previsiones del Gobierno de crecimiento de la demanda eléctrica que hoy se han demostrado absurdamente exageradas, se lanzaron a construir nuevas centrales de ciclo combinado.
Hoy, con el consumo congelado por la crisis y con una sobrecapacidad evidente, esas centrales de gas están más que infrautilizadas. Y todos los consumidores asumimos en la factura un concepto que se llama “pagos por capacidad”, a razón de unos 600 millones al año, que sirve para compensar a las eléctricas esas inversiones y para garantizar la posibilidad de generar electricidad en caso de que las renovables (con su relativa imprevisibilidad al depender del viento, el sol y/o el agua) no pudieran atender la demanda.
El boom de las renovables
Y tras la expansión de las centrales de ciclo combinado, llegó la explosión del parque de renovables, que creció a momentos sin control al calor de jugosos incentivos. “Se incorporaron de forma masiva nuevas y costosas instalaciones de renovables, en una densidad desconocida en el mundo. El problema no estuvo en la proliferación de molinos y placas solares, de los que deberíamos sentirnos orgullosos, sino en su alto coste. Renovables y cogeneración llegaron a sumar 9.000 millones al año en primas, aparte del dinero que reciben en el mercado”.
El primer Gobierno de ZP dio el espaldarazo al boom renovable con un decreto en 2007 que fijó unas retribuciones a las energías verdes muy atractivas. Probablemente eran ayudas necesarias para impulsar casi desde cero el sector de las energías verdes, pero posteriormente se demostraron impagables no sólo por la crisis, sino también por no haber puesto durante un tiempo ningún control a la construcción de nuevas instalaciones. Y fue el segundo Gobierno de Zapatero, entonces con Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria, el que aplicó ya en 2009 los primeros recortes a las ayudas y puso freno al crecimiento descontrolado.
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Prácticamente desde la nada, España pasó a convertirse en una auténtica potencia en renovables. La eólica pasó de 3.400 megavatios de potencia en 2001 a casi 22.800 en 2013. La termosolar alcanzó en 2012 cerca de 2.800 megavatios. La fotovoltaica fue la que vivió un auténtico boom, en el que participaron tanto grandes empresas como decenas de miles de pequeños inversores que vieron la oportunidad de destinar sus ahorros a una rentabilidad segura y garantizada por el Estado, y que permitió superar los 3.000 megavatios en apenas un año y alcanzar los 5.000 megavatios en 2012, diez veces más de lo planificado.
La ausencia de control político hizo que la fotovoltaica “se desbordase y pasase a suponer un coste permanente durante lustros de 2.700 millones al año, diez veces más de lo previsto. Fue ésta la única tecnología renovable que desbordó los objetivos de la planificación, fruto de un estado de locura transitoria provocado por las estupefacientes rentabilidades ofrecidas”. Unas retribuciones que establecían rentabilidades del 9% durante 25 años y financiación preferente para hasta el 80% de la inversión.
La ‘trampa’ a las renovables
Lo cierto es que cuando el boom de las renovables comenzó en 2007 el sistema eléctrico ya acumulaba un déficit de tarifa que se acercaba a los 10.000 millones, pero en los años posteriores se fue disparando hasta contabilizar entre 4.000 y 5.000 millones adicionales en cada ejercicio.
Y de hecho, el agujero venía alimentado por la propia regulación, que contenía un elemento de efectos perversos: la capacidad de las renovables para contener el precio de la electricidad en el mercado mayorista hacía que se disparara la parte de los costes reconocidos del sistema para alcanzar la rentabilidad que la normativa garantizaba a las energías verdes, incrementando así el agujero financiero. “Las tecnologías verdes cayeron en una trampa regulatoria de difícil escapatoria y pasaron a convertirse en el principal coste generador del déficit de tarifa (…). Estaban condenadas a ser el chivo expiatorio del accidente eléctrico”. Cuanto más bajaban las renovables el precio de la electricidad, más déficit creaban. Y así se convirtieron el sospechosas habituales y en objeto de todos los recortes posteriores.
La crisis económica fue un empujón definitivo para descuadrar las cuentas del sistema. Con todos los costes del sistema creciendo, la caída del consumo por el parón económico contuvo en la misma medida los ingresos. La demanda eléctrica en 2013 volvió a los niveles de 2005. “Lo desproporcionado del gasto hizo que a los pocos años, con el azote de la crisis económica, el país tuviese unas nuevas y brillantes infraestructuras eléctricas, pero poco dinero para pagar la deuda sobre las que se habían levantado”, se advierte en el informe. Y ni siquiera las fortísimas subidas del recibo servían para cubrir la enorme, y creciente, deuda.
La reforma eléctrica de Rajoy
La reforma eléctrica emprendida por el Gobierno de Rajoy fue dura… y por capítulos. Las medidas se fueron repartiendo a lo largo de la legislatura. El objetivo era taponar la sangría y conseguir que dejara de engordar el déficit de tarifa, lo que sucedió por primera vez el año pasado. Pero a un alto coste.
Para ello el Ejecutivo aplicó fortísimos recortes en casi todos los costes regulados (con las renovables como principales damnificadas, pero con tijeretazo en todas las partidas, también las que más afectan a las eléctricas tradicionales); se crearon o subieron impuestos por doquier a todos los tipos de tecnologías para elevar los ingresos del sistema; en los primeros años de legislatura se siguió subiendo el recibo a los consumidores (con tímidas rebajas en 2015, el gran año electoral); se acabó con las subastas trimestrales y se entregó el poder en la formación del precio al mercado diario; se abrió la puerta a la tarifa por horas a base de contadores inteligentes (que no estarán totalmente implantados hasta 2018)…
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Y también el Ministerio de Industria, con José Manuel Soria al frente, aplicó recién comenzada la legislatura una moratoria a las renovables, para luego reinventarse con carácter retroactivo el modelo de retribución, dejando el jaque a gran parte del sector verde (principalmente el vinculado a la solar). Otro golpe a las renovables fue que, como corolario de la legislatura, se creó el ‘impuesto al sol’ para controlar (¿impedir?) la expansión del autoconsumo. Medidas que están en el origen de decenas de recursos nacionales e internacionales que han judicializado (una vez más) la política energética.
Entre las medidas más incomprensibles de la reforma está la decisión de poner fin a las medidas del incipiente programa de eficiencia y ahorro energéticos del Gobierno anterior, porque subir el consumo eléctrico se convirtió en un objetivo en pleno parón por la crisis económica. Entre las más impopulares, la de elevar 12% el coste del término de potencia (la parte fija) que abonan los clientes en su recibo, con lo que los usuarios pagaban más aunque se redujera el consumo. Y entre las más cómicas, la de ‘regla de oro presupuestaria’, que obliga a que todo superávit del sector ha de destinarse a reducir la deuda, y que en sólo un año después haya buscado atajos para saltársela.
“De todas las causas que propiciaron el desastre eléctrico, solo una, la crisis y la consecuente caída de la demanda, es exógena. El resto ha sido fruto de decisiones políticas, ya sea por planificaciones excesivas, por electoralismo o por connivencias con algunas empresas”, concluye el informe. Y ahora el monstruo, parece, no seguirá creciendo. Pero va a costar acabar con él, porque ese agujero de casi 30.000 millones lo vamos a pagar entre todos, con intereses, al menos durante los próximos quince años.
