El organismo solicita al Consejo de Transparencia una prórroga para entregar varios informes considerados confidenciales y en los que se alertan de las dudas sobre la calidad de los terrenos elegidos en Villar de Cañas para instalar el almacén de basura nuclear.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está obligado a difundir parte de los informes clasificados como confidenciales y que ha utilizado en el proceso para dar el visto bueno a las autorizaciones para construir el cementerio nuclear de Villar de Cañas, en Cuenca. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTyBG) -organismo que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia- ordenó al CSN a hacer públicos dos documentos que podrían ser comprometedores por incluir dudas sobre la calidad de los terrenos elegidos para ubicar el almacén nuclear. Y le dio un plazo de quince días hábiles para hacerlo, un plazo que expira la próxima semana.
El Consejo de Seguridad Nuclear, sin embargo, ha pedido más tiempo para cumplir con la resolución. El supervisor del sector nuclear ha solicitado al Consejo de Transparencia una prórroga de otros quince días habiles para difundir los dos informes, escudándose en que debe consultar a los autores de los documentos -la consultora estadounidense URS y la Universidad de Cantabria- si existe algún problema de confidencialidad con alguna parte del contenido de los mismos, según confirman a SABEMOS fuentes conocedoras de la situación.
La obligación del CSN de hacer públicos los informes ‘secretos’ es consecuencia de una reclamación de la ONG Transparencia Internacional España (TI). La organización realizó el año pasado una petición formal de información adicional a la cúpula del CSN en la que solicitaba que se le facilitara todos los informes en que se recogen advertencias de los expertos sobre la mala calidad de los terrenos elegidos en Villar de Cañas para instalar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radioactivos Y es que existen, como mínimo, serias dudas sobre la idoneidad del suelo y la posibilidad de que su composición –de yesos y arcillas- pueda provocar la aparición de agujeros en las proximidades del cementerio nuclear. Y, con ello, se pone en cuestión la seguridad misma del proyecto.
Transparencia Internacional-España solicitó un completo listado de documentos sobre el proceso de autorización del silo nuclear. Entre ellos, la ONG reclamó los informes geotécnicos encargados ya en 2012 por Enresa –la empresa pública encargada de la gestión de los residuos nucleares- para determinar la seguridad de los terrenos y en los que presuntamente se advertía de la falta de idoneidad del suelo por su composición. Y TI también solicitó que se le entregara el estudio de la consultora estadounidense URS, éste encargado por el propio CSN, en que también se alertaba de que el emplazamiento era inadecuado. La respuesta del CSN a la petición de Transparencia Internacional fue, en el mejor de los casos, incompleta, remitiéndose a la información pública recogida en su web. Pero en esa documentación pública nunca han figurado los informes más comprometedores reclamados por TI-España.
Ante la negativa del supervisor, la ONG denunció al CSN ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo público encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de las administraciones. Hace tres semanas, el Consejo de Transparencia, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pero orgánicamente independiente, emitió una resolución en la que obliga al CSN a facilitar sólo dos de los documentos reclamados: un informe sobre la geotecnia de los terrenos, en que participó la Universidad de Cantabria, y otro sobre las características y composición del suelo, de la consultora URS. La petición de publicación de otros cuatro documentos más fue desestimada.
El Consejo de Seguridad Nuclear aprobó el 27 de julio su informe favorable a la autorización de emplazamiento del almacén nuclear de Villar de Cañas, lo que en la práctica supone ratificar la idoneidad de la ubicación elegida para albergar la instalación. Sin embargo, incluso en el propio informe aprobado por el organismo se recogían las dudas de su cuerpo técnico sobre la calidad de los suelos y se emplazaba a hacer nuevos estudios en las próximas fases del proceso. Ahora el organismo avanza en los trabajos para dar el visto bueno a la autorización de construcción del cementerio nuclear, el siguiente paso en el proceso de licenciamiento del polémico proyecto.
Ha sido la persistencia de la ONG Transparencia Internacional (TI)la que ha hecho posible que se vayan a hacer públicos parte de la documentación sobre el almacén nuclear de Villar de Cañas que el CSN ha mantenido como confidencial, en algunos casos durante años. Y ahora, con la petición del supervisor de más tiempo para difundir los informes, TI-España ve peligrar su objetivo de que los ciudadanos tengan acceso a esa información sensible.
«Nuestra valoración de la petición de ampliación del plazo de entrega de los dos informes ha de ser necesariamente negativa», explica a SABEMOS Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España. «Por una parte, se retrasa la llegada de esa importante información a lo ciudadanos», advierte, «y, por otra, surge el riesgo de que en ese proceso dilatorio de comprobación de la posible confidencialidad de alguna información, se recorte finalmente el contenido que se llegue a publicar de ambos informes, con lo que igualmente se resentiría sustancialmente la transparencia social en un tema tan significativo como éste».
