El gobierno hizo público el pasado mes de junio el borrador para la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Una actualización que, según Ecologistas en Acción, «incrementa los objetivos de reducción de las emisiones, pero aún se queda muy corta en cumplir con las indicaciones científicas que muestran la necesidad de alcanzar, al menos, una reducción del 55% de las emisiones en 2030». Por ello, han anunciado «movilizaciones climáticas», como la prevista el próximo 15 de septiembre. Estas manifestaciones -dicen- señalarán «lo lejos que se está de poner fin a los combustibles fósiles de una forma rápida, justa y definitiva».
La organización ecologista ha enviado al Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico «numerosas consideraciones a esta actualización». Una de ellas -explican- es la necesidad de incorporar un incremento en la reducción de las emisiones, mayores objetivos de reducción del consumo energético y una planificación más detallada sobre los sectores llamados al cierre, la disponibilidad de materiales y energía para los distintos usos que se pretenden sustituir.
Más participación ciudadana
Para Ecologistas en Acción, «el impulso de la sustitución de fuentes de energía fósil por otras fuentes renovables no puede repetir los errores del sistema económico que ha llevado a la actual situación de crisis planetaria». Argumentan que «hay que poner a la ciudadanía en el centro frente a los negocios macroeconómicos y el beneficio empresarial. Una gran cantidad de organizaciones han señalado la ausencia de un proceso de participación más amplio para la elaboración del PNIEC. La participación ciudadana debe aumentar».
Las alegaciones presentadas valoran las nuevas medidas incorporadas a esta planificación, algunas de ellas destinadas a reducir los efectos negativos que la transición energética está teniendo. Pero «estas medidas sociales aparecen como aspiraciones». Por esta razón la organización ha vuelto a trasladar sus propuestas de planificación en el desarrollo de las renovables, de reforma del mercado energético, de tarifa social y térmica y de rescate energético. Sin embargo, «no sólo hace falta impulsar nuevas medidas, tecnologías o nuevos sectores laborales, sino modificar normas como la reducción de los tiempos de participación en la tramitación de las energías renovables previstos en el RDL20/2022, proceder al cierre inmediato de las centrales nucleares, de ciclo combinado o dejar de seguir financiando proyectos inviables como el H2Med, el corredor ibérico del hidrógeno, la burbuja de las regasificadoras como la del Musel o las interconexiones eléctricas innecesarias».
Ecologistas en Acción vuelve a denunciar que «la apuesta por convertir el territorio en un gran exportador de energía es una temeridad por los enormes costos ambientales y sociales que conllevaría. Así, pasar de un saldo netamente importador en 2020 a un saldo exportador de casi 50 TWh de energía eléctrica, o las ingentes cantidades de hidrógeno para exportación anunciadas para 2030, conllevan un incremento sustancial en la ocupación del territorio, el incremento de impactos ambientales y sociales, además de costes de infraestructuras asumidos por toda la población». Un sobredimensionamiento -indican- «que, de nuevo, antepone los intereses empresariales y de grandes fondos de inversión internacional a la urgencia de dimensionar un sistema energético renovable que sea sostenible a largo plazo».
La organización ecologista vuelve a señalar que muchas de estas propuestas distraen de las transformaciones necesarias. Mientras tanto, se agota el tiempo y los recursos disponibles para desarrollar un sistema energético justo social y ambientalmente.
Además, apunta Ecologistas en Acción, que «la mayor parte de las emisiones en el Estado español las origina al transporte, un sector que precisa medidas estructurales que sean capaces de reducir el excesivo uso del vehículo privado, hacia un sistema basado en el transporte público y una menor demanda energética para el transporte individualizado. En ese sentido, en este proceso de consultas se han transmitido numerosas medidas, entre ellas ampliar y reforzar las zonas de bajas emisiones, paralizar las ampliaciones de puertos y aeropuertos, prohibir los vuelos de corta distancia o impulsar un transporte ferroviario de personas y mercancías que sustituya desplazamientos más emisores».
Esta actualización deberá someterse en los próximos meses a una Evaluación Ambiental Estratégica, como sucedió con la versión anterior. Ecologistas en Acción apunta a que este trámite debe considerar «pormenorizadamente los impactos e introducir garantías ambientales y sociales que eviten la entrada de proyectos perjudiciales maquillados de verde». La organización ecologista insiste en que los eventos meteorológicos extremos ya han mostrado que «el coste de no actuar a tiempo es mucho más elevado que emprender las acciones necesarias. Acciones que tienen que llevar a una planificación más exhaustiva, capaz de cumplir las indicaciones científicas para limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC».
