En España, las grandes empresas, banca incluida, están sometidas por la Ley 11/2018 a la divulgación de información no financiera en materia ambiental. No sólo en lo referente a los impactos de su actividad en el cambio climático, sino en todo lo relacionado con el medioambiente, como es la protección de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos o la contaminación, entre otras cuestiones.
Sin embargo, «los principales bancos españoles persisten en incumplir esta exigencia de transparencia al centrarse fundamentalmente en el cambio climático y con déficits». Es una de las conclusiones del estudio «La banca española y el reporte de cuestiones ambientales: Análisis de los Estados de Información no Financiera 2022«, elaborado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA).
El estudio se centra concretamente en el análisis de la información divulgada por seis entidades bancarias para el ejercicio de 2022. Se trata del cuarto informe de estas características presentado por el Instituto, que lleva desde 2019 estudiando este tema en profundidad y presentando sus resultados con periodicidad anual.
En 2022 —casi cinco años después de la entrada en vigor de la normativa—, aunque se observa una cierta tendencia a la mejora con respecto a anteriores ejercicios, la información divulgada continúa siendo insuficiente para conocer la exposición de estos bancos a los riesgos climáticos y, sobre todo, para comprender cómo gestionan los impactos adversos de su actividad en el medioambiente.
«Teniendo en cuenta su papel clave para la descarbonización de la economía, es necesario que las instituciones financieras cumplan con los requisitos de la legislación ambiental vigente; más aún con la reciente adopción de la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad que entrará en vigor en 2025, la cual es aún más exigente”, señala la directora del IIDMA y coautora del informe, Ana Barreira.
El estudio analiza varias cuestiones. Por un lado, la aplicación del marco legal vigente en materia de divulgación no financiera en España. Por otro, los datos concretos divulgados como son las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) atribuibles a la actividad financiera de la banca, las metas voluntarias de descarbonización para reducir dichas emisiones o las medidas implementadas para alcanzar las metas. Además, examina la gestión de los riesgos climáticos vinculados a la actividad financiera de la banca, así como su impacto en la biodiversidad.
Así, en lo referente a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) atribuibles a la actividad financiera de la banca, se observa una mejora generalizada en la calidad de la información difundida. Sin embargo, es llamativa la escasez de información en cuanto a la divulgación de metas voluntarias de reducción de las emisiones de carbono en algunos sectores a medio plazo o en cuanto a los impactos negativos que su actividad tiene en la biodiversidad.
“La banca no puede escudarse en la falta de métricas cuando desde hace más de tres décadas se viene desarrollando regulación; las métricas son útiles, pero siempre y cuando se respete la legislación que es vinculante en un Estado de derecho y donde la banca ejerce su actividad”, indica Barreira.
Recomendaciones
La lucha contra el aumento de la temperatura del planeta requiere la transformación estructural del sistema financiero y de sus estructuras y procesos, con la participación de gobiernos, bancos centrales, bancos comerciales, inversores institucionales y otros actores. A través de su actividad financiera, la banca comercial tiene un papel fundamental en la descarbonización de la economía: las compañías activas en sectores económicos intensivos en carbono, como son los sectores de la energía, de la industria y del transporte, dependen de su apoyo para desarrollar sus actividades. En consecuencia, es necesario que la banca deje financiar proyectos cuyas emisiones de GEI resulten incompatibles con la consecución de los objetivos del Acuerdo de París.
Por tanto, con el objeto de que la banca española cumpla con los requisitos de la Ley 11/2018 en relación con la divulgación de información ambiental, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha hecho una serie de recomendaciones al sector, como ampliar la información divulgada con respecto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que financia; divulgar datos sobre los impactos concretos de las medidas implementadas para reducir las emisiones de GEI procedentes de su actividad financiera; utilizar los indicadores clave de resultados (KPI) publicados en el Suplemento Clima de la Comisión Europea de junio de 2019 para mejorar la comparabilidad de la información climática divulgada, y divulgar datos pertinentes y comparables en relación a los impactos adversos de su actividad financiera en la biodiversidad y el medioambiente, así como las medidas implementadas para reducir estos impactos.
