Cerca de 8.000 personas se han manifestado por la costa, desde la localidad de Loredo hasta el Mirador de Los Tranquilos, en Cantabria, para rechazar el macroproyecto que pretende construir 350 viviendas como segunda residencia y un campo de golf.
La manifestación ha sido convocada por la organización Cantabristas y apoyada por la Plataforma Iniciativa Cantabria Sostenible de la que forman parte 20 organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción Cantabria.
Según la organización, se trata de un aviso al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar de que «la sociedad cántabra no va a permanecer indiferente ante una nueva etapa de ocupación desmedida del litoral».
15 años de las 850 sentencias de derribo de construcciones ilegales
Desde la Plataforma Iniciativa Cantabria Sostenible no se explican que «a 39 años de la campaña en defensa de Oyambre, en la que la sociedad cántabra demandó un nuevo modelo que preservara definitivamente la costa de agresiones urbanísticas, a 32 años de los sucesos de la playa de la Arena, pasados 20 años de la aprobación del Plan de Ordenación del Litoral, y 15 años de las 850 sentencias de derribo de construcciones ilegales autorizadas por determinados políticos y gobiernos de Cantabria, ahora se pretenda construir 350 viviendas en la zona litoral entre Langre y Loredo, cientos en Comillas y San Vicente de la Barquera, además de llenar de viviendas unifamiliares dispersas las mieses y los prados de nuestros pueblos».
Cambios en la Ley del Suelo
El nuevo gobierno de Cantabria aprobó cambios en la Ley del Suelo que se introdujeron a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como «Ley de Acompañamiento», al aprobarse los presupuestos de este año en el Parlamento de Cantabria. Uno de los objetivos de estos cambios es autorizar la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico.
La advertencia del Gobierno central
El Gobierno de España ha advertido recientemente a Cantabria de que la reforma de la Ley del Suelo que ha sido aprobada con los votos del PP y PRC «es inconstitucional».
El Ministerio de Política Territorial, entre otras cuestiones, señala la inconstitucionalidad del apartado 13 del artículo 23 de la norma, que «permite determinados usos en suelo rústico prácticamente equivalentes a los permitidos en suelo urbanizable». El documento avisa de que todo ello «se permite hasta un límite verdaderamente amplio», como por ejemplo el de permitir un número de viviendas igual «al que ya existe en dicho suelo urbano (lo que significa que se puede duplicar el número de viviendas del municipio)».
