Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que juzgaron el ‘procés’ han rechazado conceder la amnistía por malversación al exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y a otros condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. En la misma línea, el juez instructor, Pablo Llarena, ha decidido no perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y ha mantenido la orden de detención en su contra.
Decisión del Tribunal Supremo
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha tomado esta decisión después de examinar minuciosamente los informes presentados por las acusaciones —Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox— y por las defensas. Estos informes trataban sobre la posible aplicación de la amnistía a los delitos imputados a Junqueras y a los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.
El rechazo de la amnistía por parte del Tribunal Supremo implica que las condenas por malversación, derivadas del referéndum unilateral de independencia, permanecerán en vigor. Esta decisión subraya la postura del alto tribunal de no flexibilizar las penas asociadas a los delitos económicos cometidos durante el ‘procés’, destacando la gravedad con la que se consideran las acciones que afectaron el orden legal y financiero del Estado.
Pronunciamiento del juez Llarena
Por su parte, el juez instructor Pablo Llarena ha reafirmado su postura tras analizar las alegaciones de las acusaciones y de los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. En su análisis, Llarena ha concluido que no existen fundamentos suficientes para conceder la amnistía por malversación, insistiendo en la necesidad de mantener la integridad de las sentencias originales y la vigencia de las órdenes de detención internacionales.
A pesar de que la Fiscalía había informado favorablemente sobre la aplicación de la amnistía a los condenados y procesados del ‘procés’, argumentando que no hubo enriquecimiento patrimonial ni afectación a los intereses de la Unión Europea, el juez Llarena ha considerado que estos argumentos no son suficientes para justificar una medida de gracia que podría ser percibida como una erosión del principio de legalidad y justicia.
Implicaciones legales y políticas
El rechazo del Tribunal Supremo y del juez Llarena a conceder la amnistía por malversación tiene profundas implicaciones tanto legales como políticas. En el ámbito político, la negativa a conceder la amnistía probablemente exacerbará las tensiones entre el gobierno central y los sectores independentistas de Cataluña.
La postura del Supremo y del juez Llarena subraya la importancia de la independencia judicial y la aplicación estricta de la ley, evitando cualquier percepción de impunidad que pudiera derivarse de una amnistía. Esta firmeza en la aplicación de la justicia busca también disuadir futuros intentos de desobediencia civil que impliquen malversación de fondos públicos y otras acciones ilegales.
A pesar de las recomendaciones de la Fiscalía, el Supremo ha optado por una interpretación estricta de la ley, subrayando la gravedad de los delitos cometidos durante el referéndum del 1 de octubre. Esta decisión, cargada de implicaciones legales y políticas, destaca la independencia y la firmeza del poder judicial en España frente a uno de los desafíos más significativos de su reciente historia democrática.
