La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM CLM), tras una reunión con el Viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar Aráez, ha manifestado que «algunos expedientes, incluidos atestados por presuntos delitos formulados por los Agentes Medioambientales en el ejercicio de sus funciones y dirigidos a los órganos judiciales, no están llegando a su destino».
Esta problemática viene dada por una instrucción interna que les impide acudir directamente a los juzgados salvo “delito flagrante”. Y que según APAM CLM no está funcionando adecuadamente, dando como resultado «la paralización de numerosas causas».
Al ser preguntada por los medios de comunicación, la consejera de Desarrollo Sostenible ha contestado a los Agentes Medioambientales que “si realmente tienen casos concretos en los que se esté eludiendo la responsabilidad de los mismos les rogaría que me lo dijesen (…) y si realmente ven que hay una negligencia que lo demostrasen en los tribunales”.
Respecto a la controversia, Ecologistas en Acción, ha mostrado su preocupación a lo largo de los últimos años «por las dificultades que se ponen desde la Junta a que los Agentes Medioambientales cumplan con las funciones que tiene encomendadas y que dan como resultado la impunidad de los delincuentes ambientales. Y que en conjunto responden a una deriva economicista del Gobierno Regional muy preocupante».
Ecologistas en Acción CLM ha mostrado su estupor por las declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible «pues precisamente, estos problemas han sido transmitidos en numerosas ocasiones por Ecologistas en Acción tanto en reuniones con los responsables políticos de la Junta, como en diversos foros participativos como el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)», aseguran.
Para ilustrar la inacción de la administración regional en casos denunciados por los Agentes Medioambientales, aunque la APAM CLM tiene conocimiento de muchos más, citan dos episodios recientes. Por un lado, la destrucción en Yeles (Toledo) de parte de la mayor población castellano-manchega de una planta en peligro de extinción. Las denuncias las iniciaron los Agentes Medioambientales y posteriormente Ecologistas en Acción también actuó, «pero no fueron tramitadas desde la dirección de la Consejería de Desarrollo Sostenible a los tribunales, a pesar de la gravedad de los hechos que podrían ser tipificados como delitos contra los recursos naturales».
Por otro lado, el caso de la Cañada del Mostajo (Cuenca). «En esta ocasión, son los Agentes Medioambientales los que redactan las diligencias por un presunto ilícito penal. Habiéndose presentado ante los servicios jurídicos de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Cuenca, fueron retenidos por este mismo servicio, siendo los agentes denunciantes los que tuvieron que trasladarlo a la fiscalía, en cumplimiento de sus funciones como policía judicial».
Los hechos denunciados fueron una corta abusiva a finales de 2020 en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca y la destrucción de hábitats protegidos. Pero el entonces Delegado de Desarrollo Sostenible, Rodrigo Molina así como el anterior director de Medio Natural y Biodiversidad Félix Romero, afirma Ecologistas en Acción, «negaron los hechos y se pusieron del lado de los investigados. Posteriormente Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha se personó, por lo que conoce todas las diligencias realizadas. Este asunto está judicializado a la espera de la decisión de su archivo o apertura de juicio oral», subrayan.
Ecologistas en Acción CLM ha instado a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a que «elimine la instrucción que impide a los Agentes Medioambientales cumplir de forma plena con sus funciones de Policía Medioambiental y que ponga orden dentro de su Consejería para que se cumpla de forma plena con la Ley y los requerimientos de los órganos judiciales». Asimismo, le invita «a incline más la balanza de sus preocupaciones hacia proteger el medio ambiente, denegando autorizaciones a proyectos manifiestamente dañinos, que ante su inoperancia, acaban necesitando el amparo de los tribunales, como ha pasado con la reciente sentencia de Torrejoncillo del Rey».
