Tenemos un Gobierno que en economía actuará con mayor o menor acierto, según la opinión proceda de unos o de otros, pero cuando se tira a la piscina de la política pura hace que el precio del pan se dispare. La última memez de grado superlativo que ha cometido ha sido el mirar para otro lado cuando se conoció la decisión judicial de convocar a Arturo Mas por su burla legal con la caricatura de referéndum del 9-N, tolerada –no lo olvidemos- desde La Moncloa en una sonrojante dejación de funciones. ¡Esa ridícula medida llega inmediatamente después de las llamadas “plebiscitarias”, que han fracturado a la sociedad catalana de forma quizás irreversible, y en fecha-aniversario del “asesinato legal” por Franco, tras torturas, de Lluís Companys! Es decir, una vez reunidos en la olla los ingredientes necesarios, racimos de guindillas sobre todo, para que de ahí salga una bullabesa indigerible que termine de poner patas arriba la cosa .

Se defiende el equipo popular escudándose en la “independencia judicial”. ¡A otro perro con ese hueso! ¡Como si en este país no conociéramos bajo qué parámetros se mueve la Justicia, sobre todo la Fiscalía, cuando la Administración le argumenta sobre la oportunidad o no de ciertas actuaciones! Lo que ocurre es consecuencia directa de la estulticia –no se me ocurre otra palabra- del ministro y su cuadrilla de asesores, que no supieron ver que brindaban a los independentistas una nueva ocasión de armar follón y apoderarse de la calle en nombre del sempiterno  victimismo.

¡Miento! La responsabilidad final de esta nueva torpeza no se queda en Rafael Catalá. Hay que buscar más arriba.

Y, sin embargo, esta pifia ya no es lo más grave, con serlo en grado superlativo. Veamos cuál lo es, en mi modesta opinión.

El acoso y derribo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el gentío que acompañó  al imputado Mas hasta su sede demuestra, y lo decimos por enésima vez en esta columna, que una de las razones –apuesto a que la más decisiva- de la implosión soberanista que se ha apoderado de Convergencia, enviando al basurero de la historia su catalanismo moderado, es que el actual TSJC no es el que ellos necesitan y quieren. Pocos de los jueces que hoy forman parte de él sobrevivirían a la purga que una Generalitat independiente ejecutaría con el mismo rigor que en su momento exhibieron Hitler y Stalin. En menos que canta un gallo, no quedaría ni el recuerdo de ellos, sustituidos que serían por los que hayan superado el  castin realizado hace escasas semanas entre magistrados de irrestricta confesión antiespañola y con manifiesta vocación de hacer borrón y cuenta nueva con las tropelías pendientes de los suyos.

No olvidemos que detrás de Convergencia se esconde la Cataluña delincuente del pujolismo, y detrás del pujolismo se camufla buena parte de lo más granado de la alta burguesía -beneficiaria durante décadas de todo lo que oliera a trampas con los dineros públicos- y de la menos ilustrada, receptora de las migajas a repartir e ingenua cegada por la  impresentable mitología que un periodismo frecuentemente comprado predica hasta llegar al lavado de cerebro.

Claro que –reconozcámoslo- en este punto de la comida de coco, el Gobierno del PP no es inocente de esa receptividad que esos amanuenses encuentran. La exacerba el desprecio que sienten hacia sus señales de descontento. Se ha hecho una y otra vez  el sordo y se ha enrocado en posiciones irreductiblemente inmovilistas que configuran la soberbia del necio, habitual invocador de Santa Bárbara sólo cuando truena. Y eso, tras la etapa de Zapatero, el hombre que menospreciaba el Estado  y consideraba “discutido y discutible” el concepto de nación española, en la que la Constitución deposita la soberanía popular.  Además de haber incentivado la disgregación nacional, promoviendo, sin que nadie se lo pidiera, un nuevo Estatuto catalán con poderes casi omnímodos.

Pero llegamos a lo que considero todavía más grave que la idiotez de Catalá al no atajar el supino desacierto de proporcionar a Mas el nuevo show que estamos viviendo: el tolerar que organizaciones reconocidas e incluso subvencionadas organicen motines callejeros para coaccionar sin disimulo a un TSJC que ha actuado en estricta legalidad, aunque con inconveniencia manifiesta por la incompetente inhibición de Rajoy y su equipo.

¿Hasta cuándo esta Administración va a mirar hacia el Guadalquivir  cuando el incendio está devorando los bosques del Ebro, y viceversa? Se intenta tapar la huida de ayer con la cobardía de hoy. Es como si ella hubiese inventado la frase adjudicada a un combatiente fascista italiano al soltar el fusil en Guadalajara y echar a correr en dirección contraria a por donde llegaban los republicanos: “soldado que huye, vale para otra guerra”. A mí me parece que no. Que valdrá para procrear, para faenar la cosecha, hasta para arrancar dientes de oro de las bocas de caídos. Pero no para otra guerra.

Si el Estado no recoge tampoco este guante, ¿qué hará? ¿Recurrir otra vez al Constitucional? ¡Por favor, a los rupturistas les duelen las mandíbulas de tanto reír por esa permanente flojedad pepera que les permite hacer lo que les viene en gana y lleva, encima, agua abonada a los campos que han sembrado! Yo no voy a decir que se suspenda la autonomía, ni que se “federalicen” los mossos de escuadra, ni que se resucite a Miláns del Bosch para enviar a Cataluña  la fantasmal división acorazada Brunete, ya fenecida.  ¡Dios me libre! No es mi tarea concretar cuál puede ser hoy la eventual mano dura que deba utilizarse.

Pero como ciudadano sí es asunto mío preguntar al Presidente: ¿por qué voy a creerle cuando dice que es usted el único garante de la unidad nacional y del cumplimiento de la legalidad, a empezar por la ley de leyes que es la Constitución? Deme, por favor, razones, alguna razón por mínima que sea, para tenerle fe.

Porque, hoy por hoy, Sr. Rajoy, y diga usted lo que diga, la impresión general es que, en Cataluña, el poder está en la calle.

 

 

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