Algo está podrido en el estado de la regulación. Analicemos los hechos: Telefónica acordó pagar 600 millones de euros por los derechos del fútbol durante una temporada, confiando en recuperar parte de esa suma, y presentó ofertas de 25€/mes, mucho más baratas de lo que había sido nunca en España una propuesta con todo el fútbol incorporado, con el razonable objetivo de recuperar la inversión. Pero no se esperaba lo que iba a pasar a continuación.

Vodafone se vio obligada a decidir entre no comprar el fútbol, pagar 130 millones de euros para tener apenas unos pocos miles de clientes a un precio algo más bajo que el de Telefónica, o poner toda la carne en el asador y utilizar ese dinero como inversión para retener a su base y para captar nuevos abonados. Ha optado por la tercera opción, y por todo lo grande, con una oferta de 6€/mes en un paquete con toda la Liga y la Champions que, básicamente, supone regalar la Liga y vender la Champions a poco más que el precio de coste a los clientes que ya tengan televisión.

Hagamos las cuentas. A 6€/mes, IVA incluido, durante alrededor de 10 meses, y contando con los cerca de medio millón de clientes incluidos en los mínimos garantizados, Vodafone cobrará 30 millones de euros. Y eso si consigue medio millón de clientes, lo que suena a disparate. Buena parte de esos (pocos) millones estará destinado a pagar la Champions a Mediapro. Los británicos van, básicamente, a regalar la Liga. 130 millones directos al bolsillo de los clientes más futboleros.

Telefónica, por su parte, no podría ofrecer precios más bajos ni aunque quisiese. Vodafone va a vender muy por debajo de costes, pero Telefónica está obligada a comercializar ofertas aprobadas por el regulador que tengan en cuenta unas estructuras de precios que Vodafone ha ignorado por completo y Orange, al menos en parte. Está atrapada en la paradoja de ener que pensar que sus rivales no van a tirar el dinero cuando, de hecho, ya han anunciado que piensan hacerlo. La operadora gala, además, ofrece el fútbol a precios más bajos a clientes que aún no tienen televisión, si bien es cierto que su producto es básicamente un servicio a travès de Internet (OTT) y difícilmente podrá ofrecerlo con la calidad que sí pueden servir tanto Movistar como Vodafone. 

¿Y de quién es la culpa?

En el escenario ideal para Movistar, y probablemente el planeado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, Vodafone y Orange le habrían ayudado a pagar por la inversión y habrían cobrado precios mucho menos competitivos. Ha sido la opción escogida por Telecable, que tiene Asturias bajo control y no espera una pérdida dramática de clientes si es capaz de mantenerse algo por debajo de Telefónica -aunque no tener los derechos del Oviedo en la Liga Adelante le escueza-. La opción de Orange, con una cierta subvención, también estaba contemplada por los azules.

El problema es que, como decía Monty Python, nadie esperaba a la inquisición española. Vodafone apostó por algo que, en los tiempos del «oligopolio competitivo» suena a chufla: competir a cara de perro. Por cada cliente de Vodafone/Ono al que le he dicho cuál será el nuevo precio del fútbol, la expresión ha sido de sopresa maravillada, satisfacción con el operador y dudas sobre cuándo firmar. Vodafone se va a dejar 130 millones de euros en la mejor campaña de marca que recuerdo, especialmente teniendo en cuenta que la compañía necesitaba desesperadamente un giro radical en la percepción del público. De repente, son «los del fútbol barato», y eso en España es decir mucho. Si a eso le sumas un paquete de estrenos por 9€/mes, un pacto para comercializar Netflix e incorporar su programación en la plataforma TiVo y el objetivo de ser agresivo en los mercados de series en un futuro, la jugada les ha salido cara, pero redonda.

Salvo que los británicos sean muy torpes en la comercialización, Movistar se ha visto atacada por una regulación que, en principio, le favorecía mucho. Como la CNMC forzó mínimos garantizados en los derechos del fútbol, y como estos imponían barreras de entrada muy altas, Vodafone y Orange no tuvieron argumentos para apostar por una postura conservadora. O pagaban un porrón de dinero por unos derechos difíciles de amortizar, o lo pagaban sin pensar siquiera en cómo amortizarlos. La CNMC hizo la mayor invitación al dumping que se recuerda. Con ironía incorporada: si Vodafone y Orange hubieran lanzado propuestas similares a las de Telefónica, yo mismo estaría escribiendo sobre prácticas anticompetitivas y fijación de precios. Porque no tendría ningún sentido.

¿Cómo podía haber hecho las cosas de un modo diferente el regulador? En realidad, hubiera bastado con permitir una estructura de costes similar a la de otros canales: tantos clientes consigues, tanto pagas por ellos. Pero el regulador consideró necesario recompensar el riesgo corrido por Telefónica a la hora de hacer la adquisición de derechos y, en lugar de eso, creó una situación tan descabellada para Orange o Vodafone, que hicieron que la única forma razonable de competir fuese asumir el dispendio, tirar el dinero y hundir el valor percibido del único producto por el que los españoles parecen dispuestos a pagar. Aunque, por supuesto, todo es más fácil de señalar a toro pasado. 

¿Pero qué pasará a partir de la próxima temporada? En octubre o noviembre comenzará el proceso de venta de las tres temporadas siguientes, y Telefónica va a seguir sometida a las mismas obligaciones de comercialización por las condiciones fijadas tras la compra de Canal+. ¿Le hará la jugada de Vodafone desistir de volver a pujar por los derechos? En ese caso, podría haber sólo una compañía interesada, Mediapro, de manera que la puja perdería gas y difícilmente veríamos una nueva factura de 600 millones. 

Porque los españoles somos notablemente cabezotas. Si todo el fútbol cuesta 6 euros al mes, debe de ser porque eso es lo que vale. Si este silogismo cala entre los usuarios, entre todos le habrán hecho un flaco favor a la Mejor Liga del Mundo (TM).

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