En España son contados los casos en los que la Iglesia ha sido señalada como responsable civil subsidiaria por los tribunales. Las indemnizaciones a los afectados van de los 30.000 a los 50.000 euros. En Estados Unidos varias archidiócesis se han declarado en bancarrota para hacer frente a estos pagos.
Los escándalos de los abusos a menores en el seno de la Iglesia Católica no han afectado sólo a la moral de sus feligreses sino también a sus bolsillos. El último caso conocido ha sido el de los Romanones en Granada, pero ya son varios los arzobispados que han tenido que hacer frente a sanciones económicas por su responsabilidad civil en los hechos.
A los delitos penales imputados a los sacerdotes, se suman en estos casos la vinculación de las diócesis por culpas in eligendo e in vigilando, es decir, por la falta de control ante los abusos cometido en parroquias bajo su jurisprudencia.
Como responsable civil subsidiaria, la Iglesia sólo tiene que hacer frente a estos pagos cuando los sacerdotes implicados se declaran insolventes. Por el momento, en España existen más de media decena de casos en los que el arzobispado ha tenido que encargarse de las indemnizaciones a los afectados, cuya cuantía varía entre los 30.000 y los 50.000 euros.
Entre las causas abiertas y las sentencias ya confirmadas, la Iglesia española acumula ya más de medio millón de euros en concepto de indemnizaciones a las víctimas. La suma entre las sanciones firmes y los procesos todavía abiertos incluye a Granada (50.000), Madrid (30.000), Valencia (58.000), Mallorca (100.000), Zaragoza (105.000) y Barcelona (120.000), teniendo en cuenta que el importe de estas cuantías sólo se abona si el imputado por el delito se declara insolvente.
El de España es un caso aislado en comparación con otros países como Colombia, donde se condenó por primera vez a la Iglesia como responsable civil directa de los abusos y se le obligó a pagar 245.000 euros, o Estados Unidos, donde algunas archidiócesis han tenido que declararse en bancarrota para pagar sanciones por más de 50 millones de euros.
Los casos más polémicos
Granada
La Audiencia de Granada decidió finalmente abrir juicio oral contra el cabecilla del clan de los Romanones, Román Martínez, ante el hallazgo de “indicios racionales” de abusos sexuales continuados entre 2004 y 2007 a un joven feligrés de su parroquia.
En este caso se abrió un procedimiento civil que llegó a tener hasta doce imputados, nueve sacerdotes más y dos laicos cuyos delitos se consideraron finalmente prescritos.
En la fase de instrucción, el juez Antonio Moreno decidió llamar al Arzobispado de Granada, el cual se personó con abogado y procurador, como posible responsable civil subsidiario en el proceso. El tribunal le dio tres días para presentarse en la causa y pagar una fianza de 50.000 euros como garantía de las indemnizaciones si el padre Román se declarara insolvente.
Recientemente, la Sección Segunda de la Audiencia ha confirmado la resolución que en enero dictó el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, dando por concluido el sumario del caso y abriendo oficialmente la fase oral del proceso.
Madrid
Otra diócesis que se vio envuelta en diferentes casos de abusos a menores fue la de Madrid. El más polémico tuvo lugar en la etapa de Rouco Varela como titular de dicha circunscripción y su responsabilidad consistió en ocultar dichos abusos y trasladar al cura en diferentes ocasiones de parroquia.
Los hechos sucedieron en una comunidad del barrio madrileño de Aluche. El cura fue condenado a dos años de cárcel por abusar de un menor de 12 años entre 1999 y 2001. El Arzobispado de Madrid tuvo que hacer frente a una indemnización de 30.000 euros como responsable civil subsidiario.
Valencia
Un juzgado de Alzira (Valencia) condenó a un párroco de la comarca de La Ribera a cinco años de prisión por abusar sexualmente de dos menores, de 13 y 14 años, en una sentencia que considera al Arzobispado de Valencia responsable civil subsidiario.
La sentencia se hizo pública en 2013 y obligó a indemnizar a los menores con 30.000 y 28.000 euros, respectivamente. El tribunal también consideró al párroco penalmente responsable por un delito de exhibición de material pornográfico a un menor de edad.
Las millonarias indemnizaciones en EEUU
Las denuncias contra el clero por estos delitos son mucho más numerosas en Estados Unidos que en España. Una decena de archidiócesis se han visto avocadas a declararse en bancarrota para hacer frente a las indemnizaciones compensatorias de las víctimas.
El último caso es el de la Archidiócesis de Saint Paul y Minneapolis, cuya responsabilidad en las más de 21 demandas presentadas por abusos a menores –aunque se prevén unas cien denuncias potenciales en esta comunidad – asciende a los 58.489.925 millones de euros.
En Estados Unidos las demandas son más multitudinarias –en Los Ángeles se llegó a registrar un mismo caso con 508 denuncias-, lo que incrementa notablemente el coste de las indemnizaciones y lleva a muchas diócesis a declararse en quiebra.
