Ecologistas en Acción ha denunciado ante los ministerios de Educación y Formación Profesional, por un lado, y de Trabajo y Economía Social, por otro, que la Xunta de Galicia concedió «arbitrariamente» a la Cámara Oficial de Minería de Galicia «casi 200.000 euros del fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)». Si bien el aporte está destinado a realizar actividades de capacitación, desde la organización ecologista indican que el lobby minero no cuenta con competencia y experiencia docente acreditada.
Galicia ha transferido la gestión de las políticas de empleo, que incluyen la formación continua de personas ocupadas o desempleadas, lo que justifica la dotación de estos fondos específicos. Sin embargo, la normativa establece que los fondos del RETC deben adjudicarse mediante concurso público y entidades autorizadas certifican los certificados para que la capacitación sea válida. Las entidades beneficiarias deberán estar inscritas como centro de formación en el registro de centros del SEPE y además acreditar la competencia y experiencia del personal docente que imparte la formación y demostrar que disponen de unas instalaciones adecuadas.
Ecologistas en Acción destaca que esta normativa se crea precisamente para garantizar la calidad de la formación recibida, evitando el uso de «chiringuitos», como ocurrió en el pasado, algo que precisamente no ocurrió con la Cámara Minera, «que está recibiendo fondos directamente del exterior, de convocatoria pública, sin acreditación para realizar actividades formativas y sin estar inscrito en el catálogo de entidades formativas».
Para la organización, este caso ilustra el desvío irregular de fondos públicos que en el acuerdo se adjudicará «a mano» a la Cámara Minera, 549 euros por participante para una formación básica y no formal en modalidad de teleformación, cuando la orden reglamentaria establece un tope de 315 euros. Dicen que se trata del «caso más reciente de transferencia de fondos públicos al lobby minero, que en los últimos años ha recibido más de un millón de euros para actividades de saneamiento de la industria minera».
En 2023, la Cámara de Minería intervino para defender la mina de San Finx, afirmando que no había ningún daño a las aguas, al igual que la propia Xunta de Galicia sancionó a la mina con una multa de 180.000 euros por vertidos ilegales. El presidente de la Cámara, que también es empleado de la empresa minera Penouta, a juicio de los ecologistas, «involucró a la organización en movilizaciones para intentar influir en la decisión judicial del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de suspender la actividad de la que hasta entonces era la única mina de metal en funcionamiento».
Según Ecologistas en Acción, la Xunta de Galicia «está financiando una entidad que anuncia como inofensivas y sostenibles explotaciones mineras que han sido sancionadas por sus graves y continuos vertimientos de residuos mineros». Por eso, ha instado a la Xunta a que anule el convenio firmado con la Cámara Minera y no financie más a esta entidad». También exigen la retirada de las competencias públicas otorgadas por el Gobierno de la Xunta a este organismo, incluida la gestión del Catastro Minero, ya que en ninguna otra comunidad autónoma se ha privatizado de esta forma la gestión de un registro público de este tipo», concluyen.
