Tres días después de la consumación del órdago independentista en Cataluña, el Gobierno de Mariano Rajoy comienza a mover ficha. Su intención es abrir el melón de una muy limitada reforma constitucional, con la que pretende, por un lado, hacer frente al desafío secesionista y, por otro, contrarrestar el ambiguo modelo federal que propone el PSOE. La hoja de ruta del Ejecutivo popular pasa por mantener el actual modelo autonómico, delimitando con claridad –eso sí- las competencias del Estado y las de las regiones y mejorando los mecanismos de cooperación.
Tal vez muchos ciudadanos pueden pensar que el anuncio de una reforma de tanto calado como es la constitucional –aunque sea limitada- no merecía que fuera realizado en pleno de mes agosto, con medio país de vacaciones, y por boca del ministro de Justicia en una entrevista a una agencia de noticias.
Quizá mucho opinen que el asunto requería una declaración del jefe del Gobierno ante el Parlamento o, como poco, ante toda la prensa. Precisamente, Rajoy perdió una magnífica oportunidad para anunciar la apertura del melón, cuando el pasado martes convocó a los periodistas en su lugar de retiro –Huelva- con el objetivo de salir al paso del decreto de elecciones plebiscitarias, en cuyo texto estampó su firma el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Lo cierto es que tuvo que ser el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien señalara ayer la predisposición del Gobierno a modificar la Constitución, tras toda una larga legislatura de negativa a hacerlo por parte de Rajoy. En una entrevista concedida a la agencia Europa Press, el titular del departamento de Justicia recalcó que “hay derechos de nuevo cuño que, seguramente, se han consolidado en los últimos tiempos y que podrían tener mejor acogida en la Constitución”.
Más mecanismos de cooperación entre autonomías
Catalá se esforzó por dejar claro que el Estado autonómico podría estar mejor definido en la Carta Magna, delimitando con claridad las competencias del Estado y las de las regiones y nacionalidades. “Se podría aprovechar la experiencia de 37 años de historia nuestro actual texto constitucional para ver cómo se refuerzan los mecanismos de coordinación y cooperación”, apostilló el ministro.
La pretensión del Gobierno con el anuncio del titular de Justicia es doble: por un lado, frenar el desafío secesionista con unos mayores mecanismos de cooperación, algo que, a la postre, significaría más dinero para las arcas de Cataluña; y, por otro, neutralizar la apuesta federal del PSOE con un reforzamiento del modelo autonómico.
Los cambios que planea el equipo de expertos del que se ha rodeado Pedro Sánchez pasan, fundamentalmente, por transformar la España autonómica en una federal. Los objetivos de la reforma que ya ha presentado el Grupo Socialista en el Congreso no son otros que delimitar la atribución de competencias, consagrar los principios del sistema de financiación, fijar instrumentos concretos de cooperación y lealtad institucional, reconocer eficazmente las singularidades y hechos diferenciales de algunas comunidades autónomas, determinar la financiación y competencias de las entidades locales y redefinir el papel y la composición del Senado.
Evidentemente, no habría problema en que los partidos mayoritarios se pusieran de acuerdo en delimitar la atribución de competencias y reforzar los instrumentos de cooperación, pero los socialistas quieren ir más allá de lo que propone el Gobierno, sobre todo en lo relativo a darle un carácter federal y asimétrico al Estado, abriendo la espita del reconocimiento de los hechos diferenciales.
De todas formas, no hay consenso en este punto en las filas socialistas. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no tiene reparos en enfrentarse a Pedro Sánchez y ya ha avisado que no permitirá que haya autonomías de dos velocidades.
De momento, el secretario de Política Federal de la Ejecutiva socialista, Antonio Pradas, se apresuró a contestar al ministro de Justicia, tachando de frívolo el hecho de que el Ejecutivo lance en pleno verano una reforma constitucional de tan poco calado.
Tras calificar de cortina de humo del ministro de Justicia para tapar los problemas del Gobierno –en especial, aquellos relacionados con el desafío catalán-, Pradas instó al Gabinete de Rajoy a que ponga en marcha su propuesta de reforma constitucional, presentado la iniciativa correspondiente en el Congreso de los Diputados, algo que ya ha hecho el PSOE.
La igualdad de género en la sucesión de la Corona
Durante su entrevista con la agencia Europa Press, el titular de Justicia deslizó otros asuntos –menores- que el Gobierno quiere que tengan cabida en la reforma constitucional, como es la eliminación de la preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona. “Este tema –dijo Catalá- puede abordarse perfectamente y con un buen consenso social”.
Otras de las cuestiones que pueden entrar en la reforma constitucional del Gobierno serían la eliminación de artículos con una naturaleza meramente transitoria, como por ejemplo, aquellos relacionados con el acceso a las regiones y nacionalidades a la autonomía, y la supresión del aforamiento para los diputados autonómicos.
