Quizá lo explique mi ingenuidad congénita, pero uno tiene la impresión de que las administraciones públicas de Francia, Alemania o Inglaterra funcionan mucho mejor que las de España. Eso sí, en nuestro país las normas administrativas, por no hablar de las de mayor rango, son tan profusas como abstrusas. Los avances informáticos, que, sin duda, acabarán sirviendo para desenredar esta madeja, no impiden hoy, por ejemplo, que si alguien acude a la ventanilla de un municipio para presentar una instancia con el fin de reclamar un derecho o concursar se le exija que adjunte un certificado de residencia, cuya obtención se otorga en otra oficina del mismo municipio. Pese a existir una ley que prohíbe a cualquier administración estas exigencias, todas las administraciones españolas –todas- se pasan esa ley por la entrepierna.
La obtención de una licencia de obras, de apertura de un negocio u otra cualquiera, se convierte en un viacrucis en el que brilla con luz propia el título de Larra, escrito ya en el siglo XIX precisamente con este propósito: Vuelva usted mañana.
Aun siendo grave este destrozo, es mayor aquél, derivado de esta incuria administrativa, que se concreta en corrupciones varias, permanentes, que, por formar parte del paisaje, nunca se ven reflejadas en los medios, con la excepción puntual y anecdótica del jefe de redacción cazado, por el azar o la necesidad, en una de esas trampas burocráticas y que se desahoga –él, que sí puede- con un suelto. Es una corrupción tenaz, dispersa y extendida como mancha de aceite por encima y por debajo de los expedientes atados con las indestructibles cintas de balduque. Un ejemplo:
Si una persona desea abrir un bar en Madrid, y siempre que el lugar no esté declarado como protegido (en este caso el calvario es mayor), ha de solicitar sucesivamente tres licencias. A saber: de obras, para adecuar el local, de actividades, para que se le autorice en concreto su negocio (bar, mercería o lo que sea) y de funcionamiento. Esta última licencia, la de funcionamiento, no la otorga la Junta de Distrito sino que la otorgan, de consuno, ésta y Protección Civil. Y este último dato no es baladí, pues hace ya tiempo que el Ayuntamiento quiso aliviar el calvario y creó una licencia única, que, como suele ocurrir con todo lo único en la administración (la ventanilla única y otros intentos parecidos), se convirtió, por mor de la lógica burocrática, en una instancia más. Así, si al lector le sobran tiempo y ganas puede dirigirse a una Junta Municipal madrileña y preguntar allí qué le conviene más: solicitar la única o las tres tradicionales. Le contestarán, sin engañarle, que es mejor el trino. Este misterio de la Trinidad (uno y trino) conduce, como bien se ve, a que sólo el 14% de los locales abiertos al público en Madrid gocen de estatus legal.
Lo más curioso y enervante de esta significativa historia radica en que la norma (en este caso una ordenanza) le marca a la Administración unos plazos estrictos y relativamente cortos para conceder o denegar la solicitud. Poco importa. El truco está en que la solicitud no se acepta hasta que se ha comprobado que todo está sobradamente en regla.
Tener a todo dios en la ilegalidad significa vivir en el reino de la arbitrariedad. Mas los fallos burocrático-administrativos no afectan tan sólo a la crónica municipal y espesa, alcanzan a todos los niveles de la Administración y el atraso en el que nos movemos lo es organizativo, pues nadie se plantea introducir reformas, exigencias, mejoras y eficiencia. ¿Por qué?
Porque es difícil y arriesgado, porque, además, no suministra lustre mediático alguno. “Para cuatro días que voy a estar de Ministro (o de Consejero o de Concejal…) no merece la pena meterse en dibujos que, de tener éxito, éste se percibirá dentro de años”. Esto es lo que piensan muchos de los que nos gobiernan. Un pensamiento miserable, es cierto, pero también pragmático.
A este propósito, tras una larga experiencia he llegado a algunas conclusiones que brindo gratuitamente a quienes quieran utilizarlas en el campo de la Ciencia de la Administración. Aquí van dos: 1. Cuanto más se reclama una competencia menor es la intención que se tiene de ejercerla y 2. Las batallas por las competencias suelen ser batallas entre incompetentes.
España, en fin, se halla sometida a esa modernez de la política mediática y publicitaria, que es cada vez menos política, más conformista, menos arriesgada. Ella navega al pairo, costeando sin grandes aventuras, pero sin aliento ni ambición.
