Un amplio informe relativo al saneamiento y depuración en Andalucía, basado en el control que ejerce la Administración hidráulica andaluza de las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) de más de 2.000 habitantes del año 2021, con el objeto de evaluar el cumplimiento de la normativa estatal sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, ha revelado que, en el último año ha aumentado el porcentaje de depuradoras que no cumplen la normativa, situándose en el 34,67%, cuatro puntos por encima del año anterior. Y este dato se desprende del análisis de menos del 50% del total de depuradoras construidas en Andalucía, que según el último Informe de Medio Ambiente se sitúa en 681.
A nivel provincial es donde se reflejan mejor las diferencias con respecto al año anterior, así Córdoba y Huelva se mantienen prácticamente en los mismos porcentajes que en 2020. Sin embargo, las provincias de Almería, Málaga, Jaén y Granada han empeorado, destacando negativamente esta última con 27 puntos porcentuales menos. Solo Cádiz y, sobre todo, Sevilla mejoran respecto al año anterior. De todas ellas, Córdoba sigue siendo la provincia con mejores porcentajes de conformidad, con algo más del 88%. Le sigue Huelva casi con el 85% (en 2018 tenía poco más del 58%) y Sevilla, que pasó del 59% en 2018 al 80% en 2021. Por último, Málaga, Almería y Granada se sitúan alrededor del 50% de cumplimiento, Jaén con algo más del 55% y Cádiz en el 61%.
En este informe también se recoge el balance de ingresos y gastos del canon de mejora autonómico, donde los ingresos totales del mismo ascienden a más de 1.000 millones de euros (140 millones sólo en 2020). En cambio, nada más se han ejecutado y financiado con cargo a los ingresos del canon de mejora autonómico 259 millones de euros. La desviación de los ingresos frente a la inversión ejecutada asciende a casi 750 millones de euros.
Infraestructuras declaradas de interés autonómico
Asimismo, en los tres últimos años se ha acelerado de forma notable las infraestructuras pendientes que se declararon de interés autonómico en 2010, lo que debe afectar -cuando funcionen a pleno rendimiento- al cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas receptoras del efluente depurado.
Ecologistas en Acción exige a las Administraciones responsables- Local, Autonómica y Estatal- «la ejecución de las actuaciones pendientes y que aceleren los procedimientos administrativos necesarios y no escatimen los ingresos del canon para su ejecución».
Varios procedimientos contra España
Andalucía y España tienen un serio problema en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, motivo por el que existen cinco procedimientos de infracción contra nuestro país, de los que dos acabaron en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La mayor multa que pagamos a Europa -algo más de 63 millones de euros- corresponde al incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
«Y el panorama no parece que vaya a resolverse de forma inmediata, ya que, en el mejor de los escenarios, España asume que seguirá pagando la multa millonaria hasta 2025, siempre que no ocurran retrasos que ni mucho menos se pueden descartar».
Además, en breve podrían llegar nuevas multas, ya que en abril de este año la Comisión inició otro procedimiento de infracción (dictamen motivado) por el incumplimiento de 63 aglomeraciones urbanas repartidas por todo el territorio nacional, algunas de ellas en Andalucía. Para la Comisión, hay depuradoras que deben construirse o mejorar la actual infraestructura, lo que requiere inversiones, un extremo que, según Ecologistas en Acción contrasta con las «irresponsables palabras del recién reelegido Presidente de la Comunidad Autónoma, en las que afirmaba que se dejará de cobrar (durante 1 año) el canon de mejora, impuesto de carácter finalista destinado precisamente a solventar los problemas de saneamiento y falta de infraestructuras para tratar correctamente las aguas residuales urbanas».
No es la primera vez que los ecologistas advierten del problema existente en Andalucía, con municipios que siguen sin tratar adecuadamente sus aguas residuales «y cuyo incumplimiento nos seguirá costando centenares de miles de euros en multas, sino que la situación de las que están funcionando es también muy preocupante», razón por la que reclaman a los Entes Locales -en función de lo recogido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local-, que asuman las competencias en materia de tratamiento de aguas residuales.
«Que faciliten los terrenos para ubicar la depuradora, expropiando si es menester, agilizando permisos y, sobre todo, asumiendo con posterioridad las operaciones de mantenimiento de las mismas, el verdadero problema para garantizar el correcto cumplimiento de la normativa de aguas residuales urbanas».
Y a las Administraciones Central y Autonómica, como responsables de la ejecución de las obras de saneamiento y depuración en función de la declaración del interés en uno u otro sentido, les exigen que «activen y pongan en marcha los convenios con los ayuntamientos para priorizar actuaciones, pues es una urgente necesidad que las Administraciones competentes se marquen el vertido 0 como primer y único objetivo a corto y medio plazo. La salud de las personas y el medio ambiente no admiten más retrasos», concluyen.
