En los años 90 del siglo XX se buscaban alternativas al declive del mercurio, por lo que se decidió la reconversión de Mayasa, empresa pública explotadora de las minas de Almadén, en gestora de residuos tóxicos, para mantener algunos de los clientes «a cambio de ocuparse de sus desechos» con el resultado de que los residuos de mercurio se acumularon en grandes cantidades al aire libre.
En un artículo aparecido en la edición impresa del diario El País del 5 de julio de 1990 se dijo que «8.800 toneladas de residuos tóxicos de mercurio están a la intemperie junto a las instalaciones que la empresa estatal Minas de Almadén y Arrayanes posee en Ciudad Real, a la espera de que se autorice la construcción de un depósito. La empresa importó, entre 1981 y 1987, con el permiso de la Dirección General de Aduanas, 11.700 toneladas de esos residuos procedentes de empresas químicas europeas, a cambio de mantener el depauperado negocio del mercurio. Minas de Almadén construyó una planta de reciclaje de esos desechos, pero fallaron las previsiones y su capacidad se desbordó».
Tras denunciarse públicamente la negligente gestión, Mayasa decidió construir una planta incineradora, lo que generó una campaña en contra del los Colectivos Ecologistas del Valle de Alcudia y Cabañeros junto a Greenpeace. Esta campaña consiguió que se hiciera de urgencia un enorme vertedero «controlado» en una de las fincas de Mayasa, el Quinto del Hierro, con unas condiciones que, desde su inicio se sospechó que no eran las correctas. Greenpeace afirma en su Informe Almadén que consiste en «un agujero en la tierra revestido únicamente de polietileno para contener las fugas». Además confirmaron la presencia en los residuos de otros compuestos altamente tóxicos como la antraquinona, compuestos orgánicos de mercurio y compuestos organoclorados como el octacloroestireno.
Un hecho que recuerda la peligrosidad de este mineral es que una persona que estuvo recogiendo los residuos y transportándolos al vertedero murió con graves enfermedades. En la misma finca del vertedero está la mina del Entredicho con la corta llena de agua de la que se abastece una granja de terneras de la COVAP que acaban en Mercadona. Según análisis del SEPRONA el mercurio en el agua no supera los niveles permitidos, pero beberla es como mínimo una imprudencia temeraria.
En el siglo XXI, se tuvo que construir un depósito para el mercurio, que tenía que volver obligatoriamente a su origen, lo que se hizo en las naves de la última mina en activo, Las Cuevas, en la carretera de Saceruela, en medio del campo a unos 10 km de Almadén.
La Autorización Ambiental Integrada (AAI) del almacén fue concedida por la Junta de Castilla-La Mancha en 2015 junto a un presupuesto de 3 millones de euros para su construcción y el tratamiento de 5.700 toneladas de mercurio. La capacidad total de almacenamiento de la planta es de 166,500 litros o / 2220 Tn de mercurio.
Coincidiendo con la entrada en vigor el 16 de agosto de 2017 del Convenio de Minamata sobre el mercurio, se publicó el Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre el mercurio, que «exige que sus residuos se sometan antes de su eliminación permanente a unas operaciones de tratamiento específicas, como su transformación y, cuando se prevea su eliminación permanente en instalaciones de superficie, su transformación y solidificación».
En 2017 se decidió la construcción de una planta de tratamiento de residuos de mercurio. Esta planta pretendía solidificar mercurio mezclándolo con azufre para formar sulfuro de mercurio que es la sustancia que forma el cinabrio, el mineral que se encuentra en la naturaleza, con la intención de depositarlo en un vertedero de residuos peligrosos, tras su solidificación. Nunca se ha desvelado cual es el vertedero definitivo, pues no existe tal instalación en Castilla-La Mancha: «podrían estar pensando en la mina subterránea de las Cuevas en cuya puerta se localiza el almacén, o el antiguo vertedero de los años 90».
En 2018, Ecologistas en Acción presentó alegaciones al proyecto de almacén de productos químicos de la planta de tratamiento con el que se pretendía legalizar la planta completa, «posiblemente carente de los estudios previos y del procedimiento administrativo» y luego, aprovechando una modificación de la Autorización Ambiental Integrada la organización estudió las emisiones del proyecto de la planta de solidificación, pues la reacción química entre el mercurio y el azufre genera calor y emisiones gaseosas de una parte del mercurio, y se reunió con Mayasa para discutir el tema.
Ese mismo año, se produjo un accidente en la planta durante las primeras pruebas de funcionamiento. Dicen los ecologistas que se enteraron por unos vecinos que pasaban por allí que incluso vieron acudir a los bomberos, pero Mayasa y la Junta lo desmintieron, aunque luego apareció reflejado en la Resolución de 02/07/2019 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, que decía que «las operaciones de transformación del mercurio aún no han comenzado debido a fallos en uno de los reactores». Finalmente, el proyecto de solidificación fracasó y la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha «culpa a la consultora encargada de la ingeniería del proyecto, con la que existe actualmente un litigio judicial».
En 2019, Ecologistas en Acción comenzó a pedir los permisos al ayuntamiento «ya que creemos que existen irregularidades urbanísticas en la tramitación del almacén y de la planta de tratamiento. Lo hemos hecho varias veces y, aunque se aprobó en un pleno municipal, no nos los han dado». Como asociación legalmente constituida y dedicada a la defensa de la naturaleza, considera que «que se nos debe declarar parte interesada en este asunto y tener derecho a conocer el expediente completo que, hasta la fecha se nos ha negado sistemáticamente». Esta es la razón por la que, a principios de 2024, han interpuesto un contencioso administrativo al ayuntamiento de Almadén, «para que nos entregue las licencias municipales (de obras, actividad o cualquier otra) que se hayan otorgado a la entidad Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. en relación a las instalaciones situadas en parcela catastral 36 del polígono 3, en el paraje denominado “Las Cuevas” de este término municipal, carretera CM 415, punto kilométrico 35,7.
Ante esta situación de falta de un método de tratamiento previo al vertedero se han permitido hasta el momento dos ampliaciones del periodo de almacenamiento establecido el Reglamento (UE) 2017/852 sobre el mercurio. La primera se hizo mediante una modificación de la Autorización Ambiental Integrada que autorizó el almacenamiento hasta enero de 2023 y recientemente se ha vuelto a prorrogar hasta enero de 2026 por el Reglamento Delegado (UE) 2022/2526 de la Comisión, cambiando los reglamentos europeos «a instancias de los Estados miembros por parte de la Comisión Europea sin pasar por el Parlamento (la misma estrategia utilizada para modificar las leyes de migración y asilo)». En este Reglamento Delegado se dice que «la información comunicada por los Estados miembros en mayo de 2022 indicaba que seguían temporalmente almacenadas en la Unión más de 2.000 toneladas de residuos de mercurio líquido, lo que se puede interpretar como que la planta de Almadén está llena y no se sabe qué hacer con el mercurio», apunta la organización.
En febrero de este año ha solicitado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una reunión para conocer el estado de la planta y los planes de gestión de los residuos de mercurio y tener acceso al expediente, pero aún no han obtenido repsuesta.
El objetivo es que el gobierno de Castilla-La Mancha se comprometa a gestionar correctamente el mercurio, a rehabilitar y descontaminar los suelos y el agua de la comarca de Almadén y Almadenejos. Un programa de rehabilitación serio, económicamente viable, que crearía más puestos de trabajo y ofrecería un futuro más sano y prometedor.
