La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado recientemente un expediente sancionador contra Ecoembalajes España S.A. (Ecoembes) por supuestas prácticas contrarias a la libre competencia. Este hecho «no ha supuesto ninguna sorpresa para las organizaciones ecologistas» que valoran muy positivamente «que de una vez se ponga cerco a Ecoembes, que viene abusando de su posición de monopolio efectivo desde hace una veintena de años». Según Alianza Residuo Cero Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Sufrider, a diferencia de otros países europeos, como Alemania, donde hay diez, o Portugal, donde hay tres, «Ecoembes es el único sistema SCRAP en el sector de los envases domésticos. Esto, junto a la poca diligencia de los organismos reguladores en el control de sus actividades, ha supuesto una rémora para el reciclaje en España, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo”.
Prácticas irregulares
Las prácticas irregulares que la CNMC va a investigar se centran en el procedimiento arbitrario de subastas del material recuperador en las 93 plantas de selección de envases ligeros, ya que no garantizan “la transparencia, ni la trazabilidad e integridad de las ofertas presentadas”. Además, se sospecha que Ecoembes “ha establecido barreras de acceso a empresas para participar y resultar adjudicatarias en dichas subastas». Barreras que, según la CNMC, no estarían justificadas ni por «razones técnicas, ni medioambientales, ni económicas”.
Las 93 plantas de clasificación de envases ligeros entregan los materiales recuperados a Ecoembes, que licita las subastas para que las empresas recicladoras compren los diversos materiales para su reciclado a cambio de una contraprestación económica. Hay 429 plantas recicladoras autorizadas por las CC.AA. y homologadas por Ecoembes y ese procedimiento ha carecido de la necesaria transparencia, según la CNMC desde 2004.
Sueldos estratosféricos y poder omnímodo
«Ecoembes, que por ley es una sociedad anónima sin ánimo de lucro, a pesar de los sueldos estratosféricos de sus responsables, ejerce un poder omnímodo en la gestión de los envases domésticos y de la información que se genera a su respecto. Además, invierte buena parte de sus ingresos en un intenso trabajo de lobby contra las normativas que intentan mejorar esa gestión para que sea más sostenible, como el aumento de cuotas de los envases reutilizables y la implantación de un Sistema de Depósito», denuncian las entidades de la sociedad civil.
Dicen que esta labor «de poner trabas a las regulaciones más ambiciosas, junto a diversas patronales de la industria de los envases de un solo uso, ha fructificado recientemente en el dictamen de la Comisión Europea sobre el proyecto de Real Decreto de envases que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica». Cabe recordar que ese dictamen ha puesto serias objeciones a los puntos más innovadores y ambiciosos de la normativa, como la prohibición de sustancias tóxicas como el Bisfenol-A y los Ftalatos en los envases o la mejora del sistema de responsabilidad ampliada del productor para que sea más exigente, por ejemplo.
