La Comisión ha comunicado previamente el nivel de los derechos compensatorios provisionales que impondría a las importaciones de vehículos eléctricos de batería procedentes del país asiático | Foto: Comisión Europea

Como parte de la investigación que está realizando, la Comisión Europea ha llegado provisionalmente a la conclusión de que la cadena de valor de los vehículos eléctricos de batería de China se beneficia de subvenciones desleales, lo que constituye una amenaza de perjuicio económico para los productores de tales vehículos de la UE. La investigación también ha examinado las posibles consecuencias y las repercusiones probables de las medidas en los importadores, los usuarios y los consumidores de vehículos eléctricos de batería en la UE.

Por consiguiente, la Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades chinas para debatir estas conclusiones y explorar posibles maneras de resolver los problemas detectados de una manera compatible con la OMC.

En este contexto, la Comisión ha comunicado previamente el nivel de los derechos compensatorios provisionales que impondría a las importaciones de vehículos eléctricos de batería procedentes de China. En caso de que las conversaciones con las autoridades chinas no condujesen a una solución eficaz, esos derechos compensatorios provisionales se introducirían a partir del 4 de julio mediante una garantía (en la forma que decidan las autoridades aduaneras de cada Estado miembro). Sólo se recaudarían si se impusieran derechos definitivos, y en el momento en que eso ocurriese.  

Los derechos individuales que la Comisión aplicaría a los tres productores chinos incluidos en la muestra serían de un 17,4% para BYD, un 20% para Geely y un 38,1% para SAIC. 

Otros productores chinos de vehículos eléctricos de batería que cooperaron en la investigación pero no fueron incluidos en la muestra estarían sujetos a un derecho medio ponderado del 21%.  Todos los demás productores chinos de vehículos eléctricos de batería que no cooperaron en la investigación estarían sujetos a un derecho residual del 38,1%. 

Procedimiento y siguientes etapas

El 4 de octubre de 2023, la Comisión inició formalmente una investigación antisubvenciones de oficio sobre las importaciones de vehículos eléctricos de batería originarios de China concebidos para el transporte de pasajeros. Cualquier investigación debe concluir en un plazo máximo de trece meses a partir de su inicio. La Comisión puede publicar los derechos compensatorios provisionales en un plazo de nueve meses desde la fecha de inicio (es decir, a más tardar, el 4 de julio). Las medidas definitivas deben imponerse en los cuatro meses siguientes a la imposición de los derechos provisionales.

Previa solicitud justificada, un productor chino de vehículos eléctricos de batería (Tesla) podría recibir un tipo de derecho calculado individualmente en la fase definitiva. Cualquier otra empresa que produzca en China, no haya sido incluida en la muestra final y desee que se investigue su situación particular puede solicitar una reconsideración urgente, de conformidad con el Reglamento antisubvenciones de base, justo después de la imposición de las medidas definitivas (es decir, trece meses después del inicio). El plazo para concluir dicha reconsideración es de nueve meses.  

Antes de imponer cualquier medida de ese tipo, se informa de los derechos provisionales previstos a todas las partes interesadas (incluidos los productores de la Unión, los importadores y exportadores y sus asociaciones representativas, los productores exportadores chinos y sus asociaciones representativas, y el país de origen o de exportación, en este caso, China) y a los Estados miembros de la UE, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Reglamento antisubvenciones de base de la UE. Esa información se publica también en el sitio web de la Comisión.  

Las empresas incluidas en la muestra han recibido información individual sobre los cálculos que les conciernen y tienen la posibilidad de formular observaciones sobre su exactitud. En caso de que esas posibles observaciones aportasen suficientes pruebas para contrarrestar los cálculos, la Comisión podría revisarlos con arreglo al Derecho de la UE.   

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