Abinader tiene razón, la violencia de Haití sólo puede ser frenada por la comunidad internacional: RD ya cumplió con su responsabilidad de acogida humanitaria

El presidente dominicano, además de insistir en todos los foros internacionales a los que acude en que la situación de Haití sólo puede resolverse con la participación de la comunidad internacional, está garantizando que la violencia generada por el control de las bandas criminales no traspase la frontera. En la actualidad ya viven en territorio dominicano más del 10% de la población total del país vecino, manteniéndolo en términos sociales y con la intervención del presidente Abinader incluso con un nivel humano mucho más aceptable que en los anteriores gobiernos del PLD, más aún de los de Leonel Fernández y sus aliados, por lo que se podría afirmar que el país dominicano ya ha cumplido sobradamente con su responsabilidad humanitaria de acogida

Abinader

Nueva oleada de violencia en Haití. Durante la presente semana, las bandas criminales que controlan el país han asesinado a varios policías, lo que ha provocado una revuelta porque tanto los agentes del orden como la ciudadanía ya están hartos del descontrol y la violencia.

Los manifestantes, entre los que se encontraban varios policías, se dirigieron a la residencia del primer ministro de Haití y hacia el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture. El dirigente haitiano, Ariel Henry, regresaba de Buenos Aires, de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, por lo que no se encontraba en su residencia.

Además de ser uno de los países más pobres del mundo, Haití es en la actualidad un Estado fallido que, por mucho que tenga un gobierno, está controlado por bandas criminales que ya han llegado a colapsar el país en más de una ocasión. Haití vive realmente una de esas guerras encubiertas y ocultas al mundo que van escalando el nivel de violencia hasta que se llega a la destrucción total.

Sin embargo, la comunidad internacional no hace nada. Mira, contempla, pero no actúa a pesar de los llamamientos incesantes tanto del presidente de la República Dominicana como del secretario general de Naciones Unidas. Luis Abinader volvió a reclamar en la Cumbre de Argentina la intervención y la actuación inmediata de la comunidad internacional en Haití.

«Urgimos a que empiece a operar formalmente el comité de sanciones establecido en las resoluciones 2645 y 2653 del Consejo de Seguridad de la ONU, para que las medidas que unilateralmente han tomado algunos Estados puedan estar respaldadas por el marco vinculante del derecho internacional», reclamó Abinader.

Por otro lado, denunció que nadie ha respondido al llamamiento que hizo su gobierno para la creación de una fuerza militar que permita a la Policía de Haití poder enfrentarse en mejores condiciones a las bandas criminales que controlan el país a través de la violencia. «Sin esa ayuda, podemos estar seguros de que seguiremos lamentándonos de los sufrimientos que aquejan a Haití».

Los asesinatos de policías por parte de las bandas criminales son hechos palpables, incuestionables, que dan la razón a Luis Abinader y que demuestran que es la comunidad internacional la que está permitiendo con su pasividad que la violencia extrema profundice en la situación de pobreza y en el desgobierno que vive Haití.

¿Qué han hecho las principales potencias tras los últimos acontecimientos? Palabrería absurda y vacía. Condenas que se quedan ahí si no van acompañadas de acción inmediata. La Embajada de Estados Unidos escribió a través de sus redes sociales que el país norteamericano ofrecía «sus condolencias a las familias y amigos de los valientes agentes de la PNH asesinados en el cumplimiento de su deber y llama a la calma para proteger a la población y permitir un período de luto pacífico». En un segundo tuit señalaban que «nos unimos a las fuerzas de seguridad en su lucha contra las bandas armadas para restaurar la seguridad del pueblo haitiano». Nada más, ni un solo movimiento de cara a pasar a la acción.

La reacción del gobierno dominicano fue expuesta por el portavoz de la Presidencia, Homero Figueroa, quien no ocultó la preocupación por los acontecimientos en Haití y aseguró a la ciudadanía que se tomarían las «medidas necesarias para mantener la seguridad y la paz en nuestra frontera y nuestro territorio».

Luis Abinader, en la problemática de Haití, está demostrando su responsabilidad tanto en los ámbitos internacionales como en el cumplimiento de su obligación para proteger a su pueblo. Por eso, protege la frontera con unas fuerzas especiales y perfectamente adiestradas, bajo el liderazgo del ministro de Defensa, el teniente general Carlos Díaz Morfa. Eso sí, no se trata sólo de defender, sino de hacerlo respetando los derechos fundamentales tanto de los dominicanos como de los haitianos.

República Dominicana no puede resolver ella sola, sin la ayuda de la comunidad internacional, la situación de Haití. En la actualidad ya viven en territorio dominicano más del 10% de la población total del país vecino, manteniéndolo en términos sociales y con la intervención del presidente Abinader incluso con un nivel humano mucho más aceptable que en los anteriores gobiernos del PLD, más aún de los de Leonel Fernández y sus aliados, por lo que se podría afirmar que el país dominicano ya ha cumplido sobradamente con su responsabilidad humanitaria de acogida.

Los haitianos que viven en República Dominicana tienen derecho a la sanidad, educación y trabajo legalmente digno, entre otras cuestiones. Esto demuestra el perfil humanitario en favor de ese colectivo que ha sido acogido y aceptado. A esto hay que sumar la consideración por parte del gobierno de Abinader de las situaciones sociales y laborales en las que, en algunos casos, estaban viviendo los haitianos en algunos centros de trabajo, fundamentalmente, de la agricultura y la construcción, dando paso al respeto de sus derechos fundamentales.

El presidente Luis Abinader ha demostrado ser un mandatario que coloca las infraestructuras de las humanidades un paso nunca por detrás de las infraestructuras de la economía. Eso también se hace, velando por los derechos fundamentales del pueblo dominicano y su diáspora.

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