La ecotasa es un tipo de impuesto ambiental que se aplica en destinos turísticos y tiene el objetivo principal de mitigar el impacto negativo del turismo promoviendo, además, prácticas sostenibles con el territorio y quienes lo habitan. La recaudación de este impuesto se destina a proyectos locales de conservación ambiental, restauración de ecosistemas, mantenimiento y vigilancia de áreas protegidas y desarrollo de iniciativas turísticas sostenibles, entre otros.
Este impuesto es competencia directa del gobierno canario quien, según la organización Ben Magec–Ecologistas en Acción «lejos de obedecer las reclamaciones de la mayoría de la población, se niega sistemáticamente a aplicarlo». Entre sus motivos alegan «pérdida de competitividad del sector», negativa a «gravar con más impuestos la actividad turística» y el aviso de que «los turistas van a dejar de venir”.
Dicen los ecologistas que «si analizamos cada argumento encontraríamos razones de sobra para rebatirlos pero, centrándonos en el último de ellos, resulta llamativo teniendo en cuenta las cantidades que debería abonar el turista en su estancia; entre 0,50€ y 4€ por persona y noche».
La masificación de las islas y de sus espacios naturales abre noticiarios y está a la orden del día también en las redes sociales, donde la ciudadanía denuncia desesperadamente el deterioro continuo y la presión a la que están sometidos absolutamente todos los espacios de las islas, con o sin protección ambiental. Un deterioro del que no se libran, siquiera, los Parques Nacionales.
El aumento imparable e incontrolado del número de turistas «se une a la inacción y la incapacidad de las instituciones públicas, que no sólo no intensifican la vigilancia o imponen sanciones a quienes incumplen la normativa, sino que siguen negando el problema», denuncian, y tachando de «turismofobia» a quienes lo señalan y evitando tomar medidas que supongan cualquier mínima afección al empresariado turístico y su negocio en las islas. Una situación que «está llevándonos al colapso, con una destrucción sin límites de nuestro territorio, donde la población es quien está asumiendo y sufriendo directamente sus impactos mientras el lobby del turismo y la construcción se reparten beneficios millonarios», relatan.
En medio de esta problemática, y «no conformes con negar la necesidad de la ecotasa», el Gobierno de Canarias estaría jugando «a la confusión cambiándole el nombre por el de tasa turística, un impuesto municipal cuya recaudación se destina a la mejora de servicios e infraestructuras turísticas». En otras palabras, reprocha Ben Magec – Ecologistas en Acción, «recaudar dinero para seguir alimentando y financiando al sector turístico. Una medida insuficiente y poco realista encaminada a confundir a la población, generando la falsa creencia de que realmente están trabajando para regular los efectos del turismo».
La heroína de Mogán
Ponen como ejemplo a la alcaldesa del municipio grancanario de Mogán quien, «a modo de heroína, anunció la primera tasa turística municipal del Estado que se aplicará a partir de 2025. Un gravamen que, por supuesto, beneficiaría únicamente al turismo y al sector empresarial, destinando la recaudación a la mejora y mantenimiento de sus propios servicios». Alegan una «apropiación del discurso y de cómo no se tiene que hacer» y aclaran que la recaudación debe destinarse en beneficio del bien común, «a la mayoría de la población y al cuidado del territorio, nunca a un sector hiper subvencionado que no necesita más ayuda para sostenerse». Por eso, entienden que la implementación de la ecotasa serviría también para conseguir la corresponsabilidad del turista para salvaguardar el lugar que visita.
Medidas urgentes
Una ecotasa permitiría ingresar millones de euros anuales que ayudarían a combatir los efectos negativos de una industria absolutamente depredadora; conservación de espacios naturales, restauración de ecosistemas deteriorados, aumento de la vigilancia en espacios protegidos, financiación de proyectos relacionados con la protección y conservación del medio ambiente, etc. concluyen los ecologistas. En resumen, «que la industria responsable de la contaminación y la degradación ambiental asuma los costes asociados con la prevención, reducción y reparación de los daños causados».
Reconocen que la ecotasa no es la solución a los problemas y que debe ir acompañada de otras medidas encaminadas a frenar este deterioro sin límites que afecta a las personas y el territorio de las islas, como el decrecimiento turístico, una moratoria que frene la construcción de nuevas plazas de alojamiento y las nuevas licencias de vivienda vacacional.
Por todo ello, desde Ben Magec–Ecologistas en Acción exigen «a la clase política que deje de plegarse ante los intereses de los grandes empresarios de la industria turística y que tome medidas contundentes que establezcan límites y regulen esta actividad». A su juicio, ha llegado el momento de las «apuestas decididas por el decrecimiento turístico y por reestructurar nuestra economía, desde la justicia social y ambiental, poniendo la vida en el centro y garantizando el bienestar de las generaciones venideras en un contexto de alarmante emergencia climática».
