La actualización de la Directiva sobre fuentes de energía renovables, ya acordada entre los eurodiputados y el Consejo, eleva la cuota de energías renovables en el consumo final de energía de la UE al 42,5% para 2030, aunque los Estados miembros deben esforzarse por alcanzar el 45%.
La legislación también acelerará los procedimientos para conceder permisos para nuevas centrales de energía renovable, como paneles solares o aerogeneradores, o para adaptar las existentes. Las autoridades nacionales no deben tardar más de doce meses en aprobar nuevas instalaciones de energía renovable si están situadas en unas «zonas propicias para las renovables». Fuera de estas zonas, el proceso no debe rebasar los veinticuatro meses.
En el sector del transporte, la implantación de las energías renovables debe reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 14,5% de aquí a 2030, utilizando más biocombustibles avanzados y una cuota más ambiciosa de combustibles renovables de origen no biológico (como el hidrógeno).
Los eurodiputados también se han asegurado de que los Estados miembros fijen un objetivo indicativo para las tecnologías innovadoras de energías renovables de al menos el 5% de la nueva capacidad instalada de energías renovables, así como un marco vinculante para los proyectos transfronterizos en materia de energía. Han defendido unos criterios más estrictos sobre el uso de biomasa para garantizar que la UE no subvencione prácticas no sostenibles. El aprovechamiento de biomasa debe realizarse de manera que se evite un efecto negativo sobre la calidad del suelo y la biodiversidad.
El ponente Markus Pieper (PPE, Alemania) explica que se elevan los objetivos de uso de renovables «como parte de nuestra estrategia por lograr más independencia energética y reducción de CO2. Esta directiva es la prueba de que Bruselas es capaz de no enredarse en la burocracia y actuar con pragmatismo. Hemos designado las renovables como interés público superior, para optimizar los procedimientos de aprobación. Ponemos el énfasis en la energía eólica, la fotovoltaica, la energía hidráulica, la geotérmica y el flujo de mareas. La biomasa procedente de madera seguirá siendo considerada energía renovable. En línea con el principio de silencio administrativo positivo, las inversiones se darán por aprobadas en ausencia de respuesta de la administración. Ahora urge diseñar un mercado eléctrico adecuado y cambiar de inmediato al hidrógeno para una transición todavía más verde».
El origen de dicha revisión legislativa se deriva del paquete «Objetivo 55», que adapta la legislación vigente en materia de clima y energía para cumplir con el nuevo objetivo de la UE de reducir al menos el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de aquí a 2030 (Directiva sobre fuentes de energía renovables III). Los objetivos propuestos también se plantearon en el marco de REpowerEU, cuyo objetivo es reducir la dependencia europea de las importaciones de combustibles fósiles procedentes de Rusia, tras su agresión contra Ucrania. Esta legislación también introduce nuevas medidas destinadas a acortar el procedimiento de autorización para la implantación de energías renovables.