CEAR ha señalado que las 168 personas migrantes que fueron rescatadas por el patrullero Río Tajo el pasado jueves, se encuentran bajo jurisdicción española al estar bajo control efectivo de la Guardia Civil. Por este motivo, reclama que se garantice el Convenio Europeo de Derechos Humanos antes de trasladarlas y devolverlas a un país como Senegal para no incurrir en una posible vulneración de la legislación internacional, ya que podría ser considerada una posible devolución colectiva.
Entre otras cuestiones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dicta que estas personas tienen derecho a ser informadas por personal capacitado con el apoyo de intérpretes y asesores legales. El Alto Tribunal pone especial énfasis en garantizar que no se devuelva a personas a países donde sus derechos y sus vidas puedan correr peligro. Además, subraya la importancia del acceso a procedimientos individualizados y a recursos efectivos en los cuales se puedan identificar y evaluar individualmente las circunstancias de cada persona.
Posible necesidad de protección internacional
Entre las personas rescatadas podría haber personas necesitadas de recibir protección internacional. «Algo que debe tener en cuenta la Guardia Civil a la hora de informarles debidamente, registrar su solicitud en caso de que sea necesario y trasladarlas a España para que puedan formalizarla ante las autoridades competentes», explica la organización.
Además, alerta de que en estos momentos «en Senegal no se garantizan los derechos a gran parte de su población por la creciente inestabilidad que vive el país», donde miles de personas han sido detenidas por manifestarse contra el Gobierno, incluido el principal líder de la oposición que actualmente se encuentra en la cárcel.
“El Ministerio del Interior debe paralizar inmediatamente esta devolución para no vulnerar nuestros compromisos y obligaciones internacionales. Devolver a estas 168 personas a un país como Senegal, que atraviesa una delicadísima situación política y social, podría suponer una grave vulneración de derechos y considerarse una devolución colectiva”, denuncia Estrella Galán, directora general de CEAR.
Otro fracaso de la externalización de fronteras
Según la organización, este caso «es un claro ejemplo del riesgo que entraña para la cooperación al desarrollo y los derechos los acuerdos condicionados al control migratorio o a la externalización de fronteras. Mauritania se ha convertido en los últimos años en un socio estratégico para frenar las llegadas de personas migrantes a España y Europa, a costa de los derechos humanos. Sin embargo, en esta ocasión, ni siquiera las ingentes cantidades de dinero que recibe el país africano han sido suficientes para que abran sus puertos a las personas rescatadas en sus aguas».
Por este motivo, CEAR lamenta que «se siga apostando por políticas migratorias demostradamente fallidas, en lugar de poner en el centro a las personas y sus derechos, habilitando vías legales y seguras para que nadie se vea obligado a subirse a una embarcación precaria y a jugarse la vida» en su intento de llegar a Europa.
